A pesar de contener algunos avances, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al estado de emergencia provocado por la COVID-19, sigue dejando a mucha gente atrás con carencias importantes
Las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de Vivienda, para paliar los efectos de la paralización de la actividad económica, son un nuevo rescate encubierto a la banca y grandes propietarios, basándose otra vez en una transferencia de dinero público al sector inmobiliario español. Hablamos de medidas muy limitadas en su efecto sobre las familias, que son empujadas a endeudarse aplazando los pagos, con el único objetivo de pagar las rentas a los fondos buitre, Socimis y la banca. La moratoria inicial de un mes en el pago de la hipoteca, ya resulta claramente insuficiente, con grandes complicaciones para acogerse a ella. La moratoria de alquileres genera soluciones a nuestro cargo e incompletas, y lo mismo pasa con la moratoria en el pago de suministros básicos. También es totalmente injusto, y crea sectarismo social, la diferencia de trato hacia las personas hipotecadas y las inquilinas. Valoramos como positiva la prórroga extraordinaria de contrato de 6 meses, manteniendo así los términos y condiciones del contrato actual y evitando las subidas de alquiler, pero nos parece que es un tiempo escaso, ya que la salida de esta crisis sanitaria nos va dejar en una situación de recesión económica.
El Gobierno va en camino de repetir la historia de la crisis financiera, abandonando a las familias, que no son responsables de su situación. La solución socialmente más justa, para que esta crisis no la volvamos a pagar las de siempre, pasa por exigir la exoneración de las cuotas de alquiler a los grandes propietarios y facilitar líneas de crédito a los pequeños.
La PAH, desde el comienzo de la crisis sanitaria, hemos defendido la exoneración total del pago, tanto de hipotecas como de alquileres ‒mientras dure la crisis y algunos meses más‒, para las familias en situación de vulnerabilidad. Esta petición no es gratuita, dado que, por una parte, los cobradores de las hipotecas son los bancos, a quienes rescatamos con más de 65.725 millones de euros que no han devuelto. Los grandes tenedores de vivienda son de nuevo los bancos, las Socimis y los fondos buitre. Estos últimos, además, se han hecho propietarios de sus enormes parques comprando lotes completos de viviendas a los bancos, muchas de las cuales proceden del millón largo de desahucios ejecutados desde 2008.
Sí es importante la medida de suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional derivado de contratos de arrendamientos por 6 meses, pero es por un tiempo muy limitado y quedan fuera los desahucios por precario. Por eso la PAH llevamos años exigiendo la suspensión de todos los desahucios sin alternativa habitacional de forma indefinida, sea cual sea la causa, ya que nosotras no nos olvidamos de aquellas familias que se han visto obligadas a vivir en precario, para dar respuesta al acuerdo internacional que España firmó y por el incumplimiento del cual ya ha recibido 2 informes condenatorios por parte del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU. Solo pedimos que España cumpla sus compromisos y que proteja a las familias vulnerables, hoy y siempre. Es necesario cambiar el terreno de juego. Optar por los derechos humanos y constitucionales por encima de los intereses de la banca, del resto del lobby del capital especulativo de Fondos y Socimis. Hacer una política valiente que permita la expropiación temporal del uso de viviendas vacías de la banca y la Sareb. Y, con una fiscalidad progresiva, imponer a Fondos y Socimis unas reglas de corresponsabilidad social, para poder dar respuesta a la emergencia habitacional.
Ayer conocimos la destrucción de 900.000 empleos desde el inicio del estado de alarma, con un aumento histórico del paro en marzo, de 302.265 personas, sumado a la incertidumbre de cómo se resolverán los miles de ERTES presentados, que podrían terminar elevando las cifras del paro a términos que no queremos ni imaginar. Esta pandemia está destruyendo vidas (en todos los sentidos) y empleos. Cuando esto acabe, muchas pequeñas empresas, autónomos y trabajadores habrán perdido mucho, pero los bancos rescatados, los fondos buitre, las Socimis y las energéticas no habrán aportado nada, cobrarán sus cuotas de hipotecas, sus rentas de alquiler y sus recibos de consumo, volviendo a irse de rositas, como de costumbre; con el hacha preparada para seguir desahuciando. Si hay que apretarse el cinturón, nos lo apretamos todas. Si hay parón de producción, que afecte a todas las actividades, también a las rentas del capital, y que paguen su parte correspondiente de la crisis.
En el nuevo Decreto se alude a la existencia de un porcentaje del 85% de pequeños propietarios dentro de la estructura de tenedores de vivienda en alquiler, lo que representaría por tanto un volumen considerable de personas que dependen de esta renta para vivir. No obstante, esto no coincide con la realidad que llevamos años denunciando; invitamos al Gobierno a publicar los datos oficiales que avalen tal afirmación. Como publicaba ayer l’Observatori Metropolità d’Habitatge de Barcelona, en la ciudad de Barcelona el 17% del parque de viviendas está en manos de propietarios con más de 10 pisos. Además, cuestionamos la definición de gran tenedor que ofrece el Gobierno, aludiendo a aquellas personas físicas con más de 10 viviendas; nos parece abusivo e irreal que se meta en el mismo saco a pequeños tenedores que sí necesitan cobrar el alquiler, con los que viven muy bien de las rentas de alquiler, con el precio medio de cualquier ciudad multiplicado por 10.
Denunciamos que este Gobierno no haya sido capaz de hacer pagar un euro a los grandes propietarios de vivienda. Nos parece inconcebible que el lobby de la banca, fondos y Socimis hayan impuesto su ley, y que se siga subvencionando con dinero público las ayudas que vuelven a ir a parar a los bolsillos de los especuladores. No se puede entender la falta de responsabilidad de la Banca rescatada, con una deuda aún pendiente de 65.725 millones de euros; que ha instado 1.002.000 desahucios; que se quedó con nuestras viviendas utilizando prácticas mafiosas de cláusulas abusivas; que se ha enriquecido titulizando centenares de miles de créditos. Esta Banca que ha conseguido que la Administración haya estado a su servicio, rematando la jugada con la creación de la SAREB y la reventa de centenares de miles de vivienda a los Fondos Buitre. Fondos a quienes se les ha permitido adquirir viviendas sin control, a unos precios tirados, que están instalados en paraísos fiscales y que, cada vez que se les señala, cortan dedos. Faltaba la creación de las Socimis, donde todos ellos y más confluyen en unas sociedades que buscan en el alquiler el lucro sin medida, y que no pagan el impuesto de sociedades, manipulan los precios a través de los portales inmobiliarios, y se les permite saltarse eso que llaman libertad de mercado, introduciendo prácticas de tiempos monopolistas para imponer precios impagables a miles y miles de ciudadanos.
Esta crisis no puede ser el motivo para causar mayor sufrimiento a los de siempre y que un mayor número de personas pierdan su hogar. Por eso esperamos del gobierno una voluntad política más consecuente, que dé seguridad a las personas y familias vulnerables de que eso no va a suceder. Porque si algo nos demuestra esta crisis sanitaria, es que hay que poner la vida en el centro, y sin vivienda esto no es posible. Hay que dejar atrás la especulación y la mercantilización de nuestros hogares. No queremos viviendas vacías; queremos que tengan una función social y que la propiedad esté al servicio también del interés colectivo para conseguir el necesario Parque Público de vivienda.
Si el Estado y el Gobierno no dan una respuesta social suficiente a la crisis económica rescatando a las personas, como hizo con los bancos, nos tendrá enfrente. Y cuando acabe el confinamiento retomaremos nuestra campaña de movilizaciones. No vamos a consentir que siga habiendo más vidas en juego pagando los efectos de esta nueva dramática crisis. Esta sociedad no puede darnos la opción de comer o vivir bajo un techo. O de comer y pagar los suministros.
El horizonte está marcado por los derechos humanos y constitucionales. Lo seguiremos defendiendo, ya sea desde el confinamiento o cuando volvamos a retomar las calles. Seguiremos presionando para construir un hoy esperanzador y un mañana digno, con nuestra campaña #ViviendaPorDerecho y junto a todas las organizaciones sociales, unidas para hacer efectivo un Plan de Choque Social real.
En este enlace encontrarás un análisis de las medidas en alquileres para enfrentar la COVID-19, que te ayudarán a conocer en qué situación te encuentras.