Estos días presenciamos cómo los resultados de las elecciones municipales se convierten en una lucha por el poder que obvia qué medidas se implementarán a lo largo del próximo mandato para garantizar a las personas una vida digna y la preservación de la biodiversidad que la hace posible. Desgraciadamente se ha continuado con la priorización del choque de bloques por encima de las necesidades de las personas.
Por todo ello, en un momento donde los grandes lobbies presionan en la dirección contraria, desde los movimientos sociales de la ciudad exigimos que se pongan en el centro las políticas sociales y las necesidades de las personas y el planeta.
Ante los abusos y ataques a la democracia de los poderes económicos, las persistentes desigualdades, el grave deterioro ambiental y la emergencia habitacional de la ciudad, se hace imprescindible abordar de forma inmediata las siguientes peticiones en la acción de gobierno en Barcelona:
Desigualdades y justicia social
- Debe mantenerse el compromiso con el plan decenal de inclusión, revisar, reforzar y ampliar los planes de barrios, reforzar las políticas públicas en sanidad, servicios sociales y educación, luchando contra la segregación escolar, desarrollando políticas de ocupación claramente orientadas a hacer frente a la precariedad y los bajos salarios, incorporando medidas urbanísticas que hagan frente a la gentrificación y la apropiación privada del espacio público.
- Exigimos garantizar el acceso universal a los suministros básicos, sea cual sea el nivel de renta de la familia o el régimen de tenencia de su vivienda. En este sentido, toda política municipal tendría que integrar la defensa y la aplicación en forma de sanciones de la Ley 24/2015, como norma que protege los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, debe consolidarse el enfoque de la pobreza energética desde una perspectiva de derechos, ampliando de este modo los recientemente creados Puntos de Asesoramiento Energético para que sean un servicio conocido y empleado por el conjunto de la ciudadanía y fomenten el empoderamiento colectivo. Igualmente, hay que avanzar de manera decidida hacia la soberanía energética, haciendo de Barcelona Energia un espacio de participación colectiva por un control democrático de la producción, distribución y consumo energético.
Emergencia climática y justicia ambiental
Es necesaria una visión global de la cuestión y abordar prioritariamente la emergencia climática donde las siguientes medidas son fundamentales:
- Hace falta un cambio en el modelo de movilidad, con una apuesta decidida por el transporte público: tranvía, metro, red de transporte en superficie con perspectiva metropolitana, puesta en marcha de una extensa red de parkings disuasorios, fomento del uso de la bicicleta y planificación de un urbanismo favorable a los peatones y de una extensa red de espacios verdes con la renaturalización de los ríos Llobregat y Besòs.
- Apostar por una política de transformación del modelo energético local. Con un operador municipal verde, que no participe de la incineración de residuos, con gobierno público-comunitario, que ejerza como verdadero agente de cambio, hacia una transición energética social y ambientalmente justa en la ciudad de Barcelona.
- Luchar contra los grandes contaminantes limitando al máximo el tráfico de vehículos movidos por energías fósiles, la llegada de cruceros, la generación de energía mediante incineración o centrales de ciclo combinado de gas o carbón.
- Una política de gestión de residuos orientada al residuo cero, implementación en toda la ciudad del sistema de recogida puerta a puerta con una fuerte limitación del uso de plásticos, fomento de envases retornables, reutilización, reciclaje y que elimine la incineración.
- Implementar la remunicipalización del agua de Barcelona y el Área Metropolitana, así como poner en marcha un espacio de concertación entre actores sociales e institucionales para velar por la gestión del agua como un bien común, el cumplimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento y la preservación de los ecosistemas que abastecen de agua a Barcelona y el Área Metropolitana. Tal como piden más de 250 entidades, algunas de 3er nivel, en el Compromiso por el Agua Pública y Democrática de la AMB*.
Emergencia habitacional, alquiler y turismo
- Políticas decididas para una transición en forma de decrecimiento turístico acompañadas de alternativas económicas más justas. Sustitución del consorcio público-privado Turismo de Barcelona por una agencia pública encargada de controlar y contener el sector. Ampliación de la zona 1 del actual plan de alojamientos turístico (PEUAT) a toda la ciudad, parando la concesión de licencias de cualquier tipo de alojamiento turístico en la ciudad y poniendo en marcha un proceso análogo en el ámbito metropolitano.
- Abordaje de las grandes infraestructuras de movilidad como factor fundamental de la turistificación; por ser puerto y aeropuerto competencias supra-municipales, hace falta un acuerdo de ciudad y un proceso de diálogo con el resto de administraciones para que sea la ciudad quien gestione estas infraestructuras. Cesión por parte de la Generalitat al Ayuntamiento de la gestión del 100% de la recaudación de la tasa turística para destinarla por ley a finalidades, como por ejemplo, el parque público de alquiler, a reforzar el tejido vecinal o la financiación del proceso de decrecimiento turístico.
- En política de vivienda es imprescindible el aumento del parque público de alquiler en cumplimiento de la medida del 30% y 15% de vivienda pública. Debe hacerse un cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015, así como ampliar la Bolsa de Alquiler y revisar las ayudas ofrecidas por la Administración. Hay que facilitar acuerdos de alquiler social ante problemáticas como la de las familias forzadas a ocupar, así como publicar datos del fenómeno.
- Para hacer frente a la emergencia debe modificarse el protocolo de acceso a la Mesa de emergencia y una reducción drástica de la lista de espera que actualmente supera los dos años. Debe acordarse el destino del realojo después del desahucio con antelación a la fecha de éste y evitar el uso de pensiones, que en ningún caso suponen una alternativa digna. Deben unificarse las visitas a Servicios Sociales y Habitatge para que exista una mesa única y no se dupliquen las funciones.
- Debe hacerse un seguimiento individualizado de los casos de bloques con intermediación directa del Ayuntamiento y agilización de las denuncias por acoso inmobiliario.
Y por todo esto, es imprescindible que el próximo gobierno de la ciudad tenga como prioridad estas cuestiones, con transparencia y facilitando la participación de los movimientos sociales para seguir con la profundización de la democracia, y hacer frente a los lobbies y a los poderes que intenten apropiarse de la ciudad.
Barcelona, 11 de junio de 2019
Aigua és Vida, Aliança contra la Pobresa Energètica, Assemblea de Barris per a un Turisme Sostenible, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, la PAH, Sindicat de Llogateres i la Xarxa per la Sobirania Energètica
* Compromís per l’Aigua Pública i Democràtica https://aiguabcn.org/compromis/compromis/