Las entidades impulsoras hacemos pública la nueva campaña “¡Contra la especulación, defendamos el 30%!” para detenerla
Las entidades sociales impulsoras de la medida del 30% de vivienda protegida en Barcelona hemos celebrado hoy una rueda de prensa para denunciar la voluntad firme del ayuntamiento socialista de Jaume Collboni de desactivarla con modificaciones. Recordemos que estamos hablando de una medida que obliga a los promotores de vivienda a destinar el 30% de las nuevas construcciones o grandes rehabilitaciones para vivienda protegida -tanto de compra como de alquiler.
La ubicación escogida para la rueda de prensa no es casual. Se trata de la futura nueva promoción del número 1B de la calle Pelayo, que hoy día son apenas los cimientos y el primer piso de un futuro nuevo edificio de 13 viviendas a menos de 500 metros de plaza Catalunya, que incorporará viviendas a precio regulado, todo un ejemplo de la utilidad de esta medida como herramienta de cohesión social, evitando que las vecinas sean expulsadas hacia una periferia cada vez más lejana y dejando el centro como una ciudad-escaparate para el turismo y para una minoría de superricos que pueden comprar pisos de lujo.
Hasta diciembre de 2018, año en que se aprobó el 30% en Barcelona, la primera ciudad de toda Cataluña donde se ganó, la vivienda protegida sólo podía situarse en nuevas zonas de crecimiento, fuera de la ciudad (suelo urbanizable) o en zonas de grandes transformaciones internas (suelo urbano no consolidado: como el 22@ o la Sagrera), por lo tanto, en la ciudad construida prácticamente no se podía hacer. Con el 30% son los propios promotores privados quienes tienen la obligación de incluir vivienda asequible en los nuevos edificios, por lo que podemos distribuir vivienda por debajo del precio de mercado y favorecer la cohesión social y urbana (los criterios de acceso a la vivienda protegida son extensibles al 75% de la población), igualándonos a las experiencias europeas más avanzadas. Ciudades como París o Viena ya aplican medidas similares, por lo que el parque de vivienda asequible es del 20%, cuando en Barcelona y en el resto de Cataluña es del 1,5%, una de las tasas más bajas de Europa.
Jaume Collboni, líder del Partido Socialista y alcalde de la ciudad de Barcelona, creó a finales de septiembre un grupo de expertos para “ajustar” la medida, después de constatar que “no funciona”, sin aportar ningún estudio que lo demuestre, y de intentar −primero en el Pleno sin conseguirlo en plena campaña electoral, y tras las elecciones en la comisión de urbanismo aliándose con Trias y PP− aprobar dos resoluciones que proponen recortar el 30%. ¿Pero, realmente la medida no ha funcionado tal y como dicen los socialistas?
Boicot a la medida desde el primer minuto
En estos últimos años la medida ha logrado unos 60 pisos protegidos. Si bien no es una cifra particularmente alta, esto se debe a varias cuestiones que nada tienen que ver con su potencial.
En primer lugar, porque tanto el PSC como ERC pusieron como condición para aprobar la norma que no se aplicara la suspensión de licencias mientras ésta se tramitaba. Por tanto, los promotores tuvieron unos cuantos meses para solicitar licencias antes de que entrara en vigor, lo que provocó un alud de casi 600 licencias de obras mayores y certificados de aprovechamiento urbanístico más que en el 2017.
En segundo lugar, se aplazó durante 2 años la entrada en vigor de la norma para las operaciones en curso, lo que supuso que unos 57 expedientes quedaran exentos de cumplir con el 30%, porque ya tenían certificado urbanístico o por haber justificado una compraventa antes de julio de 2016. Estos expedientes, de no haberse dejado pasar, habrían sumado 425 viviendas protegidas en la ciudad.
Por si fuera poco, la crisis sanitaria del 2020 lo empeoró todo, quedando parada la actividad constructiva en todas partes, lo que retrasó 2 años más la aplicación de la norma, que funciona en las grandes promociones y rehabilitaciones. Por no hablar de las picarescas de los promotores, que en algunos casos optaban por pedir un enterado o comunicado de obras menores, o subdividían las promociones de las fincas para evitar sobrepasar el número de m2 que les obliga a cumplir la norma.
Por otra parte, también ha tenido que ver la pasividad del propio ayuntamiento a la hora de hacer cumplir la norma, ya que no ha hecho suficientes inspecciones ni ha sancionado a quien se saltaba la ley. De hecho, como mínimo habríamos ganado otras 120 viviendas protegidas, contando los incumplimientos detectados y por los que se anunció la apertura de expedientes sancionadores en 2022. Con una vigilancia real del cumplimiento del 30%, podrían ser muchas más.
Por todo ello, no es casual que en el 2023, cuando la medida apenas empieza a funcionar al 100%, hayan surgido las críticas sobre su funcionamiento. Conocemos sobradamente las maniobras de los lobbies especuladores para no perder ni un pedazo del negocio que hacen con la vivienda: primero amenazaron con un “Armagedón” o la ruina si se aprobaba el 30% y no fue tal; después presionaron para que no se suspendieran las licencias, restando potencial inicial a la medida; una vez aprobada, la impugnaron en los Juzgados para tumbarla sin que les dieran la razón; y actualmente, pregonan que no funciona, en una especie de “profecía auto-cumplida” y con el altavoz de Collboni y Trias para que la recorten o la vacíen de contenido.
Es evidente que estos intentos de derogarla tienen el objetivo de proteger los beneficios de las promotoras, y por eso Collboni ha formado un grupo de “expertos” para “modificar” la norma, entre ellos, por alguna razón, no hay ningún representante de la sociedad civil ni mucho menos ninguna de las organizaciones que la impulsamos. En cambio, aunque el alcalde no ha hecho público quién conforma este grupo, no nos extrañaría que participe la propia Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), y por ello exigimos que se haga pública su composición. De ser así, claramente este grupo de expertos liderados por Carme Trilla no tendrá ningún tipo de credibilidad.
Lo que debería hacer el actual gobierno es destinar recursos al despliegue de toda la medida y a velar por que todos los promotores la cumplan, incluyendo recursos humanos y económicos destinados a inspección y sanción. En el supuesto de que se quiera reforzar, se debería ir en la línea de que la vivienda protegida sea de alquiler o de reducir la superficie mínima donde se aplica a las zonas de la ciudad donde el tejido urbano y los solares son más pequeños, como ya se hizo en el barrio de Gràcia. Es inadmisible el cuestionamiento de esta norma en un contexto en el que el 60% de la población de Barcelona cumple los criterios de ingresos para optar a una VPO, sobre todo sabiendo que el parque actual se está perdiendo: en 2018 quedaban 19.000 VPO con calificación vigente y se calcula que en 30 años (en 2048) se habrán descalificado el 88%. Por otro lado, la población está destinando más del 40% de su sueldo a pagar la vivienda, con unas cifras de precio de alquiler completamente disparadas.
La ciudadanía de Barcelona no merece dar pasos atrás en materia de vivienda. Nos jugamos la posibilidad de permitir que las familias puedan quedarse a vivir en su ciudad −tanto en el centro como en los barrios− a un precio asequible a través de aportaciones de los privados a las nuevas grandes promociones o rehabilitaciones. De lo contrario, seguiremos viendo cómo los pisos de lujo colonizan sin cesar los barrios centrales y el Eixample y las vecinas son expulsadas de su casa.
Advertimos que si no se detiene este intento de recortar el 30%, ¡nos movilizaremos en la calle! ¡Hacemos también un llamamiento a todo el tejido social de Barcelona para que participe y apoye las acciones de protesta que convocaremos a partir de hoy!
El 30 por ciento no se toca. ¡Defendamos la vivienda protegida!