Ayer fue un día importante, se aprobó en el Parlament de Catalunya la proposición de ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas de alquiler
Esta nueva norma continúa el camino iniciado por otras leyes garantistas, como la Ley 24/2015, y supone un paso más hacia la protección de un derecho fundamental históricamente vulnerado en el ordenamiento legal, el derecho a la vivienda.
Con el objetivo de reducir el desequilibrio actual entre personas o empresas propietarias e inquilinas, la ley vincula los precios del alquiler a un índice de referencia fijado por la Generalitat. Estas limitaciones se aplicarán en zonas declaradas como de “mercado de vivienda tenso”, en 60 de los municipios más poblados de Catalunya.
Desde la PAH de Barcelona felicitamos al Sindicato de Inquilinas y al resto de personas y organizaciones que han trabajado para la consecución de este gran éxito. Al mismo tiempo, mantenemos una posición vigilante y crítica con el gobierno de la Generalitat, que sigue sin hacer una apuesta integral y coherente para defender el derecho a la vivienda. Un ejemplo de estas incoherencias ha sido la tramitación el pasado agosto de un decreto de turismo que facilita el negocio del alquiler temporal de habitaciones. No es hora de proteger a los grandes especuladores sino a las familias, que dependemos de un hogar digno para protegernos, ahora aún más en plena pandemia.
Los movimientos sociales y la ciudadanía organizada seguimos demostrando que sí se puede y que es posible cambiar las leyes si existe voluntad. Sabemos que las crisis que estamos viviendo son una oportunidad perfecta para unirnos todas, instituciones y sociedad civil, y afrontar los cambios sociales que son necesarios. Los derechos no se negocian, ¡se defienden!