Los grupos impulsores de la medida del 30% de vivienda protegida y de la ILP Vivienda ̶ Ley 24/2015 ̶ denuncian que este decreto ha sido aprobado con total secretismo, al tiempo que desregula y permite subidas de precio de VPO mientras deja problemáticas graves en temas de vivienda sin resolver.
Barcelona, 26 de marzo de 2019
El Decreto 5/2019, aprobado el pasado 5 de marzo en el Consejo Ejecutivo del Gobierno de la Generalitat, supone la modificación de más de medio centenar de artículos de las leyes de vivienda y de la ley de urbanismo. La próxima semana el Parlamento vota si lo acepta o lo rechaza. Y en caso de que lo acepte, posteriormente se votaría si se tramita como proyecto de ley o se queda como está. Desde las entidades sociales consideramos que hay que volver a la casilla de salida, hacerlo de nuevo y hacerlo bien, poniendo sobre la mesa un nuevo decreto participado por la ciudadanía que garantice de forma efectiva el derecho a la vivienda en Cataluña. Es por este motivo que los próximos días, nos reuniremos con los diferentes grupos parlamentarios para conocer su valoración y compartirles nuestra oposición, por las líneas rojas que pisa.
Cataluña tiene un tejido social importantísimo de organizaciones y movimientos que luchan por el derecho a la vivienda, que ha sido pionero en la denuncia de la emergencia habitacional (desahucios y cortes de suministro), la burbuja de los alquileres o los efectos nefastos de la turistización sobre la vivienda. Además, la sociedad civil organizada ha sido capaz de cambiar leyes (ILP Vivienda), aprobar medidas como el 30% de vivienda protegida o provocar debates sobre el alquiler que han llevado a aprobar 2 decretos estatales, con la regulación de precios como gran tema pendiente. No tener en cuenta a las entidades y a los movimientos sociales demuestra una miopía y un desprecio indignante.
Este Decreto es una reforma importante de las leyes actuales, normas que para aprobarse han sido debatidas largamente y que han recibido aportaciones de la sociedad civil, y modifica más de medio centenar de artículos de las leyes de vivienda y de la ley de urbanismo, por lo tanto, se trata de un trabajo de meses del Gobierno, que debería haberse compartido. Lo anterior agrava aún más la falta de participación en su diseño y redacción.
A través de esta valoración de urgencia, queremos destacar varios aspectos que nos alarman y que deben hacerse públicos:
En primer lugar, no aborda la emergencia habitacional con valentía y recorta la protección respecto a la Ley 24/2015. Mientras que esta norma, nacida de una ILP impulsada desde la calle, aseguraba el realojo adecuado por parte de las administraciones de las personas en exclusión residencial que no fueran realojadas por los propietarios de la vivienda ̶ obligación que se preveía para grandes tenedores ̶ , el decreto apuesta por alojamientos temporales, que a día de hoy no existen, abriendo la puerta a que las soluciones temporales se cronifiquen. Además, incomprensiblemente, también pone condiciones y filtros inaceptables para conseguir alquileres sociales para las familias que no han tenido más alternativa que ocupar para vivir en una vivienda en desuso de la banca o de los fondos buitre.
En segundo lugar, abre la puerta a una liberalización del precio de la vivienda protegida, haciendo que una VPO pueda ser más cara según el barrio, precio que se marcará en base a los costes de edificación y urbanización, valor del suelo, beneficio empresarial y factor de localización, eliminando las tres tipologías de precios existentes hoy en día, que se definen en base a los ingresos de los solicitantes. Esto cuestiona gravemente la función de cohesión social de la VPO, agravará la segregación por barrios y reforzará la burbuja en los barrios gentrificados. También representará un encarecimiento de la vivienda protegida. El decreto desvirtúa claramente la medida del 30%, aprobada por la presión social que había detrás y el consenso político municipal que se consiguió en el Pleno Municipal de Barcelona, que precisamente posibilitaba distribuir la vivienda protegida dentro de los municipios, huyendo de la concentración histórica de la vivienda asequible en determinadas zonas.
Además, el Decreto reduce la validez de inscripción en el registro, de tres años a un año, y establece que las inscripciones actuales caducan en un año. Consideramos que estamos ante un intento de vaciar artificialmente la lista de demandantes de vivienda protegida, en uno de los momentos donde hay más demanda (125.426 personas) y cuando sabemos que muchas personas, directamente ni se inscriben, porque saben que hay poquísimas y es una “lotería”, es decir, que en vez de dar respuesta de forma decidida, se quiere reducir la lista y flexibilizar los precios.
En tercer lugar, aunque la Generalitat se había mostrado públicamente favorable al carácter permanente de la vivienda protegida, este decreto desaprovecha una oportunidad histórica para hacer que toda la vivienda protegida sea de alquiler e indefinido. Esto solo se hace con la vivienda en suelo público pero no en las viviendas del 30%, por ejemplo. Legislaciones como la de Baleares o el País Vasco ya han legislado para garantizar el carácter indefinido de la VPO. Se puede hacer y se debe hacer, ya que la pérdida del parque de VPO es una de las causas principales que explican que hoy en día prácticamente no tengamos (se calcula por ejemplo que, si no se hubiera podido vender la vivienda protegida, Barcelona tendría hoy en día un 40%).
Por otra parte, se insiste en un índice de precios de los alquileres que no es más que un reflejo de los precios de mercado y de la burbuja, ya que no recoge las condiciones socioeconómicas reales de la población, no tiene en cuenta elementos claves como los ingresos familiares o la tasa de paro, de manera que el índice pudiera garantizar que los precios del alquiler se adapten a la economía real de las familias. Se ponen algunas medidas de transparencia, pero seguimos teniendo un índice de precios no vinculante y la propiedad no está obligada a aplicarlo, por lo que queda en papel mojado, que ni siquiera puede servir para evitar que los precios sigan subiendo.
Desde las entidades sociales tenemos claro que para garantizar el derecho a la vivienda es imprescindible cambiar de forma ambiciosa las leyes que defienden a la ciudadanía, hacer políticas valientes y dedicar presupuesto para llevarlas a cabo. Este Decreto Ley, queda muy lejos de alcanzar estos tres objetivos. Es cierto que incluye algunas mejoras, pero las medidas que nos alarman predominan y se ha quedado muy corto en todo lo que se podría y se debe hacer.
Desde la ciudadanía creemos que tenemos una oportunidad para hacer las cosas bien, trabajando en un nuevo texto que contemple medidas con un amplio apoyo social como son: que la vivienda protegida (tanto pública como privada) sea permanente, incidir en los precios de los alquileres regulándolos para evitar precios abusivos, erradicar la emergencia habitacional obligando al sector privado a hacer alquileres sociales y realojando para que nadie se quede en la calle o tenga que acceder a una vivienda de forma precaria (ocupando), movilizando y actuando sobre la vivienda vacía de forma urgente, extendiendo el 30% a toda Cataluña o aumentando las cesiones de suelo de los privados en nuevos sectores residenciales para aumentar el parque de vivienda protegida, etc. Todo ello, entre muchas otras medidas urgentes y estructurales que necesitamos para llevar a cabo cambios significativos en la conquista del derecho a la vivienda.
Hay que hacer un nuevo Decreto Ley que esté a la altura de la situación que vivimos y que proyecte un futuro con derecho a la vivienda. Queremos barrios vivos y con vivienda asequible. Hemos demostrado que hemos podido hacer posible lo imposible y creemos firmemente que así será.
Recuperamos la parte de vivienda de la Ley 24/2015 de las manos del PP y de la banca y fuimos capaces de sacar adelante la medida del 30% con el sí del Pleno de Barcelona y de la Generalitat.
Exigimos que, de una vez por todas, se pongan las leyes y las políticas al servicio de la gente y del derecho a la vivienda.