Los últimos datos oficiales vuelven a poner sobre la mesa la emergencia habitacional que seguimos sufriendo con un aumento de los desahucios de casi el 11% en Catalunya
Según las cifras correspondientes al primer trimestre de 2025, en Catalunya se han registrado 2.069 desahucios, lo que supone un aumento del 10,6% respecto al mismo periodo del año anterior (1.870 desahucios en el primer trimestre de 2024).
Mientras en el conjunto del Estado los datos han experimentado un leve descenso del 1,2%, en Catalunya se agrava la situación. Esta subida evidencia, una vez más, la falta de medidas efectivas y la desprotección de miles de familias vulnerables frente al poder de la banca, los fondos de inversión y el mercado especulativo de la vivienda.
¿Por qué siguen subiendo los desahucios?
Desde La PAH denunciamos que este repunte en Catalunya no es casual, sino consecuencia directa de varios factores que venimos señalando desde hace años:
- El fracaso de la Ley de Vivienda estatal, que sigue sin garantizar la suspensión efectiva de los desahucios de familias vulnerables. Los desahucios por impago de alquiler o ejecución hipotecaria continúan ejecutándose sin alternativas habitacionales.
- La ofensiva de los fondos buitre y grandes propietarios, que siguen acumulando vivienda y presionando para desahuciar a inquilinos con subidas abusivas o finalizaciones de contrato sin alternativa.
- La reconversión masiva de viviendas habituales en pisos turísticos, especialmente en las grandes ciudades y zonas costeras de Catalunya, está expulsando a familias de sus barrios y tensionando aún más el mercado residencial. Mientras miles de viviendas se destinan al alquiler turístico, los precios de los alquileres residenciales suben, los contratos no se renuevan y muchas familias acaban en situación de vulnerabilidad habitacional o directamente en procesos de desahucio.
- La suspensión de la obligación de los grandes propietarios de renovar los alquileres sociales o a ofrecerlos en casos de finalización de contratos a grandes tenedores o en algunos casos de ocupación, tras la anulación parcial de la Ley catalana 1/2022 por parte del Tribunal Constitucional el año pasado. Esto ha permitido a bancos, fondos de inversión y otros grandes propietarios no renovar contratos sociales a familias vulnerables, provocando un nuevo repunte de desahucios por finalización de contrato, a pesar de tratarse de casos de especial vulnerabilidad. Esta anulación parcial del Tribunal Constitucional tiene efectos claros, ya que en 2023 se realizaron una media de 1000 alquileres sociales cada trimestre.
- El cambio constante de propiedad de las viviendas en manos de fondos e inversores, que venden paquetes enteros de pisos ocupados o con contratos sociales vigentes. El nuevo propietario, muchas veces aún más agresivo y depredador, niega la renovación de alquileres sociales o presenta demandas de desahucio, incluso contra familias vulnerables. Este trasvase permanente de carteras está generando una nueva ola de desahucios derivados de operaciones puramente financieras, donde la vivienda se trata como un activo sin ningún respeto al derecho a un hogar digno.
- La falta de parque público de vivienda suficiente, fruto de años de desinversión pública, privatización de patrimonio público y ausencia de políticas valientes de expropiación y movilización de vivienda vacía.
- Las reintrepretaciones cada vez más restrictivas en los juzgados de la moratoria de desahucios vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, que en la práctica está siendo vaciada de contenido y sentido. Cada vez es más habitual que los desahucios solo se suspendan unos días o pocas semanas, dejando a las familias en un limbo de angustia e inseguridad constante, y facilitando que finalmente acaben siendo expulsadas de su hogar.
Ante todo este despropósito orquestado con la complicidad de los gobiernos, desde La PAH exigimos:
- La suspensión efectiva de todos los desahucios sin alternativa habitacional, como dictamina Naciones Unidas y el Comité DESC de Derechos Humanos
- La aplicación real de la Ley catalana 24/2015 y la ampliación de su alcance, con medidas como la cesión obligatoria de vivienda de los grandes tenedores para la creación urgente de un parque de vivienda pública de alquiler social para paliar la emergencia creciente. Así como aplicar severamente las sanciones efectivas a bancos, fondos y propietarios que vulneran el derecho a la vivienda.
- Un control real de los precios del alquiler que frene la especulación, sumado a la regulación estricta de los pisos turísticos y limitación de su crecimiento para garantizar el uso residencial de las viviendas.
- La restitución de la obligación de renovar alquileres sociales a las familias vulnerables por parte de los grandes propietarios.
- Una regulación que impida la venta especulativa de vivienda con familias dentro, y blinde el derecho de permanencia de los hogares afectados por estos procesos de compraventa financiera.
Cada desahucio es un fracaso político y una vulneración de derechos humanos. No es una estadística: son familias que pierden su hogar mientras algunos siguen lucrándose. Seguiremos movilizadas hasta garantizar que ninguna persona sea expulsada de su casa por no poder pagar un alquiler abusivo o una hipoteca insostenible.
¡Sí se puede, pero no quieren!
¡Vivienda para vivir, no para especular!