El gobierno de la Generalitat ha hecho pública la suspensión de la ley 4/2016 de protección del derecho a la vivienda de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión residencial, como consecuencia del recurso del gobierno del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. Esta ley nació para sustituir la también suspensa ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, proveniente de la Iniciativa Legislativa Popular que impulsamos, junto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Alianza contra la Pobreza Energética. Sólo la parte relativa a los cortes de suministros permanece vigente. Después de una cumbre social convocada por el presidente Puigdemont, con presencia de partidos políticos, entidades sociales y sindicales, se tomó la decisión de elaborar una nueva ley que permitiera abordar la problemática de la vivienda. Hay que tener presente que la competencia exclusiva en materia de vivienda la detenten las comunidades autónomas.
Como miembro del Grupo Promotor de la ILP vivienda, La PAH participamos al grupo de trabajo para la creación de la nueva ley que lo tendría que sustituir, junto con actores municipales y expertos jurídicos. El resultado lo valoramos de forma crítica, puesto que, con el objetivo de evitar el recurso de inconstitucionalidad, la ley incorporaba medidas costosas y poco valientes. Las situaciones a que la norma daba cabida también eran limitadas. A día de hoy, la aplicación de esta ley resta incierto, su aplicación ha sido casi nula.
Sin embargo, valoramos el recurso de la ley por parte del gobierno español como un ataque a los derechos sociales más fonamentgals. La suspensión de la ley constata que, a pesar del Gobierno de la Generalitat buscara medidas menos osadas para conseguir una mejor ensambladura con la visión del derecho de propiedad sesgada -la del PP- que recorta su función social -ampliament reconocida en las leyes y la jurisprudencia-, el Gobierno del estado no está dispuesto a proteger en ningún caso ni de ninguna forma el derecho a la vivienda. No olvidamos además que tanto la Ley 24/2015 como la Ley 4/2016 estaban avaladas por el Consejo de la Abogacía Catalana. Queda claro pues que el gobierno del Partido Popular no permite que se legisle para proteger los ciudadanos.
Los artículos impugnados y los motivos:
