Hoy se cumplen 44 años de la aprobación de la Constitución vigente, que en su artículo 47, establece:
“Todos los españoles y españolas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”
Por lo que podemos afirmar que desde hace 44 años, el artículo 47 está siendo incumplido. Los poderes públicos ni han promovido las condiciones necesarias, ni han establecido las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, ni mucho menos han impedido la especulación; es más, también podemos afirmar sin temor a exagerar que, en multitud de ocasiones, las políticas de vivienda aplicadas la han promovido y facilitado, mientras impedían que la comunidad participase de las plusvalías que ha generado la acción urbanística.
Las constantes subvenciones públicas a la promoción, construcción y adquisición de viviendas, y más recientemente las ayudas al alquiler, constituyen simples transferencias de ingentes cantidades de dinero público a bolsillos privados, sin que la comunidad haya participado en las plusvalías generadas, al menos en lo que a Parque Público de Vivienda se refiere. Además, han convertido al bien vivienda en un simple objeto de consumo y de inversión, es decir, un bien destinado a la especulación.
La vivienda debe ser tratada como bien social de primerísima necesidad, como Derecho Humano y fundamental, porque disponer de una vivienda digna y adecuada, es la condición sine qua non para poder acceder a otros Derechos Fundamentales, imposibles de ejercer sin ella, como acertadamente ha señalado la Comisaria europea de Derechos Humanos, señora Dunja Mijatovic, tras su reciente visita a España.
Como simple objeto de consumo que es en la actualidad, solo se puede acceder a la vivienda según el nivel de renta disponible. Con unos precios del alquiler desorbitados por la especulación, unas condiciones de compra inalcanzables, unos salarios muy bajos, la inexistencia de Parque Público y unas cifras escandalosas de desahucios, la capacidad de la población de acceder a este Derecho, cada vez es más limitada y excluyente.
Aunque no pinta bien, tenemos ahora la ocasión de cambiar esto, mediante la aprobación de la que el gobierno «progresista» ha denominado Ley por el Derecho a la Vivienda, pero cuyo contenido actual está bastante lejos de cambiar algo, si los Poderes Públicos, Gobierno progresista y Cortes no asumen la obligación constitucional de promover las condiciones necesarias aprobando la Ley pertinente. Disponen de todas nuestras propuestas, depende de su voluntad de atender a la población o mantener la especulación.
La PAH, y muchas otras organizaciones vamos a estar muy pendientes y beligerantes para que termine siendo así.
¡Sí se puede!
