La empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento, un actor más en la oleada actual de desahucio.
Hoy, 9 de marzo de 2018, nos encontramos en las oficinas de ADIF, situadas en la calle Ocata s/n de Barcelona, para evitar el desahucio sin realojo de José Luís y su familia con dos menores. José Luís vivía con su madre en un piso de la empresa ferroviaria, de los que años atrás ofrecían a sus trabajadores. Tras la muerte de su madre, Adif comunicó a José Luís, el mismo día del sepelio, que al no ser trabajador, debía abandonar la vivienda en un plazo de 7 días. Tras negociar, le concedieron una subrogación por 2 años, un periodo de tiempo en que la situación laboral y económica de José Luís dio un giro negativo, dejándolo en un estado de absoluta de vulnerabilidad económica, con unos ingresos de solo 480 € para la unidad familiar. Aun así y con grandes sacrificios, estuvieron pagando hasta que no pudieron más, pues sus ingresos se vieron más mermados y la situación fue tan insostenible que no pudieron pagar.
Llegados a este punto, ADIF se ha cerrado a cualquier tipo de solución que apelara a los derechos más fundamentales de la familia, que ya se ha enfrentado a dos desahucios, paralizados en puerta gracias a la PAH. Con la próxima orden de desahucio, de carácter inminente, José Luís, su mujer y sus dos menores, se enfrentarán a un desahucio abierto, o lo que es lo mismo, estarán expuestos y con total indefensión a que en cualquier momento, día u hora, sin previo aviso, sean dejados en la calle.
Tras su segundo lanzamiento y ante la nueva situación económica de la unidad familiar, que ha logrado alcanzar los 836 €, ADIF se negó a negociar un alquiler de 500 €, una oferta presentada por José Luís para poder seguir manteniendo su hogar. Una oferta generosa y una muestra de la buena voluntatd por parte de José Luís, para arreglar la situación.
Con esta actitud, ADIF lo único que hace es corroborar lo que hace años lleva haciendo, especular con las viviendas de los antiguos trabajadores y beneficiarse de los precios de la burbuja inmobiliaria. Una muestra de esto es la reciente venta de pisos y suelo por valor de 10 millones de euros, o la cantidad de vivienda vacía que acumulan y llevan años vendiendo en subasta.
A Adif le exigimos la paralización inmediata del desahucio de José Luís y un alquiler justo en base a sus posibilidades.
También, ante la emergencia habitacional que sufrimos, ante los precios inasumibles de los alquileres, y ante la falta de un parque público de vivienda capaz de garantizar el derecho a techo a las familias en exclusión residencial por parte de la Administración, desde PAH Barcelona, denunciamos públicamente a ADIF y consideramos que como empresa pública del Estado, debería ceder sus pisos vacíos para poder darles un más que necesario uso social. Recordemos que, ampliar el raquítico parque público del 1% que tenemos, para que se acerque al 15% de media europea, es una de las demandas presentadas en nuestra moción municipal, aprobada el pasado 23 de enero en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, que también está recogida en la Ley Vivienda PAH registrada hace un mes en el Congreso. En ambos casos el Partido Popular ha demostrado que sigue siendo el mayor lobby financiero, por eso no debe sorprendernos que una empresa pública como ADIF, dependiente directamente del Ministerio de Fomento, actúe en contra de la ciudadanía más vulnerable y a favor de los intereses inmobiliarios.
Hoy hacemos visible que ADIF, no solo se dedica a la construcción de líneas de ferrocarril y la gestión de su explotación, también se suma a la actual burbuja del alquiler, patrocina desahucios y niega un derecho tan básico como el de tener un hogar. Hartas de la política del ladrillo y de que la vivienda sea tratada como una mercancía y no como un derecho, hoy hemos venido dispuestas a conseguir solución para José Luís, y de no ser así, la PAH estamos listas para afrontar este choque de trenes.