Anny y su familia han sido desahuciadas porque la jueza está al servicio de los especuladores y no de las personas protegidas por ley
Hoy es un día triste para Anny, su familia y toda la familia de PAH Barcelona. Hoy la jueza del juzgado número 20 de primera instancia de Barcelona ha decidido desahuciar a una familia vulnerable, contraviniendo lo que indica la Ley 11/2020. No lo hubiera podido hacer sola, ha tenido la ayuda indispensable de la comitiva judicial, del SAC y de los Mossos d’Esquadra.
Desconocemos los intereses que pueda tener la jueza para cometer tal atropello, tal vulneración de los DDHH y ponerse al servicio de Divarian y del BBVA que es el que interpuso la demanda. Una jueza y una propiedad inhumana, salvaje, que no ha atendido a ninguno de los recursos que se le presentaron justificando la situación de vulnerabilidad de la familia, los problemas de salud (uno de los hijos sufre brotes psicóticos e intentos de suicidio) y la vulneración de la ley que se estaba produciendo. Quería desahuciar a cualquier coste, sea material o personal.
Durante el desahucio se lo hemos explicado al procurador, en contacto permanente con la propiedad, a la comitiva judicial, en contacto permanente con el SAC, a los Mossos… todos decían que cumplían órdenes y se escondían cobardes detrás de una jueza que estaba incumpliendo la ley. Todos sabían del riesgo para la salud de la familia de que se ejecutara el desahucio, pero a nadie le ha preocupado lo suficiente ni para llamar a un médico forense que certificara si su estado de salud podía soportar esa situación.
Todos tenían un solo objetivo: desahuciar a una familia vulnerable, costara lo que costara, incluso vidas humanas (si es que para ellos son vidas humanas o las han deshumanizado tanto que ya no las reconocen como tal).
Mientras escribimos esta nota, Anny está camino del hospital; el resto de la familia no sabemos en qué estado están ni dónde irán, tienen sarna y el Ayuntamiento dice que no pueden ir al CUESB y que no tienen pensiones o un lugar donde realojarlos (aunque la ley también les obliga a ellos).
Y esta es la sociedad donde vivimos, donde el Govern manda a 7 furgones antidisturbios para desahuciar a una familia vulnerable, donde una jueza decide contravenir lo que dice la ley con total impunidad, sin miedo, ni a que el poder judicial ni nadie le diga nada, unos procuradores al servicio de un fondo buitre norteamericano y de un banco con beneficios históricos, sin mayor objetivo que maximizar sus beneficios a cualquier coste. Del otro lado, una familia que no consigue ni que se le aplique la ley que la ampara. Ley que no hubiera existido sin la presión de la PAH y el resto de movimientos por el derecho a la vivienda.
Hoy estamos tristes, pero mañana volveremos a levantarnos con más fuerza, con más determinación, para luchar contra los jueces que prevarican, contra Divarian, el BBVA y los buitres y sus cómplices necesarios, para que en Barcelona, Cataluña y España se dejen de vulnerar los Derechos Humanos más elementales cada día decenas de veces.
¡Sí se puede!