Exigimos a los presidentes Illa y Sánchez una respuesta inmediata coordinada ante la anulación de la ampliación de las medidas antidesahucios de la Ley 24/2015 conseguida con la Ley 1/2022
El Tribunal Constitucional ha dictado una nueva sentencia antisocial que limita mucho la medida del Alquiler Social Obligatorio para familias vulnerables cuando el propietario es un gran tenedor de vivienda. Esta medida fue impulsada por la Iniciativa Legislativa Popular de vivienda en 2014, aprobada por unanimidad en el Parlament en 2015 (Ley 24/2015) y cuyo alcance fue ampliado por la Ley 1/2022. Hoy el Tribunal ha hecho pública una nota de prensa en que se detalla la afectación y listan los artículos que quedarían anulados. A la espera de que se publique la sentencia completa, para conocer el alcance y los motivos, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 publicamos hoy un comunicado de urgencia para clarificar el escenario actual.
El Tribunal Constitucional ha anulado por cuestiones competenciales el alquiler social para familias vulnerables que viven en viviendas propiedad de grandes tenedores y que se les extinga el contrato de alquiler ordinario o el de alquiler social actual, así como las que viven en situación de ocupación anterior al 1 de junio de 2021. En estos casos, el gran tenedor no estaría obligado a ofrecer un alquiler social, y la obligación sólo quedaría vigente en casos de ejecución hipotecaria y dación en pago.
Igual que pasó con el control de los precios de los alquileres, el argumento o argucia competencial de que “quien tiene que regular es el Estado y no las comunidades autónomas”, pone ahora en peligro el único mecanismo de urgencia que ha permitido parar miles de desahucios y proteger el derecho a la vivienda en Cataluña. Nos encontramos ante un escenario sin precedentes, en que los ayuntamientos se quedarán sin herramientas para hacer frente a los desahucios, las familias se quedarán desamparadas, y la situación de emergencia habitacional comportará tasas de pobreza y exclusión más elevadas.
Los responsables: las formaciones políticas anti-derechos y pro-especulación
El PP y VOX impugnaron hace dos años la Ley 1/2022 respondiendo a las demandas de la banca, buitres y especuladores. El Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez impugnó también el alquiler social para familias que viven sin título en pisos de bancos y buitres. Ahora, el Tribunal Constitucional ha actuado una vez más en contra de la ciudadanía y en beneficio de la especulación.
Recientemente, también hemos visto como Junts ha hecho caer la propuesta de ley promovida por el Sindicat de Llogateres de regulación del alquiler de habitaciones y de temporada. Todas estas actuaciones agravan la crisis de vivienda, intensifican las desigualdades sociales a favor de los grandes tenedores y debilitan cada vez más a las instituciones, generando una desafección y desconfianza de la ciudadanía hacia la política y el sistema judicial.
Hemos hecho posible lo imposible: ¡ahora exigimos respuestas a los poderes públicos!
Ante esta sentencia hay que recordar que del 2017 al 2023 se han ofrecido un total de 19.925 alquileres sociales gracias a la Ley 24/2015, una cifra equivalente a los desahucios que se han podido evitar (datos facilitados por la Agència d’Habitatge). Estas cifras demuestran la eficacia y la necesidad de mantener y reforzar estas medidas, que recordamos vienen promovidas y defendidas desde la calle.
Según el propio Tribunal Constitucional, los contratos de alquiler social firmados hasta el momento se mantendrán vigentes y no se verán afectados por la sentencia. También se conserva el alquiler social obligatorio en casos de hipoteca y daciones en pago.
Ahora, mientras el Estado no regule el alquiler social a nivel estatal o habilite a las comunidades a hacerlo, el nuevo Gobierno catalán tiene la responsabilidad de dar soluciones a esta situación, cumpliendo el artículo 5.6 de la Ley 24/2015 y realojando a las familias vulnerables que sean desahuciadas.
Queremos destacar también que el Tribunal Constitucional valida la constitucionalidad de la cesión obligatoria de viviendas vacías de grandes tenedores, siempre que sean empresas; esto quiere decir que si llevan vacías más de 2 años, incluidos los casos en que mientras tanto se haya vendido u ocupado el inmueble, la Administración puede declarar el incumplimiento de la función social de la vivienda para incorporarla al parque de alquiler social durante 7 años. ¡Exigiremos la aplicación inmediata y a gran escala de este mecanismo!
Reclamación urgente a los presidentes Illa y Sánchez
Exigimos una reunión urgente con el presidente Sr. Salvador Illa para abordar esta grave situación y encontrar soluciones eficaces para proteger el derecho a la vivienda y evitar que más familias queden desamparadas ante una justicia y partidos al servicio de intereses privados.
Reclamamos al presidente que convoque con urgencia una cumbre en la Generalitat con las entidades sociales promotoras, los grupos parlamentarios que la aprobaron -PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP- y representantes de los municipios catalanes. Esta fue la reacción del Gobierno presidido por Puigdemont en 2018, cuando fue anulada la Ley 24/2015 original, y es necesario que el nuevo Gobierno catalán responda.
A la vez, reclamamos también al presidente Sánchez y a la vicepresidenta Yolanda Díaz que el ejecutivo responda al ataque del poder bancario-inmobiliario contra las leyes antidesahucios, impulsando un cambio legal para aprobar el alquiler social a nivel estatal o habilitando a las comunidades autónomas para que puedan hacerlo, del mismo modo que se ha regulado con la contención de rentas. Las organizaciones sociales que impulsaron la “Ley de Vivienda”, con la PAH al frente, ya pusieron sobre la mesa esta exigencia que finalmente no se incluyó en la Ley 12/2023.
No nos quedaremos de brazos cruzados y reaccionaremos a todos los niveles ante este nuevo ataque de la banca, los especuladores, los buitres y los partidos y tribunales a su servicio.
Miles de familias pueden ser desahuciadas en Cataluña en los próximos meses. ¡No lo permitiremos! ¡Exigimos una respuesta inmediata al presidente Salvador Illa y al Gobierno!
Grupo Promotor de la Ley 24/2015