Que haya caído la moratoria de desahucios que protegía a 70.000 familias en todo el Estado y a casi 14.000 en Cataluña no es un accidente: es el resultado directo del cálculo político de Junts, que ha decidido que la vida de miles de familias vale menos que sus negociaciones y estrategias parlamentarias.
A partir de hoy, miles de familias vulnerables vuelven a estar expuestas a desahucios, cortes de suministros y situaciones de exclusión severa. En Cataluña, donde la emergencia habitacional es estructural y se estaban produciendo de media 24 desahucios al día incluso con moratoria, esta decisión es especialmente grave e irresponsable.
Aunque sea desde la oposición, permitir y ser responsables directos de que se reanuden miles de desahucios sin alternativa habitacional, de que se reactiven cortes de luz, agua y gas, y de que queden desamparadas familias con menores, personas mayores y personas con enfermedades o dependencias, no es gobernar: es abandonar a la población más vulnerable mientras se siguen protegiendo los intereses de bancos, fondos de inversión, rentistas especuladores y los privilegios de unos pocos. Esto no es gobernar: esto es abandonar a la población más vulnerable mientras se sigue protegiendo a bancos, fondos de inversión y grandes tenedores a golpe de bonificaciones fiscales.
Esta situación no se entiende sin señalar también la responsabilidad de Junts per Catalunya, que ha decidido utilizar medidas básicas de protección social como herramienta de presión política en su juego con el Gobierno del Estado. La vivienda no puede ser moneda de cambio y, sobre todo, no se puede representar a Cataluña a base de unicornios y fake news interesadas para proteger a los ricos y dar la espalda a quienes menos tienen. Relatos rotundamente falsos como el de la supuesta puerta abierta a las ocupaciones. La moratoria era clara en este sentido: solo protegía ocupaciones previas a 2020, en el caso de que la propiedad tuviera más de 10 viviendas y la familia fuera vulnerable, con menores a cargo o con dependencias severas. ¿Cuántos catalanes o catalanas tienen 10 viviendas o, más bien, quiénes son los catalanes o catalanas que tienen 10 viviendas? El relato de Junts, como el de Vox o el PP, no tiene ninguna base real, pero sirve para alimentar el miedo, justificar la inacción política, proteger los intereses de los grandes tenedores, desviar la atención del verdadero problema —que es la especulación y la falta de vivienda asequible— y criminalizar a familias que solo quieren un techo donde vivir.
Las consecuencias en Cataluña serán inmediatas y graves. El fin del escudo social llega en un contexto en el que el precio de la vivienda no es asumible para casi nadie, el parque público de vivienda es claramente insuficiente y las administraciones están desbordadas y sin recursos para dar una respuesta mínima.
Sin moratoria, los juzgados volverán a ejecutar desahucios de forma masiva. Sin escudo social, la pobreza energética volverá a golpear con fuerza. Las personas que sobrevivimos necesitamos y exigimos soluciones inmediatas, no más excusas ni parches. Estaremos movilizadas hasta garantizar que no haya ningún desahucio sin alternativa habitacional, políticas valientes contra la especulación y los fondos de extracción y un compromiso real con la ampliación del parque público de vivienda.
Ante su irresponsabilidad, responderemos con organización y lucha. Si las instituciones fallan, la sociedad civil volverá a responder. Seguiremos parando desahucios, seguiremos señalando a los responsables y seguiremos gritando que sin vivienda no hay derechos, y sin derechos no hay vida.