#HemDecidit #HemosDecidido

PorPAH_Bcn

#HemDecidit #HemosDecidido

Vivimos momentos clave para el derecho a la vivienda. La sangría de desahucios y abusos inmobiliarios no se ha detenido en ningún momento de la pandemia, como tampoco lo han hecho los miles de personas que luchan contra estos mismos abusos desde el movimiento por la vivienda. Más allá del drama de los desahucios, el problema de la vivienda afecta a la mayoría de sectores sociales, ya que las personas trabajadoras pagan por vivir en su vivienda un porcentaje muy alto de sus ingresos, siendo una de las principales causas de empobrecimiento. Cada día que pasa se hace más evidente que el sistema inmobiliario es absurdamente injusto, hasta el punto de que hoy ya nadie puede evitar el debate sobre el derecho a la vivienda: jueces, gobiernos y rentistas se han visto obligados a mover ficha.

Esta situación no es ninguna novedad para muchos barrios y pueblos, donde desde hace muchos años las asociaciones vecinales, los sindicatos y las PAHs aseguran con sus cuerpos el derecho a la vivienda parando desahucios cada día. Sin embargo, en los últimos años esta lucha ha llevado también a victorias importantes en el Parlament, donde se han aprobado leyes que por fin situaban las vidas de las personas por encima de los beneficios de unos pocos. Es el caso de la Ley 24/2015, que obligaba a los grandes tenedores a hacer alquileres sociales en caso de vulnerabilidad, y evitaba así muchos desahucios. Y también es el caso de la regulación de los alquileres, que prohibía las subidas injustificadas de precios que llevan años estrangulando a las personas arrendatarias. En definitiva, la sociedad catalana ya ha decidido que quiere avanzar hacia una vivienda digna. Ante esto, el Tribunal Constitucional ha lanzado una ofensiva de la mano de los intereses de los bancos y los fondos buitre. Ignorando la voluntad popular, el TC suspende y anula cualquier mejora que proteja a la mayoría social de los abusos inmobiliarios.

Sin embargo, la voluntad de avanzar hacia el derecho a la vivienda se ha vuelto a hacer explícita cuando se han hecho elecciones. Las fuerzas que aprobaron la 24/2015 y la regulación de los alquileres han ampliado últimamente su mayoría absoluta en el Parlament. El pasado 14 de febrero es, pues, un nuevo recordatorio de la ciudadanía hacia los partidos que aprobaron estas leyes: tenéis el encargo democrático de blindar las leyes que defienden el derecho a la vivienda. No valen excusas: enviar la BRIMO y la ARRO a los desahucios o permitir a las inmobiliarias incumplir repetidamente la regulación de precios es ser parte del problema.

En el Estado español, se está negociando una ley que marcará la próxima década en vivienda. Y queremos recordar que la voluntad popular también lo ha dejado claro: Pedro Sánchez no sería presidente sin el acuerdo de gobierno en el que se comprometía a regular los alquileres. Y el Gobierno español no tendría presupuestos si no se hubiera vuelto a comprometer a incluir la misma medida en la próxima Ley de Vivienda. Ante esto, la voluntad de una parte del PSOE de ignorar los acuerdos y someterse a las presiones del lobby inmobiliario no son solo un ataque al derecho a la vivienda: son también un fraude democrático en toda regla.

Después de haber entregado más de 60.000 millones de dinero público al rescate bancario que no han sido devueltos, es de justicia que la nueva Ley haga frente a la emergencia habitacional que padecemos. Es necesaria una ley que obligue a los responsables financieros de la crisis inmobiliaria y a los grandes tenedores de viviendas a asumir su responsabilidad y que evite nuevas burbujas especulativas. Por este motivo, el movimiento catalán por la vivienda exigimos la incorporación de las 8 medidas impulsadas por la Iniciativa Ley Vivienda para conseguir una arquitectura legal que garantice el derecho a la vivienda: 

1- Garantía del derecho efectivo a una vivienda digna

2- Ningún desahucio de personas vulnerables sin alternativa

3- Ampliación del parque público de alquiler social hasta el 20% del conjunto de viviendas

4- Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios

5- Garantía de suministros básicos de agua, luz, gas y telecomunicaciones

6- Garantía de una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias

7- Ampliación presupuestaria para vivienda social hasta por lo menos el 2% del presupuesto estatal

8- Participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.

Somos plenamente conscientes de que estas leyes aprobadas hasta ahora son insuficientes ante la emergencia habitacional que vivimos, pero ante este triple frente que intenta hacer descarrilar cualquier mejora, queremos remarcar que la sociedad catalana ya ha demostrado repetidas veces qué quiere. En los barrios y pueblos, en el Parlament y en la puerta de cada desahucio, hemos decidido someter a los fondos buitre. Hemos decidido regular los alquileres. Hemos decidido parar los desahucios. Y no aceptamos que quieran ganar en los despachos lo que ya han perdido en las calles y en las urnas. Exigimos una arquitectura legal que garantice el derecho a la vivienda. No aceptamos ningún fondo buitre ni que ningún político al servicio de la especulación decida por nosotras.

Por todo ello, volvemos a salir a las calles. Convocamos a la sociedad catalana a hacer sentir de nuevo el clamor por una vivienda digna: sábado 20 de marzo, 11h, Delegación del Gobierno español.

#HemosDecidido regular los alquileres. #HemosDecidido parar los desahucios. #HemosDecidido someter a los buitres. Y nadie decide por nosotras.

PorPAH_Bcn

Las familias de PAH Barcelona volvemos a la carga por una vida #LibresDeBuitres

La constante vulneración de derechos por parte de los fondos buitre hacia las familias debe acabar. La PAH vamos a luchar por nuestros alquileres sociales, renovaciones y condonaciones de deudas

Exigimos al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat su implicación en la creación de una mesa de diálogo para encontrar soluciones efectivas

Hoy martes 9 de marzo, una vez más, la PAH de Barcelona damos salida a una nueva gran campaña, dirigida a todos aquellos grandes usurpadores de viviendas, a los grandes ladrones de vida, los Fondos Buitre, para exigir soluciones para las más de 20 familias de nuestras asambleas que están viendo vulnerado su derecho a la vivienda. La situación es insostenible y por eso exigimos también la total implicación del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya en la creación de una mesa de diálogo para encontrar soluciones efectivas.

El pasado verano, en plena Pandemia, lanzamos la campaña de #LaPAHacecha, avisando y dejando claro que ahora éramos nosotras las que los íbamos a acechar, que el miedo había cambiado de lado. Ahora volvemos a la carga, nuestra lucha sigue y no vamos a parar hasta lograr nuestros objetivos.

Vamos a por nuestros alquileres sociales, por nuestras renovaciones, por nuestras condonaciones de deuda. Vamos a luchar por lo que nos corresponde, una vivienda digna y tranquilidad. Vamos a exigir nuestros derechos en las redes sociales, pero también vamos a salir a la calle a señalar directamente a todos aquellos que pretenden vulnerar nuestros derechos. Las calles otra vez se teñirán de verde, de ese verde esperanza, para que todas las familias sepan que no están solas, que con la PAH ¡Sí Se Puede!

Y no solo salimos a señalar y acechar a los fondos buitre; esta vez vamos a señalar a quienes miran para otro lado, a los que hacen oídos sordos mientras nosotras nos quedamos sin casa. Exigimos desde ya la total implicación de la Administración, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya en la búsqueda de soluciones. Cada desahucio propiciado por un fondo buitre será una familia más en la interminable lista de espera de la Mesa de Emergencia, una familia más realojada en albergues que no cumplen con ninguna normativa de dignidad, ni salubridad.

La situación debe cambiar. Blackstone, Anticipa, Haya Real Estate, Cerberus, Divarian y un largo etcétera de fondos buitre, a los que hemos enviado mails, cartas, nos hemos plantado ante sus oficinas, intercambiado llamadas de teléfono intentando conseguir o renovar nuestros alquileres sociales y conseguir nuestros alquileres, y nuestros esfuerzos quedan en nada. En algunos casos, como en los que nuestro propietario ahora es Cerberus (después de que el BBVA le vendiera nuestros pisos), nos encontramos con que es imposible conseguir un interlocutor válido y no nos hacen el más mínimo caso.

Casos como el de Juan Roberto, que tras adquirir su vivienda en 2012 con el BBVA, en 2013 vio cómo, no pudiendo pagar la cuota, le llegó la denuncia de desahucio. Desde entonces, su piso ha sido subastado y ellos quedaron sin ninguna deuda, pero han sufrido 8 desahucios, los 4 últimos en puerta. Desde inicios de 2019 están intentando negociar su alquiler social y no hay manera. Ahora su piso ha sido vendido a Cerberus y les está siendo imposible contactar con la nueva propiedad para negociar su alquiler social. O el caso de Irma, que entregó su piso en dación en pago y firmó un contrato de alquiler que venció en diciembre de 2019. Desde antes viene pidiendo la renovación, enviando documentos que los mismos propietarios solicitan para hacer nueva oferta. Sin embargo, desde diciembre de 2020 no tiene ninguna respuesta por parte de Divarian.

Rocío, Ángel, Fréderique, Ángela, Constanza, Fanny, Jazmín, Jennifer, Fernanda, Lorena, Luz, María Isabel, Mónica, Nadia Giselle, Rafael, Rosa, Saadia, Sabina, Tania Maria, Valentina o los ya comentados Irma y Juan Roberto son solo un ejemplo de lo que está ocurriendo no solamente en Barcelona sino en toda Catalunya y el resto del Estado. ¿Hasta cuándo los fondos buitre van a seguir vulnerando sus derechos con la complicidad de la Administración que mira hacia otro lado?

En la PAH sabemos cuáles son nuestros derechos y no vamos a parar hasta conseguirlos. No nos quedaremos paradas, estáis avisados, este año 2021 nos liberamos de las cadenas, de los miedos, nos liberamos de los grandes usurpadores y los grandes ladrones de la vida. Este año 2021 quedaremos #LibresDeBuitres.

PorPAH_Bcn

¡Juntas, diversas y rebeldes somos imparables! ¡Siempre feministas!

Los últimos años, para el 8 de marzo, las feministas de todo Catalunya, como lo han hecho las feministas de todo el mundo, hemos tomado las calles con nuestras denuncias y reivindicaciones para construir una sociedad digna fuera del sistema capitalista, heteropatriarcal, colonial. Hemos llamado a la Huelga Feminista, de cuidados, de trabajo asalariado y de consumo. Nos hemos podido contar por millones

Las feministas que hemos hecho estas convocatorias vivimos por todo el territorio (pueblos, barrios, escuelas, hogares, centros de trabajo y universidades, entre otros lugares). Somos mujeres con diversidad funcional, con diversidad sensorial e intelectual. Somos migradas y racializadas, gitanas y payas. Nuestras edades son todas y nos sabemos lesbianas, transgéneros, bisexuales, inter, queer, hetero y asexuales. Somos las que no están. Somos las asesinadas, somos las presas, somos las que se han quedado en los conflictos armados, en las fronteras, en el mar Mediterráneo y en todas los mares.

Este año la COVID no nos permitirá visibilizarnos juntas y multitudinarias, pero no vamos a renunciar a tomar las calles, no tendremos miedo, estaremos en miles y miles de territorios.

¡SEMI-CONFINADAS PERO NUNCA CALLADAS! ¡HEREDERAS DE LAS HUELGAS FEMINISTAS QUE NOS HAN LLEVADO A SOÑAR UN MUNDO NUEVO! 

La actual pandemia de la COVID-19, además de la crisis sanitaria está agravando la crisis política, social, laboral y de derechos civiles. Ha intensificado una situación crítica y estructural de desigualdades y precariedades, expresadas en el conjunto de nuestras vidas y que afecta de manera desigual a diferentes colectivos como las mujeres migrantes y racializadas, las mujeres jóvenes y mayores, las personas diversas de género disidentes, las mujeres con diversidades funcionales y sensoriales y las trabajadoras sexuales.

Exigimos la derogación de la ley de extranjería por la violencia institucional y machista, por sus disposiciones racistas y patriarcales que nos violentan y nos criminalizan como mujeres migrantes. También EXIGIMOS el cierre inmediato de los CIEs que, en el caso de Catalunya, al no contar con un módulo de mujeres, ordena el internamiento en Valencia, dejándolas en completa desprotección, sin redes de apoyo ni derecho a defensa. También exigimos la facilitación de intérpretes en diferentes idiomas y especialistas multiculturales y denunciamos las devoluciones en caliente, avaladas por la sentencia de Estrasburgo. Apelamos al reconocimiento del estatus de refugiadas y exiliadas. Celebramos la fuerza y salud de los feminismos decoloniales y llamamos a la sororidad entre mujeres para hacer temblar privilegios.

Queremos comunidades que acompañen y se ocupen de todos los ciclos de nuestras vidas. Las mujeres mayores, su sabiduría y apoyo merecen todos los derechos, a fin de alcanzar un envejecimiento digno, con afectos y agradecimientos. Queremos pensiones dignas para todas (con pleno reconocimiento de los trabajos de cuidados, de las labores agrarias, ganaderas y pesquera) y ¡y redes comunitarias y autogestionadas de cuidados! Y también queremos una sociedad que permita que las mujeres jóvenes accedan al trabajo remunerado digno y que puedan desarrollar proyectos de vida con futuro.

Seguiremos actuando para conseguir una sociedad totalmente inclusiva para las mujeres, lesbianas y transgéneros, para que en ningún espacio de relación social se nos rechace si no tenemos el aspecto o la imagen normativa y haremos frente a cualquier ley que no reconozca plenamente nuestros derechos. Los feminismos persistiremos en el objetivo de fomentar activamente la visibilidad y el empoderamiento de las mujeres, lesbianas y transgénero.

Seguiremos actuando contra la discriminación de las mujeres con diversidad funcional y sensorial con el fin de que se nos reconozca como actoras sociales y se valore lo que aportamos a la sociedad. Queremos seguir avanzando y no vamos a parar hasta conseguir el reconocimiento de lo que aportamos al cambio social, al enriquecimiento de la cultura y al crecimiento en diversidad. Queremos conseguir que las ayudas sociales sean herramientas que nos ayuden a lograr la autonomía y la libertad para decidir sobre nuestra vida.

La crisis COVID-19 también ha puesto de manifiesto la escasa protección social de un sistema de cuidados y sostenibilidad de la vida, desvalorizado a todos los niveles. Este sistema es sostenido de forma muy mayoritaria por las mujeres, tanto de manera remunerada como por las tareas naturalizadas en el ámbito del hogar y en el ámbito comunitario, realizadas con sobrecargas o externalizadas en condiciones precarias.

Es imprescindible nuestro reconocimiento como sujetos políticos:

¡Ninguna mujer, lesbiana o transgénero sin derechos! ¡Nunca más lucharemos solas!

Las precariedades laborales se han agravado enormemente en la situación de COVID-19. A las desigualdades ya existentes en la discriminación salarial, en la subcontratación a través de contratos temporales, en las jornadas parciales no deseadas, en el paro, en los bajos salarios y en la discriminación laboral hacia las mujeres que tienen criaturas (a través de una maternidad no libre), hay que añadir aspectos de la actual situación. Nos encontramos carencias provocadas por la pandemia, no solo por el marco sanitario sino por el impacto en los derechos laborales, sociales y civiles, con un gran número de mujeres que se ven afectadas por el paro o en situaciones de expedientes de regulaciones temporales de empleo y por los recortes de salarios que han creado un aumento importante de la pobreza. Estas situaciones de precariedad no han ido acompañadas por políticas públicas que apoyen a las personas, como es el ejemplo de la escasa e insuficiente aplicación y desarrollo del Ingreso Mínimo Vital o la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Exigimos la integración inmediata de las trabajadoras del hogar y los cuidados en el Régimen General de la Seguridad Social para que sean reconocidos todos sus derechos como trabajadoras, como son el paro con prestaciones, reajustes salariales, derecho a descanso, vacaciones y jubilación digna. ¡No más pago en especies ni jornadas inhumanas de trabajo! No pararemos hasta conseguir el reconocimiento de todos los derechos laborales para las trabajadoras de este sector y la ratificación del Convenio 189 de la OIT.

Exigimos trabajo remunerado digno para todas y también las prestaciones sociales cuando sea necesario, que garanticen una vida digna para todas. Es imprescindible la derogación de las reformas laborales. En cuanto al teletrabajo, debe ser voluntario, realizado con derechos y que no suponga aumento de la doble presencia.

Exigimos el reconocimiento de todos los derechos laborales y sociales de las trabajadoras de los ámbitos más precarios (generalmente migradas) de los cuidados: de los trabajos esenciales (salud, residencias, comercio, atención domiciliaria…), del trabajo en los hogares, de la venta ambulante y del trabajo sexual. Urge la regularización inmediata de todas las mujeres migrantes para que efectivamente tengan acceso al ingreso mínimo vital o cualquier prestación social que actualmente se está discutiendo.

Exigimos que las leyes garanticen los derechos de todas las mujeres, lesbianas y transgénero, especialmente para las que sufren formas múltiples e interrelacionadas de discriminación. Alertamos que el anteproyecto de ley de libertad sexual hecho público recientemente por el gobierno español, puede significar un retroceso y criminalización de las trabajadoras sexuales y otros colectivos ya marginales, como las personas sin hogar o las personas racializadas.

Denunciamos la emergencia climática. Denunciamos la invisibilización y la desvalorización de los procesos de sostenimiento de la vida y de los ciclos naturales de la Tierra. Somos cuerpos que dependemos de otros cuerpos, que formamos parte y dependemos de la naturaleza, pero como siempre, los impactos de la crisis socioecológica no son iguales para todas y amenazan territorios, rurales y urbanos, seres vivos y comunidades humanas, especialmente, las mujeres indígenas y los pueblos originarios.

Denunciamos la pérdida de la soberanía social, política y económica, junto con el entramado de los poderes fácticos y la falsa ilusión de que vivimos en una democracia de crecimiento ilimitado que respeta los DDHH y ambientales, pero que en la sombra destruye las bases materiales que nos permiten vivir dignamente.

Denunciamos que el extractivismo criminaliza la protesta y mata, además de acelerar los fenómenos climáticos extremos como las sequías, los incendios, los huracanes y las inundaciones, con la consiguiente expulsión de pueblos enteros, ocasionando procesos migratorios y la expansión de enfermedades climáticas y acentúa las desigualdades en el acceso a los bienes naturales y suministros básicos, especulando en bolsa con el agua o los alimentos y extendiendo la pobreza energética.

Exigimos justicia social y climática. Exigimos un decrecimiento económico, una transición ecosocial y una cultura regenerativa y feminista que recupere las soberanías a través de una gestión pública y comunitaria, que garantice el acceso universal a los servicios básicos, como el agua y la energía. Exigimos la defensa de los DDHH y nos solidarizamos con las luchas de las compañeras que arriesgan su vida para defender el agua, el territorio y los ecosistemas. Nos posicionamos contra las empresas transnacionales y las corporaciones financieras. Contra las políticas de la Unión Europea y los Estados miembros, como los Tratados de Comercio e Inversión o como el Fondo Europeo de Recuperación «Next Generation» que, con la excusa de una revitalización económica y una transición ecológica, suponen en realidad una gigantesca y descarada financiación a las élites económicas con dinero público, socializando las deudas y provocando nuevas privatizaciones y recortes en los servicios y prestaciones sociales públicas.

Denunciamos la grave emergencia habitacional en nuestro país. La crisis sanitaria de la COVID-19 ha agravado la situación económica y, como consecuencia, ha provocado un incremento en el número de familias que se encuentran con dificultades para continuar pagando su vivienda y con un aumento desorbitado de desahucios. Estamos ante una grave situación de vulneración de los DDHH, porque la vivienda es una garantía de seguridad ante la COVID-19.

No olvidemos que la mayoría de las personas afectadas por los desahucios somos mujeres y criaturas. Somos precisamente las mujeres las primeras en poner nuestros cuerpos ante la policía para parar día tras día los desahucios y defender una vivienda digna.

Exigimos políticas públicas de vivienda ambiciosas y estructurales que detengan definitivamente los desahucios, amplíen el parque público y social de la vivienda y que sancionen la especulación inmobiliaria y el incumplimiento de la función social de la vivienda.

Exigimos el cumplimiento escrupuloso de la Ley 24/2015 y retomar el Decreto ley 17/2019 (este último mediante un nuevo redactado si es necesario), obligando a los grandes propietarios (bancos, fondos buitre, particulares, etc.) a ofrecer alquileres sociales a las familias vulnerables que no pueden pagar su hipoteca o alquiler y que se han visto obligadas a recuperar viviendas vacías. Un plan de choque para hacer frente a las ayudas para el alquiler, ya que se han visto congeladas ante tanta demanda.

¡Si las Administraciones públicas no garantizan una vivienda digna para todas, lo haremos nosotras, mediante ocupaciones y acción directa!

¡Solidaridad activa y apoyo mutuo en cada barrio y pueblo!

Ni una sola mujer en la calle, ni un solo desahucio más.

¡Con pandemia o sin pandemia, nuestra lucha no se frena! ¡Sí se puede!

Para construir unas vidas libres de violencias machistas e institucionales, denunciamos el conjunto de las violencias machistas (la violencia de la (ex)pareja, la violencia sexual…) como expresión de la apropiación patriarcal de nuestro cuerpo, que nos afecta a todas y aún más a las migradas, a las racializadas y trabajadoras del hogar y de los cuidados, así como a las mujeres que viven en la calle. Denunciamos la LGTBIfobia social, institucional y laboral que sufrimos muchas de nosotras, como otra forma de violencia machista. Todas estas violencias en la situación de COVID se han visto aumentadas.

Denunciamos los procesos de guarda y regímenes de visitas en que, de manera implícita o explícita, el llamado Síndrome de Alienación Parental sigue determinándolos (un síndrome inexistente y negado por la OMS y el CGPJ). También hay que tener presentes los archivos por falta de pruebas de las denuncias por acoso de las trabajadoras del hogar; los casos de retirada de los hijos e hijas por parte de la DGAIA basándose en prejuicios culturales.

Exigimos que el sistema judicial incorpore los estándares internacionales que son garantía para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violencias machistas; que reconozca de una vez por todas el amplio abanico y no solo las del ámbito de la (ex)pareja. Por lo tanto, reclamamos cambios estructurales claves para la prevención, la atención y la recuperación de todo tipo de violencias machistas que suponen riesgos añadidos al de la pandemia para la salud mental y física.

Exigimos protección efectiva de las supervivientes de la trata con fines de explotación sexual. En numerosos sectores hay tráfico de seres humanos y su causa no es la prostitución sino el cierre de las fronteras europeas, las restricciones que impone la Ley de extranjería y la clandestinidad obligatoria.

Exigimos políticas públicas, recursos y medios suficientes para todas en el sistema de protección y recuperación frente a las violencias machistas. Queremos protocolos y circuitos diversos porque las mujeres no somos homogéneas. Basta revictimización. ¡No somos víctimas! ¡Somos supervivientes! Hemos sobrevivido gracias a la sororidad y a la autodefensa feminista.

Vivimos una situación de crisis sistémica donde los poderes económicos y políticos promueven los recortes de derechos sociales y políticos. Este embate neoliberal se acompaña, en nuestro contexto más cercano, de la visibilidad de los fundamentalismos de la extrema derecha que se fomenta desde poderes institucionales y económicos, a menudo vinculados al franquismo, porque ven peligrar sus privilegios. El actual sistema de justicia y la violencia de los cuerpos policiales criminalizan y estigmatizan la protesta y la disidencia.

Denunciamos la militarización en los espacios públicos, una militarización que ha aumentado en este tiempo de pandemia. Denunciamos el aumento del presupuesto destinado al Ministerio de Defensa y exigimos que el presupuesto militar se destine a necesidades sociales. El militarismo es un arma de control contra nuestros cuerpos, promueven las guerras y destruyen los derechos más elementales de las personas en todo el mundo. Tenemos un ejemplo claro en el conjunto de actuaciones contra la libertad de expresión. Desde los feminismos manifestamos que no daremos ni un paso atrás y que nos rebelaremos ante cualquier ataque de la derecha y el fascismo.

Decimos NO a la LEY MORDAZA y exigimos el archivo de todos los procesos judiciales abiertos durante las movilizaciones feministas de las huelgas anteriores. LLAMAMOS A LA DESOBEDIENCIA, ante la ofensiva fascista y los fundamentalismos religiosos.

También exigimos la paralización de la deriva represiva en Catalunya. Exigimos la libertad de las presas políticas, el libre retorno de las exiliadas y la cancelación de todas las causas abiertas en torno a las movilizaciones por el derecho a la autodeterminación.

Exigimos el fin de la violencia policial, la judicialización de la política y la criminalización del derecho a la protesta. Hacemos bandera de la solidaridad, de nuestra ternura y de nuestra fuerza para señalar un sistema penitenciario que condena la disidencia política y la pobreza y donde todas las presas sufren por partida doble las discriminaciones, violencias cotidianas y perpetuación de los mandatos patriarcales.

Exigimos ser todas, sin exclusiones, protagonistas de nuestra salud y amas de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos no son mercancías ni objetos. La investigación y la práctica médica tienen todavía un sesgo de género androcéntrico, que hay que cambiar de arriba a abajo. Queremos un tratamiento de la salud de las mujeres con perspectiva integral, diferencial y sin ningún tipo de estigma, a fin de lograr la recuperación de la salud. Exigimos la despatologización de nuestras vidas, de nuestras emociones y de nuestras circunstancias: la medicalización responde a intereses de grandes empresas y no a nuestra salud.

Exigimos que la defensa del derecho a decidir y, por tanto, el derecho al aborto, se considere un derecho fundamental. Las mujeres debemos ser reconocidas como sujetos de derechos y soberanías. Cualquier clase de penalización, criminalización o restricción no supone otra cosa que una expresión cruenta de violencia machista institucional. Queremos decidir ser madres o no serlo y, para ello, seguimos luchando para garantizar el derecho al aborto seguro, libre y gratuito, dentro de la red pública de salud, en Catalunya y en todo el mundo, así como todos los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres, especialmente las menores de edad, mujeres en situación de irregularidad administrativa y todas aquellas que sufren diferentes estigmas sociales. Para el ejercicio del derecho al aborto instamos a los gobiernos estatal y nacional a garantizar el acceso a la atención sanitaria y a entender el abordaje de la salud desde la garantía de un derecho fundamental, estableciendo las condiciones para una atención sanitaria universal, de calidad y sostenible.

Queremos maternidades libres, respetadas y sin violencia obstétrica. Las mujeres vivimos las maternidades de diferentes maneras y situaciones, de acuerdo con nuestro entorno social y cultural. Esto nos obliga a visibilizar los procesos sexuales de las mujeres, incluidos el embarazo, el parto, el posparto, la lactancia y la primera crianza y dotarlos de derechos y recursos para poder vivir en dignidad; con permisos amplios y transferibles, sea cual sea nuestro modelo familiar. Queremos que las madres migrantes, aquellas que se han visto obligadas a dejar su país por el miedo de ser asesinadas, vivan sin la angustia constante de la retirada de la custodia, por el hecho de no ejercer la maternidad según el modelo eurocéntrico. Un modelo que obliga a integrarse y a olvidar las raíces, genera pobreza con protocolos administrativos avalados por la Ley de extranjería y limita el acceso al ámbito laboral.

Denunciamos las políticas neoliberales que quieren utilizar la educación como mercancía. Denunciamos que en escuelas privadas concertadas y, especialmente, en las del Opus Dei, aunque segregan por sexo y fomentan valores reaccionarios. Denunciamos la extrema derecha y el fascismo, que han vuelto a la ofensiva con el fantasma del adoctrinamiento.

Exigimos una única red de educación pública, laica, inclusiva, gratuita y con perspectiva feminista. Una educación feminista que sea interseccional, y no solo en el sentido de hacer visibles todas las diferencias, sino de estar comprometida con la superación de las desigualdades que se generan a partir de estas diferencias. La coeducación, la formación afectivo-sexual y el desarrollo del pensamiento crítico deben ser transversales y presentes en todas las etapas educativas.

Queremos acompañar en la diversidad afectivo-sexual, corporal y de género en la infancia y adolescencia, para construir roles que rompan con los estereotipos de género, que posibiliten la exploración libre y el crecimiento individual y colectivo y que no nos obliguen a encajar en cuerpos, identidades y sexualidades binarias o normativas.

Este 8 DE MARZO del 2021, las feministas continuamos con nuestros objetivos de derribar el sistema capitalista, heteropatriarcal y colonial, a fin de construir una sociedad donde las mujeres, lesbianas y trans vivamos en libertad y con una vida digna. La lucha feminista se expresa EN TODO EL MUNDO y está más viva que nunca. Desde nuestro país sentimos a Rojava, Chile, México, Bolivia, Perú, Ecuador, Andorra, Argentina, Brasil, Nicaragua, Honduras, Palestina, India, Sudáfrica… los latidos de las mujeres que luchan en todo el mundo ‒porque son también nuestros latidos.

¡NOS REBELAMOS! desde nuestras DIVERSIDADES: movilizaciones, asambleas y acciones, ocupando calles y plazas (con todas las medidas de seguridad sanitaria), paros y huelga en los puestos de trabajos remunerados para quien las quiera secundar y acciones en los centros educativos. ¡Lo que nos une es visibilizar más que nunca este 8 de marzo!

No queremos sostener nosotras solas la vida. Sentiremos la fuerza y el calor que todas sumamos, cada una de nosotras y en colectivo. Sintiendo a la Tierra gritar, sabemos que tenemos la fuerza y el empuje de ser millones para conseguirlo.

Nos declaramos comunidades de acción y de resistencia feminista y celebramos nuestras alianzas, por encima de nuestras diferencias, por la vida, por la comunidad, por la posibilidad de seguir existiendo.

¡¡¡Juntas, diversas y rebeldes somos imparables!!! ¡¡Siempre feministas!!

¡Feministas, antipatriarcales, anticapitalistas y anticoloniales!

#Imparables♀

PorPAH_Bcn

1.028 familias que han sido desahuciadas en Barcelona en plena crisis del coronavirus

Los datos demuestran que la Generalitat y el Gobierno estatal no están aplicando medidas contundentes en plena crisis del coronavirus para proteger a las familias en riesgo de desahucio

Hoy el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado un informe con los “Datos sobre el efecto de la crisis en órganos judiciales” hasta el Cuarto Trimestre de 2020.

Desde la PAH de Barcelona nos ha preocupado mucho ver que la cifra de los desahucios en nuestra ciudad sigue siendo muy elevada y no prácticamente cero. Respecto al año 2019, en el que se produjeron 2.125 desahucios, la cifra a lo largo de 2020 ha disminuido prácticamente a la mitad. Aun así, se han producido en Barcelona 1.028 desahucios en 2020.

Los motivos de este descenso de desahucios son varios. Recordemos que el 14 de marzo se suspendieron todos los plazos judiciales hasta el 4 de junio por el estado de alarma en plena pandemia del coronavirus. A partir del 4 de junio se volvieron a reanudar los desahucios y desde entidades sociales como la PAH alertamos al Gobierno de Pedro Sánchez para poner freno a esta incongruencia: por un lado, el Gobierno de Pedro Sánchez nos ha bombardeado con la responsabilidad individual de quedarnos en casa; por el otro, muchas familias nos preguntábamos: ¿En qué casa me quedo si me están echando de casa?

Los datos que hoy publica el CGPJ muestran, una vez más, lo que la PAH llevamos meses denunciando: que las medidas antidesahucios del Gobierno estatal y de la Generalitat no protegen a las familias vulnerables; 29.406 desahucios en todo el Estado y 5.737 en Catalunya, el 21% de hipoteca, ¡cuando tenemos una Ley que protege a las familias con impagos!

Gracias a la presión de la PAH, a día de hoy tenemos el RDL 37/2020 y el DL 37/2020 que dan más cobertura a las familias pero que finalizan el 9 de mayo, cuando está previsto que finalice el estado de alarma. Esta pandemia está generando más precariedad y son muchas las familias que están viendo que no pueden hacer frente a la vivienda. Es por ello que exigimos políticas valientes, leyes ambiciosas y más presupuesto en políticas sociales.

¡Porque sí se puede!

PorPAH_Bcn

El Grupo Promotor de la Ley 24/2015 ha conseguido que el PSOE no toque el precio de la cesión obligatoria de pisos vacíos de la banca

Los ayuntamientos y la Generalitat tienen a su alcance un mecanismo para movilizar pisos vacíos de bancos y fondos buitre y así ampliar el parque social de vivienda, no hay excusa para no hacerlo

Martes 2 de marzo de 2021

Ayer denunciamos a contra-reloj que el Gobierno de Pedro Sánchez se estaba cuestionando, por las presiones de los bancos y fondos buitre, llevar al Tribunal Constitucional el único artículo que no había recurrido el PP: el que marcaba un precio social para la cesión obligatoria de pisos vacíos de la banca y buitres, con la tentación de compensar una vez más a precio de mercado a los responsables de la crisis económica del 2008.

Hoy podemos decir que gracias a la fuerza del Grupo Promotor de la Ley 24/2015 y a la rápida respuesta de alerta de todas las PAHs de Catalunya, la medida para movilizar vivienda vacía de la banca a precio del 40% de la VPO, es plenamente vigente y se puede aplicar. El plazo para impugnarla es hasta este jueves y no habiéndose interpuesto el recurso en el Consejo de Ministros, tenemos la seguridad de que finalmente no será impugnada.

Exigimos que se aplique la cesión obligatoria desde ya para aumentar el parque de viviendas de emergencia al precio establecido en el DL 17/2019 por el Parlament de Catalunya; y avisamos tanto al Gobierno de la Generalitat como al Gobierno del Estado que no dejaremos de estar vigilantes para que no se vulnere el derecho a la vivienda y daremos pasos adelante en su conquista.

Estamos seguras de que las próximas victorias que celebraremos serán la aprobación de una nueva ley que restituya inmediatamente los artículos suspendidos por el Tribunal Constitucional del Decreto Ley 17/2019 que evitan desahucios a familias vulnerables y una ley de vivienda estatal que tenga por principio la defensa de las personas y no de los especuladores.

¡Una vez más demostramos que somos imPAHrables!

¡Sí se puede!