El artículo 47 de la Constitución española establece que todos los ciudadanos del Estado español tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. Y todavía más: que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, y que la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
A pesar del mandato constitucional, España nunca ha hecho una política encaminada a garantizar el derecho a la vivienda; sino que convirtió la mercantilización de la vivienda en una suculenta fuente de ingresos para determinados sectores privados y para la propia Administración. En 2008, fruto de la crisis económica, la burbuja inmobiliaria estalló y esto junto a la cada vez mayor precariedad de la sociedad, provocó miles de desahucios causados por ejecuciones hipotecarias, que dejaban a las familias sin solución habitacional, con deudas de por vida y sin opciones a una segunda oportunidad digna.
Un claro ejemplo de la falta de voluntad política de gobernar para la ciudadanía, fue el rechazar una ILP con millón y medio de firmas, cuya finalidad era dar solución a las familias afectadas por la estafa inmobiliaria, acabando con los desahucios y generar alquileres sociales que garantizaran el Derecho a una vivienda digna, a pesar de que la ley hipotecaria española fue condenada por vulnerar derechos fundamental en el Tribunal de Justicia de la UE.
A día de hoy, el Tribunal Supremo aún mantiene que “las ejecuciones hipotecarias no se pueden suspender porque no son tan perjudiciales para los deudores” o que “las cláusulas suelo son abusivas, pero que devolver todo el dinero a los afectados sería peligroso para el sistema financiero”
Convivimos con decenas de desahucios diarios, venta de Vivienda Social a fondos buitre, puertas giratorias que causan pobreza energética y precariedad laboral, estafas como las preferentes o el IRPH, la reforma del artículo 135 de la Constitución, la degradación de educación y sanidad, la Ley Mordaza, las Tasas Judiciales, la corrupción crónica… Un régimen de injusticia pese a que la letra y sentido de muchas leyes apelan a una JUSTICIA que defienda al débil, castigue al culpable y “garantice la convivencia democrática conforme a un orden económico y social justo… en el que se proteja el ejercicio de los Derechos Humanos”.
Por todo esto, nos organizamos colectivamente para transformar la resignación, el desamparo, en acción y esperanza. La PAH, junto a otros colectivos, constituyen una primera línea de empoderamiento ciudadano y defensa de los Derechos Humanos, a pesar de muchas decisiones judiciales.
Fue dentro de este marco de injusticia que la ciudadanía catalana consiguió que el Parlament de la Generalitat aprobara la Ley 24/2015 en julio de 2015. Nacía así, fruto de una iniciativa legislativa popular impulsada por la sociedad civil, la ley más garantista de Europa en la defensa del derecho a la vivienda, creada para garantizar la segunda oportunidad de las familias más vulnerables y acabar con los desahucios y la pobreza energética.
Hace cuatro meses que el gobierno en funciones del PP, en un acto de servicio a la banca, interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 24/2015. Durante los 9 meses que ha estado vigente, se ha demostrado como la herramienta más garantista para frenar la emergencia habitacional y hacer cumplir la propia Constitución, el artículo 47.
El pasado viernes se hizo público que el Tribunal Constitucional (TC) mantenía la suspensión de los artículos impugnados de la Ley 24/2015 hasta que dicte sentencia. Esta decisión evidencia la presión de las entidades financieras al gobierno y al TC para mantener sus privilegios en detrimento de los derechos de todas las ciudadanas. Mientras tanto, la situación de las personas en peligro de desahucio y con deudas impagables continúa sin solución por parte del gobierno. El parque público de alquiler sigue siendo inferior al 2% del total de viviendas, dando escasas opciones a los municipios para hacerlo crecer.
Es inconcebible que el TC cuestione la constitucionalidad de la única norma que hace cumplir el artículo 47 de la Constitución, y que por encima de intereses privados se ha demostrado imprescindible para la salvaguarda del interés general de la ciudadanía. El PP y el TC hablan de estabilidad financiera como eufemismo para no decir privilegios de la banca, y de economía como sinónimo de los beneficios de unos pocos. ¿Acaso los cientos de miles de familias endeudadas y desahuciadas condenadas a la exclusión social y financiera no forman parte de la economía real? Cuando se trata de rescatar a las personas aparecen riesgos insalvables, en cambio nada pasa cuando se rescata a los poderosos. Un ejemplo es el agujero que provoca en la economía el rescate bancario que no se devolverá, o los miles de millones de euros que los bancos condonan a las constructoras y las grandes inmobiliarias, sin riesgos para la estabilidad financiera.
Por eso estamos hoy aquí en apoyo a “SIN JUSTICIA NO HAY DERECHOS” JORNADAS POR EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO, celebradas en Madrid.
El Tribunal Supremo es la cúspide del Sistema Judicial español, y ante sus puertas, exigimos al mundo de la Justicia:
- La aplicación directa de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ordenando la paralización inmediata de todos los desalojos sin alternativa de vivienda digna.
- La aplicación efectiva de la normativa europea (TJUE) que obliga a eliminar todas las cláusulas abusivas de los contratos, compensando a los afectados por los daños producidos. En consecuencia, deben anularse todos los procedimientos ya terminados en los que no ha existido derecho a la defensa y cancelar las deudas generadas en esos procesos ilegales.
- Que se investiguen y juzguen las actividades presuntamente delictivas de las entidades financieras que promovieron la burbuja y se beneficiaron de la crisis, depurando judicialmente responsabilidades políticas.
- Promover la despenalización de la ocupación de viviendas vacías por necesidad, y la tipificación del delito de usura.
- Investigar la venta de viviendas sociales a Fondos Buitre, proteger a las víctimas de sus desahucios y adoptar medidas de reparación del daño causado
- Por último, exigimos la absolución de todos los detenidos y multados por participar en las movilizaciones contra los desahucios, pues no han hecho sino cumplir con su deber de defensa de los Derechos Humanos.
Mientras logramos que todo esto se cumpla, nosotras continuaremos como hasta ahora, aplicando en nuestro día a día todo el articulado de la Ley 24/2015: parando desahucios, liberando a las familias de la deuda, consiguiendo alquileres sociales, recuperando la vivienda vacía de la banca y la Sareb, es decir, autotutela de nuestro derecho a una vivienda digna.
Nacimos para acabar con las leyes injustas y conseguir otras justas. La lucha por el derecho a la vivienda es imPAHrable: ¡¡¡Lo conseguiremos porque hay vidas en juego!!!
¡SÏ SE PUEDE! #DerechoAJusticia
