Denunciamos el incumplimiento de la Ley 24/2015 por parte de Anticipa Real Estate, que tiene la obligación de ofrecer un alquiler social como alternativa al desahucio
Desde PAH Barcelona hacemos pública nuestra denuncia ante el grave incumplimiento de la Ley 24/2015, que establece medidas de protección para evitar el desahucio y la exclusión residencial en Cataluña, por parte de Anticipa Real Estate, filial de Blackstone en España. Este incumplimiento afecta directamente a Rocío y su marido, vecinas de la Avenida Rasos de Peguera 84, que se hipotecaron con la extinta Catalunya Caixa y, tras perder sus trabajos y quedarse en situación de vulnerabilidad económica, fueron víctimas de una ejecución hipotecaria. Blackstone absorbió lo que ellos llaman activos tóxicos, para poder especular con las viviendas y negar toda solución a las familias en exclusión residencial a causa de la estafa hipotecaria y la crisis sobrevenida.
Anticipa está negando a Rocío y su marido el derecho al alquiler social obligatorio, a pesar de que cumple con todos los requisitos legales establecidos en la Ley 24/2015 y con ello está cometiendo un nuevo atentado al derecho a la vivienda. Esta ley, recordemos, obliga a las entidades financieras y grandes tenedores de vivienda a ofrecer un alquiler social a las familias en riesgo de exclusión, que han perdido su vivienda como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria, como solución habitacional antes de abrir un proceso de desahucio. Sin embargo, Anticipa ha decidido vulnerar este derecho fundamental, exponiendo a la familia a una situación de mayor precariedad y angustia con un desahucio inminente el próximo viernes 27 de septiembre, sin ningún tipo de alternativa.
Queremos subrayar que la Ley 24/2015 no solo protege a las personas en situación de vulnerabilidad, sino que además ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional, confirmando su plena vigencia y aplicación en todo el territorio de Cataluña. El alquiler social no es una opción para las entidades financieras, es una obligación legal y moral.
Exigimos que Anticipa Real Estate rectifique de inmediato su postura y ofrezca a Rocío el alquiler social al que tiene derecho por ley, y que todas las entidades que gestionan vivienda en Cataluña cumplan rigurosamente con la normativa establecida para proteger a las familias en riesgo de exclusión.
Asimismo, instamos a las administraciones públicas competentes a que hagan cumplir la Ley 24/2015 en todos los casos, para que situaciones de sufrimiento extremo como la que está viviendo Rocío no se sigan repitiendo. La vivienda es un derecho básico y cualquier intento de vulnerarlo debe ser condenado con firmeza.
PAH Barcelona nos mantendremos firmes en nuestra lucha por la defensa del derecho a la vivienda y no cesaremos hasta que se haga justicia.