Los datos publicados hoy por el Ayuntamiento de Barcelona muestran que muchas de las afirmaciones alarmistas que hacían ciertos partidos y medios son totalmente falsas
Hoy el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho público un informe basado en los datos del Ministerio del Interior sobre denuncias por ocupación a nivel de comunidades autónomas y provincias y en datos de denuncias totales por ocupaciones en la ciudad de Barcelona facilitados por los Mossos d’ Escuadra.
En el informe se detalla la evolución del número de denuncias por ocupación en precario en 2019 y 2021, que es la siguiente:
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Hay que poner el foco en los siguientes datos del informe para analizarlos en su globalidad: que de las personas atendidas por el servicio SIPHO, el 40% eran situaciones en precario/ocupaciones; solo 3 de estas situaciones fueron ocupación del domicilio habitual, es decir, un 0,1%; y que el grueso de las ocupaciones (73%) tienen lugar en viviendas de grandes tenedores −el 79% de las cuales son entidades financieras−, datos que desmienten las campañas comunicativas de algunos partidos políticos y medios que repiten año tras año, especialmente en esta época, que cualquiera puede perder el hogar en manos de quien se ve obligado/a a ocupar. Campañas que solo quieren alarmar a la ciudadanía y criminalizar a las personas vulnerables.
Desde la PAH de Barcelona afirmamos que estos datos reafirman nuestra tesis: las ocupaciones sin título habilitante son una forma precaria de acceso a la vivienda, inestable e insegura, que es causada por el aumento de desahucios, el alza de los precios de alquiler y la falta de un parque público para realojar o acceder a una vivienda a precio asequible. En el informe “Emergencia habitacional, pobreza energética y salud. Informe sobre la inseguridad residencial en Barcelona 2017-2020” se detalla que el 19% de personas que se ven obligadas a ocupar una vivienda lo hacen porque previamente han sufrido un desahucio por impago o incremento repentino del alquiler. Asimismo, estos datos demuestran que la mayoría de ocupaciones tienen lugar en pisos vacíos en manos de bancos y fondos buitre −paradójicamente, los propietarios que más desahucian−, por lo que es fácil deducir que estos tenedores están manteniendo grandes volúmenes de pisos vacíos con el objetivo de especular a expensas de un derecho fundamental. La Administración tiene el deber de hacer cumplir con la función social de la vivienda y, por lo tanto, de utilizar herramientas como la Ley 24/2015 y la Ley 1/2022 antidesahucios, que contemplan la obligación, para los grandes tenedores, de hacer alquileres sociales a las familias, así como obligarles a ceder viviendas vacías.
Hay que entender, pues, que la realidad de las ocupaciones es el resultado de la exclusión social de familias que han sufrido varios desahucios y que visibiliza las desigualdades y la precariedad cronificada de capas cada vez más amplias de la sociedad. Se trata, pues, del resultado de no impulsar políticas y leyes de vivienda valientes ni tampoco de dotar de presupuestos las partidas correspondientes para revertir la grave situación actual. La futura Ley de Vivienda estatal podría ser una oportunidad para revertir esta tendencia y garantizar el acceso a una vivienda digna a las familias vulnerables. Exigimos a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona que apliquen con contundencia las leyes antidesahucios y pongan multas a los grandes tenedores que dejan sus viviendas vacías. ¡No puede ser que haya gente sin casa y casas sin gente!
Mientras tanto, animamos a las familias de toda Catalunya a que se acerquen a nuestras asambleas para defender su derecho a una vivienda digna. ¡No estáis solas!