Las propuestas aportadas por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña siguen siendo insuficientes. La Delegación de Gobierno del Estado, una vez más con su ausencia, muestra su nulo interés en las familias
Barcelona, 26 de septiembre de 2019
El pasado 29 de julio el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno de la Generalitat, en la última reunión del Gabinete de Crisis, se comprometieron a traer en septiembre un plan ejecutivo especificando medidas, presupuesto y calendario de implementación para acabar con los realojos indignos. Actualmente hay, solo en Barcelona, casi 600 familias que se encuentran realojadas en albergues o pensiones y 553 familias en lista de espera en la Mesa de emergencia, con una espera de casi dos años, totalmente inadmisible. Mientras las familias son realojadas indignamente, muchas de ellas fuera de sus barrios, sin cocinas y con baños compartidos, sin tener en cuenta las necesidades familiares, espacios para el estudio de los niños, o incluso muchas de ellas sin cumplir con unos mínimos de higiene.
Ante situaciones excepcionales se necesitan soluciones innovadoras. En este sentido las propuestas aportadas hasta el momento por las administraciones Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat de Cataluña han sido totalmente insuficientes. Por su parte, la Delegación de Gobierno del Estado ha seguido mostrando su nulo compromiso social con las familias, absteniéndose de participar en los encuentros y sin aportar ningún tipo de propuestas. La responsabilidad de la emergencia habitacional que sufrimos es compartida entre las tres administraciones. Esperamos que en un futuro repiensen su actitud y aporten soluciones.
En el encuentro de hoy hemos participado diferentes colectivos que trabajamos por el derecho a la vivienda en la ciudad de Barcelona: 500×20, Oficina d’habitatge de Gràcia, Resistim el Gòtic, Grup d’Habitatge de Sants y la PAH de Barcelona. La situación es insostenible. Llevamos tiempo reclamando que se cumpla la Ley 24/2015 que obliga a las administraciones a ofrecer un realojo digno a las familias que han sufrido un desahucio.
Hoy, las propuestas de las administraciones no presentan ninguna solución real a la emergencia que sufren las familias. El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un plan con medidas concretas pero claramente insuficientes. Por parte de la Generalitat, una vez más nos ha remitido a buenas intenciones pero sin unas acciones concretas ni presupuesto. Hemos echado en falta un trabajo conjunto entre las administraciones competentes, y sobre todo, el entendimiento de que la emergencia requiere medidas inmediatas e innovadoras, que recordemos que podrían haberse llevado a cabo desde 2015 cuando se aprobó la Ley 24/2015.
Desde las entidades de Barcelona que trabajamos por el derecho a la vivienda tenemos claro que es cuestión de voluntad política poner fin a esta situación. Las administraciones deben estar al lado de la ciudadanía y no de los grandes bancos y fondos buitre o de inversión. Seguiremos presionando y vigilantes para que se garanticen nuestros derechos, y no cejaremos hasta conseguirlo. Invitamos a todos los colectivos y personas a sumarse a esta lucha que es de todas. ¡Las familias no pueden esperar más!