Hoy se han hecho públicos los datos del 3º Trimestre del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Son cifras escalofriantes: 10.177 familias en el Estado español, entre julio y septiembre de este 2019, han sido desahuciadas por no poder pagar su cuota de hipoteca, por no poder pagar su alquiler o bien por extinción del contrato de alquiler. El CGPJ notifica el descenso de los desahucios pero esconde una gran mentira: la realidad de miles de familias que se marchan de su casa antes de pasar por un desahucio, los desahucios invisibles; esto sin olvidar los desahucios no contabilizados, como los de ocupación en precario.
Cataluña continúa siendo líder en el ranking de la vergüenza. En este 2019 se acumulan ya 9.229 desahucios, de los cuales el 69% son provenientes de alquiler.
La emergencia habitacional se ha cronificado en nuestras ciudades porque las administraciones no han estado a la altura al abordar esta situación, y durante años han mirado hacia otro lado hasta que la PAH hizo visible aquello que bancos y lobbies inmobiliarios querían que quedara en silencio. ¡Que no era una crisis, que es una estafa! 10 años después y con un nuevo gobierno en el Estado exigimos leyes ambiciosas como la #LeyViviendaPAH, políticas valientes como el plan de choque de la PAH y destinar dinero en los presupuestos para que se lleve a cabo. Además, sabemos muy bien que desde las autonomías también se puede abordar la emergencia habitacional y hacer políticas valientes. Llevamos ocho meses con una herramienta que pone fin a desahucios de hipoteca y de impago de alquiler y que podría ampliar el parque de nuestras ciudades, y la Generalitat no la está aplicando. Muchos ayuntamientos tampoco. ¡Es inadmisible!
Además, igual que el CGPJ está obviando la petición de la PAH de hacer públicos los datos de los desahucios causados por ocupación en precario, el gobierno de Cataluña no está abordando la situación de miles de familias que se han visto obligadas a escoger entre dormir en la calle u ocupar una vivienda vacía de fondos buitre o de la banca, que estaba incumpliendo su función social. Creemos que es hora de afrontar el problema y exigir que los grandes tenedores que han dejado las viviendas vacías formalicen alquileres sociales con las familias vulnerables.
Queda mucho por hacer y desde la PAH de Barcelona estaremos vigilantes y al pie de la calle para garantizar y exigir el derecho a la vivienda. ¡Porque sí se puede!