Nos sumamos al manifiesto de assemblea8m.cat:
En los últimos años, para el 8 de marzo, las feministas de toda Catalunya, como lo han hecho las feministas de todo el mundo, hemos ocupado las calles con nuestras denuncias y reivindicaciones para construir una sociedad digna fuera del sistema capitalista, heteropatriarcal, racista y colonial. Nos hemos podido contar por millones, hemos hecho huelga feminista de consumo, de cuidados, laboral, estudiantil, aportando nuestra mirada y experiencia a las concepciones de huelga general, por una huelga de todas; y este año seguimos con el convencimiento de que a pesar de la precariedad extrema, los recortes de derechos, la represión, la pandemia y el aislamiento en el que nos ha dejado esta situación, este ocho de marzo es necesario que nos autoorganicemos y recojamos fuerzas para seguir JUNTAS, DIVERSAS y REBELDES.
SI NOSOTRAS NOS DETENEMOS, SE DETENE EL MUNDO.
Este 8M las feministas volvemos a salir a las calles y expresamos nuestra rabia. Somos feministas que vivimos por todo el territorio (pueblos, barrios, escuelas, hogares, centros de trabajo y universidades). Somos mujeres con diversidad funcional, con diversidad sensorial e intelectual. Somos migradas y racializadas, gitanas y payas. Nuestras edades son todas y nos sabemos lesbianas, transgéneros, transexuales, bisexuales, inter, queer, hetero y asexuales. Somos las asesinadas, somos las presas, somos las que se han quedado en los conflictos armados, en las fronteras, en el mar Mediterráneo y en todos los mares.
La pandemia de la COVID-19, además de la crisis sanitaria, ha agravado la crisis política, social, laboral y de derechos civiles. Ha intensificado una situación crítica y estructural de desigualdades y precariedades. En ningún momento se ha visibilidad la imposibilidad del sistema capitalista de encarar los cuidados expresados en el conjunto de nuestras vidas y que afecta de forma desigual a diferentes colectivos como las mujeres migrantes y racializadas, las mujeres jóvenes y mayores, las personas diversas de identidades y géneros disidentes, las mujeres con diversidades funcionales y sensoriales, las trabajadoras sexuales, las mujeres que ejercen la prostitución…
En el momento actual, como feministas, no queremos dejar de denunciar la militarización de la sociedad, una militarización que promueve la utilización de las armas por delante de la vida de las personas, un hecho que hoy vemos claramente en la guerra declarada en Ucrania.
¡Con la pandemia o sin pandemia, nuestras acciones no se detienen!
Exigimos la derogación de la ley de extranjería por la violencia institucional y machista, por sus disposiciones racistas y patriarcales que nos violentan y criminalizan como mujeres migrantes.
La ley de extranjería vulnera derechos de ciudadanía y favorece la utilización de mano de obra a bajo coste para alimentar el sistema patriarcal de cuidados, del campo, de la limpieza… (y de estudiantes que trabajan), que es a donde van a parar la mayor parte de las personas migrantes y muy especialmente las mujeres.
También EXIGIMOS el cierre inmediato de los CIES que, en el caso de Catalunya, al no contar con un módulo de mujeres, ordena su internamiento en Valencia, dejándolas en completa desprotección, sin redes de apoyo ni derecho a defensa. También EXIGIMOS la facilitación de intérpretes en diferentes idiomas y especialistas multiculturales. Denunciamos las devoluciones en caliente, avaladas por la sentencia de Estrasburgo. Apelamos al reconocimiento del estatus de refugiadas y exiliadas. Celebramos la fuerza y salud de los feminismos decoloniales y antirracistas, y llamamos a la sororidad entre mujeres para hacer temblar privilegios.
¡REPARACIÓN HISTÓRICA, REGULARIZACIÓN YA!
Continuaremos actuando hasta alcanzar una sociedad totalmente inclusiva para mujeres, lesbianas, transgéneros, transexuales y no binarias, para que en ningún espacio de relación social y del ámbito laboral se nos rechace si no tenemos el aspecto o la imagen heteronormativa; y haremos frente a cualquier ley que no reconozca plenamente nuestros derechos. Los feminismos persistiremos en el objetivo de fomentar activamente la visibilidad y el empoderamiento de las mujeres, lesbianas, transgénero, transexuales y no binarias.
Es imprescindible nuestro reconocimiento como sujetos políticos:
¡Ninguna mujer, lesbiana, transexual, transgénero, no binaria, sin derechos!
#8MOmplimElsCArrers #8MJuntesiDiverses ·8MAutoorganitzacioFeminista
Continuaremos actuando contra la discriminación de las mujeres con diversidad funcional y sensorial, para que se nos reconozca como actores sociales y se valore lo que aportamos a la sociedad. Queremos seguir avanzando y no pararemos hasta conseguir el reconocimiento de lo que aportamos al cambio social, al enriquecimiento de la cultura y al crecimiento en diversidad. Queremos conseguir que las ayudas sociales sean herramientas que nos ayuden a alcanzar la autonomía y la libertad para decidir sobre nuestra vida.
Queremos comunidades que acompañen y cuiden todos los ciclos de nuestras vidas
Las mujeres mayores, su sabiduría y apoyo merecen todos los derechos a fin de conseguir un envejecimiento digno, con afectos y agradecimientos. Queremos pensiones dignas para todas, con pleno reconocimiento de los trabajos de cuidados, de los trabajos agrarios, ganaderas y pesqueras. La brecha de pensiones alcanza el 37% y las mujeres somos mayoría entre las pensiones no contributivas. Es el resultado de las políticas de precariedad que nos afectan particularmente a las mujeres. Damos el apoyo a la lucha de las pensionistas y exigimos pensiones 100% públicas y revalorizadas con el IPC real. ¡Redes comunitarias y autogestionadas de cuidados! Queremos una sociedad que permita a las mujeres jóvenes acceder a un trabajo remunerado digno y que puedan desarrollar proyectos de vida con futuro.
La crisis COVID-19 también ha puesto de manifiesto la escasa protección social de un sistema de cuidados y sostenibilidad de la vida, desvalorizado en todos los niveles. Este sistema es sostenido de forma muy mayoritaria por las mujeres, tanto de forma remunerada como por las tareas naturalizadas en el ámbito del hogar y en el ámbito comunitario, realizadas con sobrecargas, o externalizadas en condiciones precarias.
Las precariedades laborales se han agravado enormemente en la situación de COVID-19
En las desigualdades ya existentes en la discriminación salarial, en la subcontratación a través de contratos temporales, en las jornadas parciales no deseadas, en el paro, en los bajos salarios y en la discriminación laboral hacia las mujeres que tienen criaturas (a través de una maternidad no libre), se añaden los aspectos concretos de la actual situación pandémica. Así, encontramos que las carencias provocadas por la pandemia no solo se dan en el marco sanitario, sino por el impacto en los derechos laborales, sociales y civiles, con un gran número de mujeres que se ven afectadas por el paro o en situaciones de expedientes de regulaciones temporales de empleo y por los recortes de salarios que han generado un importante aumento de la pobreza.
Este aumento de la pobreza y precariedad no ha ido acompañado por políticas públicas que den apoyo a las personas, como es el ejemplo de la escasa y mínima aplicación y desarrollo del Ingreso Mínimo Vital o la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Exigimos la integración inmediata de las trabajadoras del hogar y los cuidados en el Régimen General de la Seguridad Social, para que sean reconocidos todos sus derechos como trabajadoras, como son el paro con prestaciones, reajustes salariales, derecho a descanso, vacaciones y jubilación digna. ¡No más pago en especies ni jornadas inhumanas de trabajo! No pararemos hasta conseguir el reconocimiento de todos los derechos laborales para las trabajadoras de este sector y la ratificación del Convenio 189 de la OIT.
Exigimos trabajo remunerado digno para todas y también las prestaciones sociales cuando sea necesario, que garanticen una vida digna para todas. Las políticas públicas han sido insuficientes, llevando a avances mínimos y que siguen reproduciendo la precariedad y la pobreza.
Las promesas de derogación de las reformas laborales no solo no se han cumplido, sino que siguen revalidándose. Esta vez bajo el discurso del “diálogo social” que disfraza la violencia patronal que sufrimos. No hay ningún progreso con una reforma firmada por la propia patronal, que lejos de responder a la reivindicación histórica de derogar la reforma laboral del PP, mantiene la temporalidad, el despido libre y barato, la no-intervención de las administraciones ante los cierres, no recupera los salarios de tramitación, e incluso plantea nuevos mecanismos de rescate a las empresas con dinero público. Por ello, este 8M gritamos con mucha fuerza: ¡Basta de mentiras! ¡Derogación real de las reformas laborales!
Rechazamos la división patriarcal de los trabajos y exigimos la socialización de los trabajos en el conjunto de la sociedad mediante servicios totalmente públicos, universales, de calidad y con perspectiva feminista. Esto también implica hablar del teletrabajo, que debe ser voluntario, realizado con derechos y que no suponga un aumento de la doble presencia. ¡Ni un paso atrás en nuestros derechos laborales!
Exigimos el reconocimiento de todos los derechos laborales y sociales de las trabajadoras de los ámbitos más precarios, que generalmente realizan migradas, de los trabajos esenciales, de los cuidados, del trabajo en los hogares, de la venta ambulante, del trabajo sexual…
Exigimos protección efectiva de las supervivientes de la trata con finalidad de explotación sexual. En numerosos sectores hay trata de seres humanos y su causa no es la prostitución, sino el cierre de las fronteras europeas, las restricciones que impone la Ley de Extranjería y la clandestinidad obligatoria.
Exigimos que las leyes garanticen los derechos de todas las mujeres, lesbianas, transgénero, transexuales y no binarias, especialmente de quienes sufren múltiples formas e interrelacionadas de discriminación.
Alertamos que la ley de libertad sexual aprobada por el gobierno español, a pesar de los avances positivos, podría significar un retroceso y criminalización de las trabajadoras sexuales y de otros colectivos ya marginales, como las personas sin hogar o las personas racializadas.
Denunciamos la grave emergencia habitacional en nuestro país. La crisis sanitaria de la COVID-19 ha agravado la situación económica y, como consecuencia, ha provocado un incremento en el número de familias que se encuentran con dificultades para seguir pagando su vivienda y con un aumento desorbitado de desahucios –a pesar de existencia de la moratoria COVID. Estamos frente a una grave situación porque la vivienda no es un bien de mercado especulativo, es un derecho humano básico.
No olvidemos que la mayoría de las personas afectadas por los desahucios somos mujeres y criaturas. Somos precisamente las mujeres las primeras en poner nuestros cuerpos ante la policía para parar día tras día los desahucios y defender el derecho a una vivienda digna.
Exigimos políticas públicas de vivienda ambiciosas y estructurales que detengan definitivamente los desahucios, amplíen el parque público y social de la vivienda y que sancionen la especulación inmobiliaria y el incumplimiento de la función social de la vivienda.
Exigimos el cumplimiento escrupuloso de la Ley 24/2015 y reanudar el Decreto ley 17/2019, obligando a los grandes propietarios (bancos, fondo buitre, particulares, etc.) a ofrecer alquileres sociales a las familias vulnerables que no pueden pagar su hipoteca o alquiler y que se han visto obligadas a recuperar viviendas vacías. Esto no se soluciona a golpe de cuerpos policiales, es necesario un plan de choque para hacer frente a las ayudas para pagar el alquiler, que se han visto congeladas ante tanta demanda.
Denunciamos la pobreza energética que condena a miles de personas a no tener garantizado el acceso a agua y energía para desarrollar sus vidas en unas condiciones dignas, afectando a nuestra salud.
Denunciamos la especulación del oligopolio energético, los precios abusivos de la luz y del gas. Nuestros derechos no son una mercancía.
Si las administraciones públicas no garantizan una vivienda digna y acceso a los suministros básicos para todas, lo haremos nosotras. ¡Solidaridad activa y apoyo mutuo en cada barrio y pueblo!
¡Ni una sola mujer en la calle, ni un solo desahucio más, ni un corte energético más!
Para construir unas vidas libres de violencias machistas e institucionales,
Denunciamos el conjunto de las violencias machistas como expresión de la apropiación patriarcal de nuestros cuerpos, que nos afecta a todas y aún más a las migradas, a las racializadas y a las trabajadoras del hogar y de los cuidados, así como a las mujeres que viven en la calle. Denunciamos la LGTBIfobia social, institucional y laboral que sufrimos muchas de nosotras, como una forma más de violencia machista. Todas estas violencias en la situación del COVID-19 se han visto aumentadas.
Denunciamos las violencias institucionales ejercidas por las administraciones públicas, que no han asumido sus competencias en la prevención, acompañamiento y reparación. Nos encontramos con situaciones de falta de recursos, revictimización, falta de coordinación entre las administraciones implicadas.
Denunciamos los procesos de guarda y regímenes de visitas en los que, de forma implícita o explícita, el llamado Síndrome de Enajenación Parental (un síndrome inexistente y negado por la OMS y el CGPJ) sigue determinándolos. También es necesario visibilizar los archivos por falta de pruebas de las denuncias por acoso de las trabajadoras del hogar y la desprotección de las mujeres ante resoluciones judiciales en los casos de retirada de las criaturas por parte de la DGAIA, basándose en prejuicios racistas y culturales.
Exigimos que el sistema judicial incorpore los estándares internacionales que son garantía para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violencias machistas; que reconozca de una vez por todas el amplio abanico de las violencias y no solo las del ámbito de la (ex)pareja. Por lo tanto, reclamamos cambios estructurales claves para la prevención, la atención y la recuperación de todo tipo de violencias machistas, y que el acceso a estos servicios sea gratuito y garantizado para todas.
Exigimos políticas públicas con mirada interseccional, recursos y medios suficientes para todas en el sistema de protección y recuperación frente a las violencias machistas en todos los ámbitos de la administración y, sobre todo, en la educación, salud, justicia… y que no actúen solo proponiendo soluciones parciales y genéricas a los problemas.
Exigimos protocolos y circuitos diversos porque las mujeres no somos homogéneas, y se valoren las múltiples violencias de las que son víctimas las mujeres racializadas, inmigrantes, precarizadas laboralmente, trabajadoras sexuales, mujeres trans y de otras realidades diversas. ¡Exigimos el fin de la violencia institucional!
Exigimos la acogida integral por las instituciones públicas de las mujeres que viven violencia machista, sin necesidad de la obligatoriedad de la presentación de una denuncia previa. Respetemos el tiempo y el proceso de recuperación de las supervivientes del maltrato machista.
¡No somos víctimas! ¡Somos supervivientes! Hemos sobrevivido gracias a la sororidad y a la autodefensa feminista
Exigimos ser todas, sin exclusiones, protagonistas de nuestra salud y dueñas de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos no son mercancías ni objetos. La investigación y la práctica médica tienen todavía un sesgo de género androcéntrico, que es necesario cambiar de arriba abajo. Queremos un tratamiento de la salud con perspectiva integral, diferencial y sin ningún tipo de estigma, a fin de conseguir la recuperación de la salud.
Exigimos la despatologización de nuestras vidas, de nuestras emociones y de nuestras circunstancias: la medicalización responde a intereses de grandes empresas y no a nuestra salud.
Exigimos que el anteproyecto de la llamada ley trans catalana que ha empezado hace pocas semanas, sea ambicioso, despatologizador y de máximos, que contemple un marco normativo de derechos para estas personas en todos los ámbitos de la vida y en especial para las mujeres trans, con una mirada amplia y de largo plazo.
Defendemos acciones que año tras año han llevado a cabo nuestras antepasadas, defendemos el camino hacia la despenalización total del aborto: las mujeres sabemos cuándo, cómo y por qué abortamos. Las mujeres debemos ser reconocidas como sujetos de derechos y soberanas. Cualquier tipo de penalización, criminalización o restricción no supone más que una expresión cruenta de violencia machista institucional. Queremos decidir ser madres o no serlo y cuándo serlo.
Exigimos que el derecho al aborto se considere como lo que es: un derecho fundamental. Por ello, debe garantizarse el derecho al aborto seguro, libre y gratuito, dentro de la red pública de salud, en todo el territorio catalán sin excepciones. Las mujeres queremos decidir cómo y cuándo abortamos sin imposiciones ni intereses patriarcales y capitalistas. Exigimos la garantía de todos los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres, especialmente las menores de edad, mujeres en situación de irregularidad administrativa y todas aquellas que sufren diferentes estigmas sociales.
Exigimos a los gobiernos estatal y catalán garantizar el acceso a la atención sanitaria pública y entender el abordaje de la salud desde la garantía de un derecho fundamental, estableciendo las condiciones para una atención sanitaria universal, de calidad y sostenible y donde las personas sean el centro.
Exigimos a los gobiernos la defensa de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos y la confrontación y erradicación de cualquier tipo de colaboración con instituciones, grupos y movimientos fundamentalistas contra la soberanía corporal de las mujeres, lesbianas y trans, empezando por la Iglesia católica.
Queremos maternidades libres, respetadas y sin violencia obstétrica. Las mujeres vivimos las maternidades de diferentes maneras y situaciones, de acuerdo con nuestro entorno social y cultural. Es necesario visibilizar los procesos vitales y decididos, incluidos el embarazo, el parto, el postparto, la lactancia y la crianza temprana; y dotarlos de derechos y recursos para poder vivir con dignidad: prestaciones universales por prole a cargo, permisos universales específicos para la protección de nuestros procesos y permisos universales transferibles de mínimo un año, sea cual sea nuestro modelo familiar. Denunciamos la situación de desigualdad y discriminación que viven las familias monomarentales.
Queremos que las madres migrantes, aquellas que se han visto obligadas a dejar su país por el miedo a ser asesinadas, vivan sin la angustia constante de la retirada de la custodia, por el hecho de no ejercer la maternidad según el modelo eurocéntrico. Un modelo que obliga a integrarse y olvidar las raíces, genera pobreza con protocolos administrativos avalados por la Ley de Extranjería y limita el acceso al ámbito laboral.
Si las madres no tienen garantizados unos ingresos universales directos para proteger a la crianza, nunca revertiremos las altas tasas de pobreza infantil y la discriminación de las madres. Por eso, también hay que penalizar a las empresas que nos discriminan, sancionándolas y protegiendo a madres y familias con derechos remunerados.
Denunciamos las políticas neoliberales que quieren utilizar la educación como mercancía. Denunciamos que en escuelas privadas concertadas y, especialmente, las del Opus Dei, segregan por sexo y fomentan valores reaccionarios. Denunciamos a la extrema derecha y al fascismo que han vuelto a la ofensiva con el fantasma del adoctrinamiento.
Exigimos la separación real y efectiva de la Iglesia y el Estado. Basta de privilegios para esta institución: ni exención de impuestos ni conciertos educativos. Ninguna impunidad por los abusos sexuales cometidos contra menores.
Exigimos una única red de educación pública, laica, inclusiva, gratuita y con perspectiva feminista, de diversidad sexual y de género. Una educación feminista que sea interseccional, y no solo en el sentido de visibilizar todas las diferencias, sino de estar comprometida con la superación de las desigualdades que se generan a partir de estas diferencias. La coeducación, la formación afectiva-sexual y el desarrollo del pensamiento crítico deben ser transversales y presentes en todas las etapas educativas.
Queremos acompañar a la diversidad afectiva-sexual, corporal y de todos los géneros e identidades, a la infancia y adolescencia, para construir roles que rompan con los estereotipos de género binario, que posibiliten la exploración libre y el crecimiento individual y colectivo y que no nos obliguen a encajar en cuerpos, identidades y sexualidades binarias o normativas.
Queremos un cambio de mirada del currículo educativo, tanto de primaria como de secundaria. Un currículo que realmente sea transformador, basado en la educación crítica y reflexiva. Que visibilice los saberes y experiencias de las mujeres en todos los ámbitos. Transgredir por transformar.
Exigimos una formación laica, inclusiva, gratuita y con perspectiva feminista para el profesorado, con calidad y continuada para poder llevar a cabo la aplicación de los protocolos para la prevención de las violencias. Una formación que rompa con el binarismo. El Departamento tiene la obligación de poner los recursos necesarios para llevarla a cabo.
Defendemos el modelo de inmersión lingüística frente a la intromisión de los tribunales en el modelo y la política lingüística, donde se obliga a todos los centros educativos catalanes a realizar un mínimo de un 25% de clases en castellano. Las feministas hemos defendido y defendemos el consenso social sobre un modelo educativo inclusivo como espacio de cuidados y socialización en una lengua, la catalana, que es la que mejor ha acogido a la diversidad y la que vive un riesgo real de desaparecer.
Exigimos el blindaje de este modelo educativo, tanto por la legislación catalana como por la legislación del Estado español que no puede dejar en manos de los tribunales ese tipo de decisiones.
Vivimos una situación sistémica en la que los poderes económicos y políticos promueven los recortes de derechos. Este embate neoliberal ha estado acompañado, en nuestro contexto más cercano, por la visibilidad de los fundamentalismos de la extrema derecha que ve peligrar sus privilegios y utiliza el sistema judicial y la violencia de los cuerpos policiales para criminalizar y estigmatizar la protesta y la disidencia no violenta.
La amenaza, persecución y agresiones a feministas y defensoras de derechos de las mujeres es una práctica en aumento por parte de los grupos y estructuras liderados por la extrema derecha. Estos grupos son protegidos y promovidos por poderes económicos claves para el neoliberalismo, tanto desde las instituciones públicas como desde la propia Iglesia católica que sigue teniendo influencia en estas instituciones, en unos gobiernos que no son laicos.
Exigimos la defensa, protección y promoción de las feministas y defensoras de los derechos de las mujeres frente a estos ataques por parte de las instituciones públicas. Con la extrema derecha no se negocia ni se parlamenta, por mucho que se encuentren en espacios institucionales. Al fascismo se le combate.
Exigimos acabar con la financiación pública a organizaciones y grupos vinculados con la extrema derecha que promuevan acciones y posicionamientos en contra de los derechos de las mujeres, lesbianas, transgéneros, transexuales y no binarias.
Exigimos el fin de la violencia policial, la judicialización de la política y la criminalización del derecho a la protesta. Desde la sororidad, la ternura y el convencimiento señalamos un sistema penitenciario que condena la disidencia política y la pobreza y donde todas las presas sufren por partida doble las discriminaciones, violencias cotidianas y perpetuación de los mandatos patriarcales.
Exigimos la paralización de la deriva represiva en Catalunya. El libre retorno de las exiliadas y la cancelación de todas las causas abiertas en torno a las movilizaciones por el derecho a la autodeterminación.
Decimos NO a la LEY MORDASSA y exigimos el archivo de todos los procesos judiciales abiertos durante las movilizaciones feministas. LLAMAMOS A LA DESOBEDIENCIA ante la ofensiva fascista y los fundamentalismos religiosos.
Denunciamos la militarización de la sociedad, una militarización que ha aumentado en este tiempo de pandemia. Denunciamos el aumento del presupuesto destinado al Ministerio de Defensa y exigimos que el presupuesto militar se destine a necesidades sociales. El militarismo es un arma de control contra nuestros cuerpos, promueve las guerras y destruye los derechos más elementales de las personas en todo el mundo. Tenemos un claro ejemplo en el conjunto de actuaciones represoras contra la libertad de expresión. Desde los feminismos manifestamos que no daremos ni un paso atrás y que nos rebelaremos ante cualquier ataque de la derecha y del fascismo.
Exigimos la inmediata retirada de todas las tropas y armamento de guerra en las fronteras de Ucrania, tanto por parte de Rusia como por parte de la OTAN. Exigimos que paren los bombardeos contra la población civil ucraniana y pedimos el paro de los ataques de forma inmediata. Por tanto, denunciamos el envío de tropas por parte del gobierno español y su retirada de la OTAN. Y denunciamos la injerencia de los EE.UU. con el envío de tropas por su parte. Exigimos que se utilicen todos los esfuerzos por una negociación para conseguir la paz, al margen de los intereses políticos y económicos que no están a favor de la paz y que no hacen sino promover la guerra.
La guerra es todo lo contrario de sostener la vida de las personas y del planeta.
Denunciamos la emergencia climática
Denunciamos la invisibilización y la desvalorización de los procesos de sostenimiento de la vida y de los ciclos naturales de la Tierra. Somos cuerpos que dependemos de otros cuerpos, que formamos parte y dependemos de la naturaleza, pero como siempre, los impactos de la crisis socioecológica no son iguales para todas y amenazan a territorios, rurales y urbanos, a seres vivos y comunidades humanas, especialmente, a mujeres indígenas y pueblos originarios.
Denunciamos la pérdida de la soberanía social, política y económica, junto con el entramado de los poderes fácticos y la falsa ilusión de que vivimos en una democracia de crecimiento ilimitado que respeta los DDHH y ambientales, pero que en la sombra destruye las bases materiales que nos permiten vivir dignamente.
Denunciamos que el extractivismo criminaliza la protesta y mata, además de acelerar los fenómenos climáticos extremos, como sequías, incendios, huracanes e inundaciones. La consecuencia es la expulsión de pueblos enteros, ocasionando procesos migratorios y la expansión de enfermedades climáticas y acentúa las desigualdades en el acceso a los bienes naturales y suministros básicos, especulando en bolsa con el agua o los alimentos y extendiendo la pobreza energética.
Exigimos justicia social y climática. Exigimos un decrecimiento económico, una transición ecosocial y una cultura regenerativa y feminista que recupere las soberanías a través de una gestión pública y comunitaria, que garantice el acceso universal a los servicios básicos, como el agua y la energía. Exigimos la defensa de los DDHH y nos solidarizamos con las defensoras de la tierra perseguidas y amenazadas y que arriesgan su vida por defender el agua, el territorio y los ecosistemas. Ni ampliación del puerto ni del aeropuerto, ni Juegos Olímpicos de invierno en el Pirineo.
Nos posicionamos contra las empresas transnacionales y las corporaciones financieras. Contra las políticas de la Unión Europea y los Estados miembros, como los Tratados de Comercio e Inversión o como el Fondo Europeo de Recuperación “Next Generation” que, con la excusa de una revitalización económica y una transición ecológica, suponen en realidad una gigantesca y descarada financiación a las élites económicas con dinero público, socializando las deudas y provocando nuevas oleadas de privatizaciones y recortes en los servicios y prestaciones sociales públicas. Nos queremos vivas, libres y desendeudadas: ¡por la cancelación de todas las deudas!
Este 8 de marzo, las feministas seguimos con nuestros objetivos de derribar el sistema capitalista, heteropatriarcal y colonial para deconstruir una sociedad en la que las mujeres, lesbianas, transgénero, transexuales y no binarias vivamos vidas dignas en libertad.
Las feministas estamos en todas partes del mundo y más vivas que nunca.
Desde Catalunya sentimos las feministas de Afganistán, Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Etiopía, Filipinas, Guatemala, Guinea Conakry, Honduras, Yemen, India, Libia, Malí, México, Mozambique, Nicaragua, Níger, Palestina, Perú, Rojava, Sáhara, Siria, Sudán, Chad, Ucrania, Chile… los latidos de las mujeres que luchan por todo el mundo, porque son también los nuestros.
¡Nos rebelamos desde nuestras diversidades y hacemos un llamamiento a las manifestaciones convocadas el 8 de marzo por los movimientos feministas! Llamamos a participar en todas las movilizaciones y todas las acciones en ciudades, barrios y pueblos, en los paros y huelgas en los puestos de trabajo remunerados para quien las quiera secundar, y acceso a los centros educativos. Lo que nos une es visibilizar más que nunca el 8 de marzo.
No queremos sostener nosotras solas la vida. Vamos a sentir la fuerza y el calor que todas sumamos, cada una de nosotras y en colectivo. Oyendo a la Tierra gritar, sabemos que tenemos la fuerza y el empuje de ser millones para conseguirlo. Nos declaramos comunidades de acción y de resistencia feminista y celebramos nuestras alianzas, por encima de nuestras diferencias, por la vida, por la comunidad, por la posibilidad de seguir existiendo con dignidad.
Juntas, diversas y rebeldes, ¡somos imparables!
¡Las feministas antipatriarcales, anticapitalistas, anticoloniales y antirracistas estamos aquí!