La PAH exigimos un Decreto para terminar con todo tipo de desahucios hasta mínimo el 31 de diciembre de 2021. El Gobierno puede hacerlo cuando quiera, pero de momento no quiere
Nada más configurarse el Gobierno Progresista, arrancamos nuestra nueva campaña de exigencias para lograr garantizar el Derecho a la vivienda. Uno de los objetivos de esta campaña era conseguir una moratoria para todo tipo de desahucios. En unos momentos en que sufríamos 250 desahucios diarios, con el nuevo Gobierno como responsable directo de que esto fuera así si no ponía remedio a la situación.
En esos inicios de la campaña #ViviendaPorDerecho, logramos ciertas mejoras en la moratoria para las ejecuciones hipotecarias, el anuncio de una posible moratoria de los desahucios de alquiler -que ya suman el 70% del total-, y oídos sordos a la problemática cada vez más extendida y malentendida de la ocupación.
Por el camino, en el mes de marzo, entramos en estado de alarma que provocó el cierre de los juzgados y debido a ello, a que se suspendieran los desahucios de manera automática. Desahucios que desde que se retomó la actividad judicial el pasado 4 de junio, se han empezado a reactivar, como hemos podido ver ya en las actuaciones de la PAH en Andalucia, Aragón, Catalunya, Comunidad de Madrid, Murcia o País Valencià.
De nuevo nos vemos en la obligación de remarcar al Gobierno como responsable de esta nueva normalización de la violación de derechos humanos, que no deja de ser el dejar -o pretender dejar- a una familia en la calle, sin ningún tipo de realojo ni alternativa. Una violación de derechos, que no denuncia solamente la PAH, también lo lleva haciendo hace años Naciones Unidas, a través de dictamenes, recomendaciones o informes. El más reciente, publicado ayer y escrito por Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y derechos humanos, tras su visita a nuestro país durante el mes de febrero.
Un informe, en el que no solo se nos vuelve a dar la razón, también se dan una serie de medidas para garantizar el derecho a la vivienda, en la misma línea que llevamos presentando desde la PAH en todas nuestras exigencias y propuestas de cambios legislativos y estructurales. El informe deja claro que erradicar el problema es solo una cuestión de voluntad política.
Las cifras hablan por si solas, y según el CGPJ: en el primer trimestre de 2020 -reducido a dos meses debido al confinamiento- se produjeron casi 10.000 desahucios, lo que nos sigue situando en una media de 200 desahucios diarios a los que el Gobierno sigue dando la espalda. Datos que no difieren de los que estuvimos visibilizando en nuestro contador de la vergüenza durante los primeros 50 días de Gobierno Progresista.
Debido a la nueva crisis económica provocada por la COVID-19, estamos a las puertas de un panorama desolador, que necesita, más que nunca, de valentía política y medidas a la altura de las circunstancias. No se puede afrontar esta situación poniendo tiritas, como ha ido haciendo el Gobierno a base de decretazos, que solo protegen a una parte de las nuevas familias vulnerables debido al coronavirus, pero deja a otra parte atrás y se olvida plenamente de las miles de familias que ya vivían en extrema vulnerabilidad previamente al estado de alarma, y lo seguirán estando en esta nueva y vieja normalidad.
Por sentido común, por necesidad ante la nueva pandemia social que son los desahucios, y por justicia a las 1.024.766 familias que ya han perdido su hogar desde 2008, la PAH llevamos exigiendo hace semanas un nuevo Real Decreto para hacer efectiva una moratoria real para todo tipo de desahucios, mínimo hasta el 31 diciembre de 2021. Tiempo más que suficiente para tirar adelante con una Ley de Vivienda integral, como la que presentamos en 2018, que ponga solución a los motivos que nos tienen en emergencia habitacional cronificada desde hace más de una década.
En las últimas semanas hemos mantenido reuniones con una gran parte de los grupos parlamentarios para trasladar nuestras exigencias. En este tiempo hemos reunido una amplia mayoría parlamentaria que da soporte a este Decreto urgente antidesahucios que el Gobierno Progresista podría hacer efectivo cuando quisiera, pero que de momento no ha querido. Este próximo viernes 10 de julio, tenemos una nueva reunión con el Secretario General de Vivienda, David Lucas, en la que esperamos recibir una respuesta positiva.
El Gobierno Progresista tiene la opción de decidir de qué lado está, si de las familias y los Derechos Humanos, o del lado de la derecha y las políticas que están expandiendo en las comunidades donde están gobernando, como Andalucía, Castilla y León, Madrid, o Murcia. Tienen que demostrar que son ciertas sus afirmaciones de que “no quieren dejar a nadie atrás”, rectificando errores que dejan a miles de familias sin protección. Disponen del poder y de mayoría suficiente para hacerlo, así que esperamos que no nos fallen otra vez.
Nosotras lo tenemos claro, y hartas de migajas, queremos el pan entero.