Menos estudiar y más aprobar. Valoración de la PAH sobre lo recogido por el PSOE en materia de vivienda en su documento “Propuesta abierta para un gobierno común progresista”

PorPAH_Bcn

Menos estudiar y más aprobar. Valoración de la PAH sobre lo recogido por el PSOE en materia de vivienda en su documento “Propuesta abierta para un gobierno común progresista”

Se resume en un mero documento de buenas intenciones que abruma por su falta de concreción y las cero menciones a medidas para evitar o dar solución a los casi 200 desahucios diarios, y por la falta de propuestas para enfrentarse a la banca, fondos buitre y oligopolio energético.

En las últimas semanas Pedro Sánchez se ha reunido con distintos actores de muchos campos que necesitan mejoras y acción política para hacer frente a muchos de los problemas que están ahogando a la sociedad española. El viernes 30 de agosto, la PAH estuvimos presentes en la última de ellas para afrontar el problema de la vivienda. En dicha reunión les entregamos nuestro plan de choque con ‘Propuestas de la PAH para abordar urgentemente la grave crisis de emergencia habitacional’.

Somos conscientes del carácter electoral de estas reuniones, del juego de tronos que prevalece en el Congreso por encima de las necesidades de la gente. No nos sorprende, pero no por ello podemos dejar de considerar alarmante, tras leer el documento ‘Propuesta abierta para un gobierno común progresista’ presentado ayer por el PSOE, su falta de concreción, destacando la falta de medidas resolutivas para enfrentar la raiz del problema. Tras 10 años de crisis y emergencia habitacional crónica, de una legislación pensada solo para proteger a la banca, fondos buitre y sus intereses económicos, ahora es momento de contundencia y hechos claros, no de palabras. Por justicia a las 700.000 familias que han perdido su hogar desde 2008, por las casi 200 que diariamente se enfrentan a una nueva orden de desahucio, no es tiempo de que las grandes medidas del Gobierno sean «se estudiará…», «se fomentará…».

Tras 10 años de políticas antisociales, los mismos que la PAH llevamos denunciando y luchando contra esta situación, al tiempo que trabajamos en esas medidas reales que los distintos gobiernos no han sido capaces de desarrollar y que se han limitado a bloquear.

Es el momento de políticas valientes y de dejar de discursear sobre visiones de cambio. Es el momento de hacerlas realidad. Nuestra valoración a las propuestas del gobierno en funciones es:

1º) No contiene ni una sola mención a los desahucios, ni ninguna medida concreta de las que la PAH propuso al PSOE para garantizar la disminución y suspensión de los 172 desahucios diarios que, según el CGPJ, se ejecutaron en el primer trimestre de 2019. Hemos pedido a Pedro Sanchez que se mojara con cambios legales acordes a las exigencias de la ONU; respondernos que se «favorecerá» el realojo es tan vacuo que no repara tantas lágrimas vertidas. Ninguna mención al vencimiento de las moratorias, que puede provocar un sangrante aumento de los desahucios por impago de hipoteca. Si realmente el PSOE quiere «fomentar» el alquiler social debe impedir que las entidades financieras puedan desahuciar a quienes han sufrido la estafa hipotecaria.

2º) En relación con el Parque Público de Vivienda, tampoco contiene medidas para recuperar las viviendas que ya están en poder de la banca en general, ni de Bankia en particular. Habla de convenios de la SAREB, cuando ya existen y se podían estar aplicando, en lugar de la venta actual de vivienda y suelo procedente de la burbuja inmobilaria. Más allá de que definiera qué es una vivienda vacía, no detalla medidas para movilizar esta vivienda desocupada hacia el alquiler asequible. Promete un plan de rehabilitación, sin garantizar que esas ayudas no puedan a continuación incrementar la renta de los alquileres. Se mantiene en la irrisoria cifra de 20.000 viviendas para todo el Estado, en absoluto insuficientes para influir en los precios de zonas tensionadas en las que se concentran fondos de inversión como Blackstone.

3º) No incluye ninguna medida fiscal positiva en relación con la vivienda, que no solo pueda servir para movilizar la vivienda desocupada sino también para la financiación del parque público. Ni mayor tributación a buitres y SOCIMI, ni sanciones a la banca. No concreta incrementos del PIB en vivienda, cuando estamos muy por debajo de Europa.

4º) Se acepta intervenir los precios del alquiler, aunque no se especifica cómo, sino que reincide en la vaguedad de un índice estatal de referencia frente a índices locales más vinculantes. Habla de profundizar en las medidas ya adoptadas en marzo, cuando al no aplicar a los contratos anteriores a esa fecha dejan fuera de alcance al 99% de las renovaciones al alza. Las ayudas al alquiler, mal planteadas, pueden ser una línea directa al bolsillo de los grandes tenedores y echar más gasolina al fuego.
Ya en 2013 la PAH requería reforzar un Observatorio de la Vivienda; la situación de emergencia habitacional y de alza de precios requiere más que observar.

5º) Sí reconoce algunos postulados de mínimos de la PAH:

  • La necesidad de aprobar una Ley estatal de vivienda que proteja su función social, para la cual la PAH ya presentamos un texto base que fue admitido a trámite por una mayoría parlamentaria y que sin embargo el PSOE sigue sin llamarnos para su discusión y trámite de urgencia.
    Impedir normativamente que las viviendas con algún tipo de protección pública puedan ser gestionadas o vendidas a fondos buitre. Esto es consecuencia directa de la lucha sin descanso de miles de afectadas en la PAH, pero necesita que el Gobierno se implique en recuperar las promociones de vivienda ya afectadas.
  • La prohibición de cortes de suministros básicos (agua, luz, gas) en primera vivienda, algo ya denunciado ante Europa y que siempre ha estado presente en nuestras iniciativas locales, autonómicas y estatales. Sin embargo faltan medidas firmes para disminuir la tarifa del tramo vital de estos suministros.

Y algunas premisas más, como nuevas medidas de protección al consumidor ‒ante la insuficiencia de la actual Ley de Créditos Inmobiliarios‒, el control de los pisos turísticos ‒que forman parte de la burbuja de alquiler‒, o modificar la «Ley Mordaza», que sin embargo y pese a los recursos de alzada interpuestos, siguen aplicando férreamente los delegados de gobierno del PSOE.

En definitiva, es una declaración de voluntad, pero carente de concreción y escasa de plan de choque urgente sobre el mayor y más dramático de los problemas: los desahucios.

Visto el resultado, ahora exigimos que el programa de gobierno en materia de vivienda se mejore con la inclusión de nuestras propuestas contra los desahucios y para la generación del Parque Público de Vivienda y la concreción de las medidas de alquiler. Mientras esto no suceda, el PSOE sequirá siendo cómplice de cada uno de los 172 desahucios diarios, de la banca y de los fondos de inversión que se están apropiando de nuestras viviendas. A la PAH solo nos quedará seguir en las calles, parando esta sangría con nuestros cuerpos y denunciando la situación de emergencia de un país que poco tiene que ver con los de nuestro entorno en el desarrollo de políticas de vivienda.

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La PAH nos hemos reunido con Pedro Sánchez

Tras 10 años de lucha y legitimidad, esta mañana la PAH nos hemos sentado por primera vez cara a cara con un presidente del Gobierno, al que le hemos exigido un plan de choque urgente frente a la emergencia en vivienda. La reunión terminó sin ningún compromiso firme, más allá de una declaración de buenas intenciones y el anuncio de recoger nuestras aportaciones en un documento que presentarán el próximo martes, cosa que está por ver.

30 de agosto de 2019

Corren tiempos convulsos para las familias desde el inicio de la estafa, mal llamada crisis, iniciada en 2008. Por el camino han quedado más de 600.000 desahucios, el crimen de dejar a las familias en la estacada mientras se rescata a la banca con 77.000 millones de dinero público sin retorno ni contraprestación social, una ley hipotecaria al servicio de la banca, venta de pisos públicos a fondos buitre, falta de parque público de vivienda, negativa a alquileres sociales en plena burbuja de los precios del alquiler… La emergencia está muy lejos de solucionarse ante la pasividad crónica de los distintos gobiernos, que han mirado hacia otro lado y legislado solo a favor de la especulación, el sistema financiero y los desahucios

Desde la PAH llevamos 10 años denunciando la situación, protegiendo a las familias que se acercan por todo el Estado a nuestras asambleas y presentando los cambios legislativos necesarios para revertir esta situación de vulneración y mercantilización del Derecho a la vivienda. Hemos logrado leyes autonómicas y llevado una Ley de Vivienda estatal al Congreso, que no logró llegar a la fase de enmiendas para hacerse realidad a causa del bloqueo sistemático del PP y Ciudadanos, semana tras semana, mientras criminalizaban a las familias en precario. Una ley y una reforma legislativa más que urgente en el marco actual, en el que cada año la cifra de los desahucios roza los 60.000, la banca está vendiendo su cartera de pisos vacíos de forma masiva a los fondos buitre, los precios del alquiler ya desbordan los sueldos medios, los presupuestos del Estado para vivienda son irrisorios y seguimos sin vivienda pública y social. Un cúmulo de situaciones que convierten a nuestro país en un indiscutible error democrático y una absoluta anomalía en toda Europa.

Está mañana, por primera en la historia, nos hemos sentado cara a cara frente a un presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, el ministro de vivienda José Luis Ábalos y la secretaria de Estado de vivienda Beatriz Corredor nos han atendido en una reunión en la que también estaban convocados otros actores como la Patronal de la construcción o la AEB (patronal bancaria), para hablar de vivienda. 

Nosotras lo tenemos claro y no estamos dispuestas a que esta reunión se limite a un encuentro de cara a la galería para un uso puramente electoral por parte del PSOE, a costa de las lágrimas y lucha de tantas afectadas. Queremos compromisos y soluciones ya, sin excusas ni dilaciones, cada retraso es un favor a la banca. Por eso, más allá de argumentar la realidad de la situación y poner la cara colorada a más de uno de los presentes, hemos entregado un documento con nuestro Plan de choque para frenar la emergencia habitacional hasta lograr esa reforma legislativa necesaria para empezar a gobernar pensando en las familias, no en el sistema financiero, haciendo realidad el artículo 47 de esa Constitución que tanto se llenan la boca en defender.

Nuestro plan de choque, a grandes rasgos consta de:

  • La suspensión temporal de todo desahucio que afecte a personas con bajos ingresos que carezcan de alternativa habitacional adecuada, hasta que la Administración Pública que corresponda pueda garantizar genuinamente el acceso a una vivienda adecuada.
  • El cumplimiento del mandato constitucional acerca de los Tratados Internacionales, y su prevalencia sobre la legislación nacional. Se deben aprobar urgentemente medidas que obliguen al acatamiento judicial/estatal de las peticiones de suspensión de desahucios emitidas por el Comité DESC de Naciones Unidas.
  • La anulación del procedimiento conocido como desahucio abierto, que genera un sufrimiento añadido, por la incertidumbre al ignorar cuándo se va a producir el desahucio. Algunos jueces siguen reinterpretando la ley, haciendo necesaria una nueva revisión de la LEC que evite estas reinterpretaciones.
  • Ampliación de la moratoria de desahucios, que finaliza en mayo del 2020, así como ampliar su radio de alcance.
  • Renovación obligatoria de los contratos de alquiler social, que ahora se están negando para que las familias firmen alquileres de mercado, a pesar de estar en situación de vulnerabilidad económica.
  • Regulación y limitación de los precios del alquiler, en consonancia con los salarios y prestaciones existentes en nuestro país, otorgando a los ayuntamientos la capacidad de establecer precios vinculantes.
  • Incremento creciente en los Presupuestos Generales del Estado para vivienda, hasta alcanzar el 3,5% del PIB, en inversiones que garanticen su función social de forma permanente.
  • Impedir la enajenación de vivienda pública por norma legal.
  • Medidas legales que otorguen a la Administración pública pertinente el derecho de tanteo y retracto sobre las ventas de lotes de vivienda que realicen los bancos, y que normalmente acaban en manos de fondos buitre.
  • Cesión obligatoria de las viviendas que posea la banca rescatada, con prohibición expresa a Bankia y a la SAREB de seguir vendiendo suelo o viviendas, cediendo de forma inmediata aquéllas de las que dispongan en zonas tensionadas. Y que a todos los grandes tenedores de vivienda que hayan obtenido fondos públicos, bien por rescate, bien por ayudas o exenciones fiscales, se les reclame su deuda en vivienda.
  • Reforma de la fiscalidad de la vivienda, para que las SOCIMIS y fondos buitre paguen su correspondiente impuesto de sociedades. Así como penalizaciones a vivienda vacía en manos de grandes tenedores.
  • Incorporar plenamente la Directiva 93/13/CE y toda la jurisprudencia del TJUE en relación a las cláusulas abusivas.
  • La limitación de la responsabilidad al bien hipotecado, y la dación en pago como fórmula natural de resolución de impagos por causas sobrevenidas y ajenas a la voluntad del deudor, superando el sobreendeudamiento de miles de familias y conseguir así una auténtica segunda oportunidad. Además, para carteras hipotecarias transferidas con importantes descuentos a fondos buitre, la aplicación del derecho de retracto, actualmente muy limitado.
  • Una Ley Estatal de Vivienda basada en la Ley Vivienda PAH, la Ley 24/2015 catalana ‒fruto de una ILP impulsada por la PAH y con amplio consenso político de extenderla‒, más la incorporación de los aspectos más progresistas y avalados por el Tribunal Constitucional, como la movilización de vivienda deshabitada hacia el alquiler social estable, o la consideración del Derecho a la vivienda como Derecho Subjetivo para las familias vulnerables.

Gracias al trabajo diario y a las miles de pequeñas victorias alcanzadas a lo largo de los años, con desobediencia civil pacífica, hemos llegado hasta aquí. La mayoría de los partidos han apoyado nuestra Ley Vivienda ‒incluido el PSOE‒, nos han escuchado, han recogido nuestras propuestas… Ahora solo queda lo más evidente: dejar la cobardía política atrás y tener la altura necesaria para hacerlas realidad.

Nosotras seguiremos estando ahí, valientes y empoderadas, luchando contra la vulneración del Derecho a la vivienda. No valen excusas ante vidas en juego, y el martes estaremos muy vigilantes a las novedades que presente el PSOE.

 

 

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[Comunicado] El Ayuntamiento de Hospitalet, del PSOE, vuelve a dejar a una familia vulnerable en la calle

Ingrid, junto a la PAH de Hospitalet, lleva acampada delante del Ayuntamiento desde el pasado miércoles exigiendo una solución habitacional
El pasado miércoles 31 de julio, Ingrid junto a su hijo de 5 años, fueron desahuciados de un piso de Kutxabank. La familia venía de un proceso de impago de alquiler desde el pasado año; debido a una subida del alquiler y la pérdida de recursos de la familia no pudieron hacer frente a las cuotas y padecieron un desahucio sin alternativa habitacional. Gracias a la solidaridad y ayuda de la PAH, la familia pudo recuperar un piso en manos de la banca, en este caso de Kutxabanc, que estaba incumpliendo su función social, ya que se encontraba vacío y la vivienda es para vivir, no para especular.
El pasado 31 de julio, la familia fue desahuciada sin realojo garantizado, ni por parte de la entidad financiera que no accedió a hacer un alquiler social, ni por parte de la Administración a realojarla en la Mesa de emergencia, tal y como prevé la Ley 24/2015.
Sin alternativa habitacional, Ingrid y su hijo, junto a las compañeras de PAH Hospitalet iniciaron el mismo miércoles 31 de julio una acampada indefinida delante del Ayuntamiento de Hospitalet. Durante este tiempo han ido a acompañarlas diferentes entidades sociales y las PAHs del territorio catalán. La respuesta de Servicios Sociales ha sido que se busquen un piso para vivir y que les ayudarán para la entrada. ¿Y luego qué? ¿Otro desahucio? Está claro que la alternativa del Ayuntamiento no es una solución para Ingrid. En primer lugar porque con sus ingresos y una deuda del primer piso del que fue desahuciada nadie le alquilará ninguna vivienda, y en el supuesto, casi imposible, de que lo consiguiera, el primer mes ya no lo podría pagar. Es inaudito que la solución sea responsabilizar más a la familia que ha sido desahuciada, criminalizándola y culpándola por su situación. Mientras la Administración durante estos años ha sido incapaz de buscar soluciones y medidas para ampliar el parque de vivivienda pública inexistente de la ciudad.
Exigimos una solución digna para Ingrid y su familia. No es el primer caso en que el Ayuntamiento de Hospitalet vulnera el derecho a una vivienda digna a sus vecinas, es por eso que queremos remarcar y denunciar las políticas de vivienda que llevan años perpetuándose en esta ciudad. El actual regidor de vivienda y el nuevo gobierno municipal ningunean y hacen caso omiso, tanto a una ley catalana, la Ley 24/2015, que dice claramente en su articulo 5.6.: «las administraciones públicas tienen que garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio»,  como al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas que prohibe los desahucios sin alternativa habitacional. Para Núria Marín, alcaldesa de Hospitalet por el PSOE, el derecho a la vivienda de la ciudadanía no es más que papel para tirar a la basura.
Desde la PAH lo tenemos claro, no vamos de dejar a las familias en la cuneta, vamos a luchar con ellas hasta conseguir nuestros derechos, y es que tener un hogar no debería ser un lujo, sino un derecho para toda la ciudadanía.
¡La #acamPAHdaHospitalet sigue! Necesitamos tu ayuda. Acércate a la plaza y colabora con nosotras, montando un taller, una charla debate sobre derechos humanos, acércate y pregunta por las comPAHs de PAH Hospitalet.
¡Frente a la inacción de las administraciones, autoorganización ciudadana!
¡Sí se puede!
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¡Volvemos el 2 de septiembre!

La PAH de Barcelona acabamos la última asamblea de bienvenida de julio más unidas que nunca

El pasado lunes acabamos la última asamblea de bienvenida de julio celebrando todo un curso de lucha intensa por el derecho a la vivienda, por los derechos de todas.

Ha sido un curso intenso. Este 2019 hemos celebrado 10 años de la PAH, 10 años de autoorganización, empoderamiento ciudadano y lucha por el derecho a la vivienda. Y coincidiendo con la 25ª asamblea estatal nos juntamos más de 400 personas de todo el territorio en el Ateneu Popular de Nou Barris para trabajar y consensuar nuevos retos y la organización del movimiento.

Hemos conseguido recuperar la Ley 24/2015 y hemos exigido a la  Administración, a los bancos y a los juzgados su cumplimiento. Tenemos una ley que hemos impulsado desde la ciudadanía, y que hemos conseguido recuperar. Ya no hay excusas para no aplicarla correctamente y con contundencia.

Hemos hecho acciones contra Blackstone, la Sareb, Bankia, Caixabank y otros muchos banksters que pretenden echarnos de nuestras casas. Hemos ocupado sus oficinas y hemos hecho acciones en la calle. Nosotras somos fuertes y estamos organizadas. Y no vamos  a permitir que se sigan vulnerando nuestros derechos.

Hemos organizado y participado en manifestaciones multitudinarias, como la #PunxemLaBombolla, contra la subida abusiva de los precios de los alquileres, o la #BarcelonaNoEstaEnVenda contra la precarización de la ciudad. Incluso hemos organizado junto al Sindicat de Llogaters la primera fiesta por el derecho a la vivienda, una jornada de lucha y visibilización, donde todos los grupos actuaron desinteresadamente. ¡Gracias a todas!

Durante las elecciones municipales hemos sentado en nuestra asamblea a representantes políticos de los diferentes partidos para que escucharan la realidad que estamos viviendo la ciudadanía. Incluso les exigimos 8 demandas muy claras para acabar con la emergencia habitacional que vivimos en la ciudad de Barcelona. Y ya les advertimos, estaremos vigilantes para que se garanticen nuestros derechos a todos los niveles.

Hemos parado desahucios y hemos seguido denunciando los desahucios abiertos, prácticas totalmente inhumanas para las familias, que genera sufrimiento y angustia. Exigimos que la justicia se ponga del lado de la ciudadanía y no del lado de los grandes poderes financieros. No vamos a parar hasta conseguir acabar con estas prácticas ilegales.

Y hemos conseguido sentar en una misma mesa al Ayuntamiento de Barcelona, a la Generalitat de Cataluña y a la Delegación del Gobierno, formando así un Gabinete de Crisis, para acabar con los realojos indignos en que son alojadas las familias que han sufrido un desahucio. Alojamientos que no tienen en cuenta la realidad de las familias, sin cocina, espacios pequeños, incluso algunos de ellos con una falta de salubridad evidente. A mediados de septiembre tendrá lugar la siguiente reunión. Esperamos que vengan con el trabajo hecho y colaboren entre ellas para encontrar soluciones efectivas a esta situación de emergencia. Las familias no pueden esperar más.

La PAH de Barcelona volveremos en septiembre llenas de energia, con toda la fuerza y la contundencia que nos caracteriza y que hemos ido demostrando estos 10 años del movimiento. Porque sabemos que son nuestros derechos y no vamos a permitir que se vulneren, porque sabemos que Sí Se Puede.

La próxima asamblea de bienvenida será el lunes 2 de septiembre en nuestro local de la calle Leiva 44, Barcelona, <M> Hostafrancs L1. ¡Os esperamos!

 

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Blackstone expulsa a las vecinas y precariza la ciudad

La PAH Barcelona, la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible y las Kelly’s denunciamos públicamente cómo las prácticas del fondo buitre Blackstone expulsan a las vecinas de sus casas y precarizan nuestros trabajos y ciudades

El pasado 14 de junio las PAHs catalanas fuimos a la sede de Blackstone a recordarles que sus prácticas abusivas matan. Ocupamos sus oficinas para exigir soluciones dignas y unas demandas muy claras:

  • Una oficina de atención al público en Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida.
  • Alquileres sociales según la Ley 24/2015 para los casos de impago de hipoteca y alquiler, con los baremos y a 7 años, como marca la actual LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos).
  • Renovación de los alquileres sociales: actualmente hay, tan solo en Barcelona, 500 familias que finalizan su alquiler social y no quieren renovarles.
  • Quitas de deuda.
  • Alquiler social en los casos de ocupaciones de familias vulnerables.
  • Citas por escrito para cada uno de los casos que se presentaron.

Se consiguió forzar reuniones específicas por grupos locales para buscar soluciones para las familias. En el caso de Barcelona nos reunimos con el fondo buitre el pasado 4 de julio, con el compromiso de que el 23 de julio todas las familias tendrían una oferta para su caso. A día de hoy, la mayoría de familias están a la espera de esta solución. Pasa lo mismo con otras compañeras.

Desde que Blackstone aterrizó en el territorio español, hemos visto cómo absorbía las hipotecas de Caixa Catalunya y otros bancos rescatados, para desahuciar a las familias y quedarse la vivienda para hacer negocio. Ahora continúan colonizando las ciudades con la compra de otros inmuebles como hoteles o edificios.

Por otro lado, desde la ABTS (Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible) queremos llamar la atención sobre los movimientos que Blackstone y otros fondos buitre están haciendo dentro del sector hotelero. Es sabido que el sector de la construcción y el turístico son vasos comunicantes, y que el proceso de financiarización se está extendiendo a todos los sectores económicos. Así, numerosas compañías están separando la gestión de sus hoteles, que a menudo conservan, de su propiedad, que venden a fondos de inversión, propios o externos. Consiguen así sacar todavía más rendimiento a su actividad, y globalmente el negocio también es más rentable por las ventajas fiscales con que cuentan los fondos.

A la vez, la inversión que Blackstone está haciendo en hoteles (actualmente, el primer grupo en propiedades hoteleras) viene a reforzar el proceso de turistización que sufrimos en Barcelona y tantos otros lugares de nuestra geografía. Los flujos y la actividad turística continúan creciendo cada año en la ciudad, y así siguen agravándose los impactos en términos de expulsión de vecinas, pérdida de comercio de uso cotidiano, saturación de calles, plazas y transporte público, contaminación ambiental…, y especialización en sectores laborales especialmente precarizados.

Desde las Kelly’s nos sumamos a esta lucha contra la precariedad laboral que los hoteles imponen, cuando externalizan el servicio de limpieza de las camareras de piso, con salarios de miseria y jornadas maratonianas. Nuestras dolencias, que no son reconocidas como laborales, son producto de esto.

Desde la PAH de Barcelona, la ABTS y las Kelly’s queremos poner en alerta y denunciar que Blackstone se ha convertido en el más grande propietario inmobiliario y hotelero, y que no dejaremos que continúe desahuciando, precarizando y colonizando la ciudad.

 

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El Gabinete de Crisis no cumple con las expectativas de las 600 familias

La reunión con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, con la ausencia de la Delegación del Gobierno del Estado, finaliza sin propuestas en un corto plazo para acabar con el sufrimiento de las 600 familias realojadas indignamente

A raíz de la reunión mantenida la semana pasada entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la Delegación del Gobierno del Estado en Barcelona, la PAH de Barcelona conseguimos crear un Gabinete de Crisis para dar respuesta a las 600 familias que se encuentran hoy en día realojadas indignamente en pensiones o albergues.

En el encuentro han participado representantes del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña. Hoy mismo la Delegación del Gobierno del Estado nos ha informado de que no participaría en la reunión. Nos sorprende su postura dado el compromiso que habían adquirido con las 600 familias y ante toda la ciudadanía en el último encuentro. Esperamos que reconsideren su postura y que se reincorporen lo antes posible al Gabinete de Crisis, tal como se habían comprometido públicamente.

Desde la PAH de Barcelona hace tiempo que denunciamos las pensiones o albergues indignos donde son realojadas las familias que han sufrido un desahucio. Muchas de ellas sin tener en cuenta sus necesidades, o en alojamientos que no cumplen unos mínimos de higiene. Espacios pequeños donde una silla de ruedas casi no se puede mover, muchas de ellas sin un lugar donde poder hacer los deberes los más pequeños o incluso sin una cocina o nevera para poder garantizar una alimentación adecuada. 

Con el compromiso acordado la semana pasada por parte de las administraciones de colaborar conjuntamente en el realojo digno de las familias, hoy se ha llevado a cabo el segundo encuentro en el que cada una de ellas se comprometió a explorar medidas concretas para hacer efectivo un plan ejecutivo a principios de septiembre. 

Las dos administraciones presentes en la reunión, Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat de Cataluña, se han comprometido a llevar un plan ejecutivo la segunda semana de septiembre especificando medidas, presupuesto y calendario de implementación. Como requiere la situación de emergencia y exigíamos desde la PAH de Barcelona, no han podido concretar ninguna medida innovadora más allá de medidas que ya están intentando implementar y que se han demostrado insuficientes, ya no solo para dar soluciones a las actuales 600 familias sino para frenar el aumento de esta realidad.

Recordemos que el Gabinete de Crisis no solo está formado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña sino también por el Gobierno del Estado, que no ha estado presente en este encuentro. Es necesario que aporten lo que se comprometieron en la primera reunión, entre otros, la cesión de las viviendas de la Sareb y Bankia, el censo de las viviendas, edificios y solares de su titularidad y el destino de la parte del presupuesto del «Plan de Vivienda». El Gobierno del Estado debe asumir responsabilidades y aportar soluciones concretas.

Las propuestas, tanto del Ayuntamiento de Barcelona como de la Generalitat de Cataluña, son totalmente insuficientes para acabar con el grave problema de los realojos indignos. Las administraciones responsables no están a la altura y no actúan a la velocidad que la emergencia requiere.

Una vez más somos los movimientos sociales los que forzamos a la Administración a trabajar por la ciudadanía. La emergencia habitacional crónica que padecemos en Barcelona, Cataluña y todo el Estado es un grave problema que las diferentes administraciones competentes deben afrontar. Desde la PAH de Barcelona estaremos vigilantes para que este plan ejecutivo dé respuesta a las familias indignamente realojadas. Tenemos claro que es cuestión de voluntad política, hace 10 años que demostramos que «sí se puede» y no cejaremos hasta conseguir garantizar el derecho a la vivienda en todo el territorio.

 

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La PAH forzamos la creación de un Gabinete de Crisis para el realojo de familias desahuciadas

Gracias a la PAH Barcelona la reunión con representantes del Gobierno español, de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona acaba con la cooperación de las tres administraciones para dar respuesta a las 600 familias realojadas en pensiones

El Gabinete de Crisis tendrá un segundo encuentro el próximo lunes con el compromiso de seguir trabajando para hacer un plan de acción efectivo de realojo a principios de septiembre

El pasado jueves 18 de julio ocupamos la sede del Ayuntamiento de Barcelona para pedir una reunión de urgencia provocada por la insostenible situación de 600 personas en Mesa de emergencia. La presión de la PAH y la ciudadanía logró que por primera vez, nos reuniéramos esta mañana representantes de las tres instituciones con competencias en materia de vivienda en la ciudad de Barcelona, con representantes del Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña y Gobierno de España.

A la reunión han asistido Lucía Martín, concejala de Vivienda, Carlos Macías, asesor de Vivienda, Ricard Fernández, gerente de Derechos Sociales y Gerard Capó, Director Técnico de Programas de Actuación para el uso digno de la vivienda, por parte del Ayuntamiento de Barcelona; Judith Gifreu, directora y Jaume Fornt, director Adjunto de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Agustín Sierra, secretario de hábitat Urbano y territorio y Francisco Iglesias, secretario de Asuntos Sociales y familia; Carlos Prieto, subdelegado del Gobierno en Barcelona y Estanislau Vidal-Folch, director del Área de Fomento.

Nos encontrábamos, así, ante una oportunidad única en cuanto a gestión de la situación, y es por ello que de esta reunión esperábamos, en primer lugar, una colaboración entre las tres instituciones para resolver urgentemente este problema, y en segundo lugar, un plan de trabajo inminente y efectivo.

Hemos hecho posible lo imposible, hemos conseguido que las tres administraciones reconozcan que la emergencia habitacional es responsabilidad de las tres administraciones y que solo con una colaboración entre ellas se podrá dar una respuesta efectiva.

Después de horas de negociaciones y diferentes intercambios entre las tres administraciones implicadas hemos conseguido la creación de un Gabinete de Crisis con un calendario de trabajo conjunto para hacer eficiente un realojo digno para las 600 familias.

A principios de la próxima semana tendrá lugar la primera reunión de trabajo donde hemos exigido que las administraciones competentes exploren las medidas concretas que aportarán para hacer efectivo un plan ejecutivo. Plan que debe estar redactado e iniciado a principios de septiembre.

Desde PAH Barcelona estaremos vigilantes para que todos los compromisos adquiridos en la reunión de hoy sean efectivos las siguientes semanas.

Una vez más la ciudadanía organizada hemos conseguido hacer posible lo imposible, forzar a las tres administraciones a que colaboren para garantizar el derecho a vivienda y poner por delante a las familias en lugar de luchas institucionales. Esperamos que estén a la altura de la situación de emergencia habitacional crónica que padecemos en Barcelona, Cataluña y el resto del Estado porque hay vidas en juego. 

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La PAH de Barcelona ocupamos el Ayuntamiento de Barcelona para exigir a Ada Colau, Quim Torra y Teresa Cunillera el cumplimiento de la Ley 24/2015

Exigimos la puesta a cero de la lista de espera de la Mesa de emergencia y la creación de un comité de crisis para gestionar la emergencia habitacional que sufre la ciudad de Barcelona

Hoy jueves 18 de julio la PAH de Barcelona hemos ocupado el Ayuntamiento de Barcelona para exigir realojos dignos para las familias que han sido desahuciadas y que ahora mismo se encuentran en pensiones indignas, muchas de ellas con una evidente falta de higiene o seguridad y sin tener en cuenta sus necesidades. Muchas de las familias realojadas en pensiones o albergues no disponen de cocina o nevera ni de espacio para poder estudiar los niños, como son los casos de Maketxu, Teresa, Pampa, Chaymae, Vega, Mónica, Karín o Anastasia, que han sido desahuciadas y se encuentran en esta situación, temporal, con la inseguridad que ello genera, para ellas y sus familias.

En Barcelona hay ahora mismo 600 personas procedentes, en su mayoría, de desahucios. Al drama, angustia e indefensión que genera un acto de tal agresividad como es un desahucio se le añade una vulneración flagrante, por parte de todas las administraciones, de los derechos humanos, acuerdos internacionales y la propia Ley 24/2015 al no garantizar un realojo digno a las personas desahuciadas

Actualmente se ofrecen realojos precarios y temporales (pensiones, albergues, residencia de estudiantes, hostales…) que muchos de ellos no cumplen con las mínimas condiciones de salubridad y no se ajustan a las necesidades de las familias. Encima no se garantiza una permanencia en el mismo lugar, ya que las familias pueden llegar a ser cambiadas de pensión varias veces en un mismo mes. 

Soluciones temporales que estaban pensadas para unos días o pocas semanas se convierten en espacios donde tienes que vivir durante meses o incluso años. Y todo eso ha sido denunciado en innumerables ocasiones con acciones públicas y reuniones privadas desde hace muchos meses y la respuesta siempre ha sido la misma: «no hay pisos» «no tenemos otra solución».

El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España son los responsables directos de estas violaciones de los derechos humanos. Las personas desahuciadas son las que sufren las consecuencias de la incompetencia de unas administraciones incapaces, no solo de prever la situación, sino de encontrar ninguna medida para acabar con la emergencia. Es por ello que no desocuparemos el Ayuntamiento de Barcelona sin la creación y primera reunión de un Comité de Emergencia donde estén las tres administraciones y donde se cuente con colectivos de vivienda de la ciudad.

Actualmente estos realojos, hasta conseguir un piso de la Mesa de emergencia, son gestionados por la empresa Snow Travel, una empresa del sector turístico, que sin ningún tipo de conocimiento de las familias, las realoja sin tener en cuenta sus necesidades. Está claro que este convenio no funciona y se debe revisar para hacer frente a la realidad. Exigimos al Ayuntamiento de Barcelona que cambie el convenio firmado con la empresa para hacer efectivo un realojo digno. Aquí podeis ver los requerimientos y convenio firmado con la Generalitat de Catalunya.

El largo tiempo de espera de casi dos años para acceder a un piso de la Mesa de emergencia es inadmisible, y hace que las familias que han sido desahuciadas estén de pensión en pensión hasta que este piso no es adjudicado. 

Esta situación de incertidumbre e inseguridad genera graves impactos en la salud a las familias y más aún en las mujeres, como hemos evidenciado en los últimos informes publicados. Actualmente hay 1.500 familias en Cataluña sufriendo esta situación y esperando un piso de la Mesa de emergencia, 550 de ellas en la ciudad de Barcelona. Exigimos colaboración y corresponsabilidad entre Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña y Gobierno español para conseguir medidas de urgencia e innovadoras para poner esta lista de espera a cero. Las familias no pueden esperar más y no son responsables de las nulas políticas de vivienda realizadas durante estos años en las diferentes instituciones como el Gobierno del Estado o la Generalitat.

La Administración es la responsable de ofrecer un realojo digno a las familias. La Ley 24/20115, en el artículo 5.6, nunca suspendido, dice: «Las administraciones públicas deben garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio. El mecanismo de garantía de realojo lo debe acordar la Generalitat con la Administración local para los casos en que las Mesas de valoración que regula la sección IV del Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el derecho a la vivienda, tramiten como emergencias económicas y sociales». Actualmente, tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat están incumpliendo sistemáticamente la Ley dejando de lado a las familias que han sufrido un desahucio.

En cualquier país de nuestro entorno todas las familias que están en estos momentos en pensiones o resistiendo los desahucios en sus hogares estarían en un piso público. Es inadmisible que nos llamemos una sociedad avanzada y tratemos a las familias vulnerables de esta manera. La falta de un parque público de alquiler social en nuestras ciudades deriva en una crisis habitacional que se ha visto agravada y cronificada en los últimos 10 años, y que el futuro no es nada esperanzador. Para aumentar el pico de 1,6% del parque en la ciudad de Barcelona y equipararnos a Europa que ronda el 15%, la respuesta debe venir de diferentes agentes. La sociedad civil organizada ya está poniendo todo su esfuerzo para erradicar la situación, pero es necesario que las administraciones, TODAS, se impliquen, al igual que el sector inmobiliario. Hace falta responsabilidad y un cambio de paradigma, tanto en medidas de urgencia como en las estructurales. Un dato: Barcelona ha perdido un 39% de su parque, si en vez de haber hecho vivienda pública de venta la hubiera hecho de alquiler e indefinido. Las administraciones tienen que aprender del pasado, ser ágiles y poder cambiar aquello que no ha funcionado. Es por ello, que hoy queremos tener delante a las 3 administraciones para hacer lo que parece imposible y que la PAH quiere hacer posible: tener un pacto para dar salida a las centenares de familias que se encuentran en inseguridad residencial vulnerándoseles su derecho a tener una vivienda digna. 

Durante el periodo electoral de las pasadas elecciones municipales nos reunimos con todos los partidos políticos para trasladar unas demandas concisas de cara a este nuevo mandato, y que casi todos ellos valoraron positivamente de trabajar en las necesidades. Ahora es el momento, sin embargo, de que el nuevo Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, esté del lado de la ciudadanía, promoviendo medidas valientes para hacer frente a esta situación.

Asimismo, una vez recuperada íntegramente la Ley 24/2015, a principios de año exigimos al President Quim Torra y al Gobierno de la Generalitat medidas valientes para acabar con la emergencia habitacional. Nuestras demandas son claras y concisas, solo hace falta voluntad política para hacer frente. Cuatro meses después, y con pocos de los compromisos asumidos, la semana pasada volvimos a encontrarnos para evidenciar que hay que aplicar las actuaciones pendientes y cumplir el calendario. El Gobierno de la Generalitat no puede dar la espalda a las familias. 

Por su parte, el Gobierno español, antes de las elecciones, se comprometió a hacer los «viernes sociales». Exigimos que vuelvan estos viernes pero con la diferencia de escuchar a la ciudadanía y no hacer medidas maquillaje. Las más de 644.718 familias desahuciadas desde 2008 en todo el Estado no pueden esperar más. Tenemos un gobierno en funciones y debe actuar para dar respuesta a la ciudadanía, ahora mismo están haciendo dejación de sus funciones. Exigimos llevar las demandas de la PAH al Congreso y dar respuesta inmediata a la emergencia de los desahucios y a la corresponsabilidad del sector financiero.

En Barcelona, en Cataluña y en el resto del territorio español estamos en una situación crónica de emergencia habitacional. De 2008 a 2018 se han desahuciado 644.718 familias en el territorio español. En 2019 Cataluña continúa liderando el ranking de la vergüenza en desahucios, y en Barcelona continúan los 11 desahucios diarios. Los datos hablan por sí solos, es necesario que las administraciones afronten el problema con urgencia e implicación. Dando la espalda a la ciudadanía no harán que desaparezca la grave situación que padecen las familias. 

La PAH una vez más, como vamos haciendo desde hace 10 años, nos adelantamos a las instituciones y proponemos soluciones efectivas. Ahora, sin embargo, es necesario garantizar los realojos dignos a las familias, la vivienda es un derecho y seguiremos luchando para hacer cumplir la ley. Una vez más demostraremos que #SiSePuede.

PorPAH_Bcn

Insuficiencia en el plan de derecho a la vivienda del nuevo Ayuntamiento de Barcelona

El acuerdo entre BeC y PSC obvia temas claves

El 10 de julio de 2019 el nuevo gobierno municipal de Barcelona ha publicado el documento titulado “Acord d’esquerres per al govern de Barcelona”, firmado por Barcelona en Comú y el Partit Socialista de Catalunya.

En dicho documento se especifica que en los próximos 4 años trabajarán con diálogo permanente con todas las fuerzas políticas para generar consensos en políticas de ciudad, así como un diálogo con entidades y la sociedad civil. Entre las medidas acordadas, destacamos el punto 4, donde se comprometen a desarrollar el derecho a la vivienda y la transformación urbana en los barrios:

  • Analizar la ampliación del 30% de vivienda social, construir o adquirir 1.500 viviendas públicas anuales con un mínimo de 4.000 de nueva construcción.
  • Reforzar el Operador de Vivienda y el Consorcio Metropolitano de Vivienda.
  • Crear un centro anti-mobbing inmobiliario.
  • Reducir los desahucios.
  • Trabajar con el gobierno central para que se pueda declarar zonas urbanas de mercado tensionado y regular las subidas abusivas de alquileres.
  • Impulsar medidas en diferentes barrios.
  • Rehabilitación de entre 75.000 y 80.000 hogares con énfasis en la pobreza energética.
  • Plan de Barrios: impulsarlo de manera eficiente en 10 áreas incluyendo mecanismos de gobernanza.

Valoramos positivamente estas propuestas pero nos gustaría saber cómo se van a llevar a cabo, con qué presupuesto y cuándo tendremos disponibles las viviendas para hacer frente a las más de 550 familias en la Mesa de emergencia, a las más de 36.000 personas que han solicitado una vivienda social, por ejemplo.  Recordemos que desde la PAH y en campaña electoral se pidieron puntos que se tratan de manera escueta o no se mencionan, como la revisión del protocolo de acceso a la Mesa de emergencia y la reducción a cero de la lista de espera en la Mesa de emergencia, el realojo digno después de un desahucio, ampliar la bolsa de alquileres, facilitar la negociación en casos de ocupación para obtener realojos sociales, unificar las visitas a Servicios Sociales y Habitatge y el seguimiento individualizado de los bloques con mobbing inmobiliario.

Cabe recordar el compromiso de los representantes de BeC durante la campaña electoral, de “dejar a cero la lista de espera de la Mesa de emergencia, garantizar la Ley 24/2015 y que la bolsa de alquiler se abra todo el año”, así como los compromisos del PSC diciendo que pretendían “evitar los realojos en pensiones, conseguir 5.000 pisos de alquiler de entidades financieras, conseguir 25.000 viviendas sociales y el cumplimiento de la Ley 24/2015”. (https://elpais.com/ccaa/2019/06/21/catalunya/1561124321_164474.html).

La situación de emergencia habitacional hace necesarias y urgentes medidas valientes, que abarquen la totalidad de la población para que tengan garantizado el derecho a la vivienda, y no repetir años como el 2018, donde se practicaron, solo en Barcelona y según los datos del Consejo General del Poder Judicial, 2.381 desahucios. Esta cifra no refleja la realidad de la ciudad donde centenares de familias abandonan su hogar de forma invisible por no poder pagar su alquiler debido a las subidas abusivas, y a las otras centenas de familias que son desahuciadas de sus casas por ocupación y que los datos no reflejan.

Necesitamos medidas valientes e innovadoras para hacer efectivo el derecho a la vivienda en nuestra ciudad. Desde la PAH seguiremos proponiendo medidas y desobedeciendo las leyes injustas para que a ninguna familia se le vulnere su derecho a tener una vivienda digna y adecuada.

¡Porque sí se puede y lo demostramos cada día!

PorPAH_Bcn

Exigimos al President Torra el cumplimiento de los compromisos logrados en materia de vivienda y pobreza energética ahora que la Ley 24/2015 es completamente vigente

Después de cuatro meses desde la primera reunión con el President, valoramos el trabajo conjunto pero los avances son pocos: hay que aplicar las actuaciones pendientes y cumplir el calendario

Barcelona, 11 de julio de 2019

Hoy, el Grupo Promotor de la ILP Vivienda – Ley 24/2015, formado por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Cataluña, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC, hemos mantenido una reunión de seguimiento de la aplicación de la norma con el President Quim Torra, en la que se ha puesto sobre la mesa que no se han conseguido los compromisos acordados al respecto.

En el encuentro, han participado también el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, la Consejera de Empresa y Conocimiento, Maria Àngels Chacón, el Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, la directora de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Judith Gifreu, el Secretario de Hábitat Urbano y Territorio, Agustí Serra, el Secretario de Asuntos Sociales y Familias, Francesc Iglesias y el Secretario de Comunicación de la Generalitat, Antoni Molons.

El pasado mes de febrero, y después de casi 3 años, conseguimos recuperar íntegramente la Ley 24/2015 que el PP y la banca intentaron tumbar llevándola al Tribunal Constitucional, recuperando artículos imprescindibles. Un mes después, presentamos medidas efectivas para acabar con la emergencia habitacional y la pobreza energética en Cataluña  y exigimos al President de la Generalitat la necesidad de un gobierno valiente para hacerle frente. 

Durante cuatro meses, hemos mantenido ocho reuniones con los diferentes departamentos que abordan tanto la emergencia habitacional como la pobreza energética. La valoración y balance de las reuniones se puede consultar aquí.

Como aspecto positivo, cabe mencionar el trabajo conjunto que antes no existía y el reconocimiento de las entidades sociales como interlocutoras principales. También se han hecho algunos avances en cuatro de las trece demandas que planteamos.

No obstante, quedan avances claves pendientes de activar y hay que darles una prioridad real de cara a septiembre. No estaremos eternamente sentadas en una mesa, ahora hay que pasar a la acción y ver resultados reales.

Las demandas principales que hemos exigido que se activen en septiembre y la respuesta del Gobierno son las siguientes:

  1. Aplicación inmediata de un plan de choque para poner la Mesa de emergencia a cero antes de que termine el año 2019. El Gobierno lo vincula al nuevo decreto ley de vivienda, reconociendo que es necesario pero posponiéndolo.
  2. Activar una campaña comunicativa dirigida a la población para que conozca sus derechos y para la aplicación plena de la ley en el mes de septiembre de 2019. El President ha aceptado activarla en septiembre con urgencia.
  3.  Actualizar en el mes de septiembre el protocolo de comunicación de desahucios del TSJC y la Consejería de Justicia, ya que es de 2013, y obvia la Ley 24/2015. El Gobierno hará una reunión en septiembre con el TSJC a la que reclamamos asistir.
  4. Concretar en septiembre a través de un reglamento o instrumento legislativo propio un precio y procedimiento de la cesión obligatoria de viviendas vacías para aplicarla, sin transferir a los bancos dinero público. El Departamento lo vincula al decreto y hay que señalar que no podemos renunciar ni un día más a movilizar vivienda vacía de los grandes propietarios.
  5. Incorporar las propuestas de ampliación de la Ley 24/2015 a las iniciativas legislativas del Gobierno previstas para el curso 2019-2020 y contar con nuestro acuerdo en la forma de incluirlas. También lo vinculan al decreto y hemos dejado claro que habrá que contar con nuestro visto bueno.
  6. Firma de convenios para acabar con las deudas antes de terminar el año 2019. Hemos obtenido un compromiso de la Consejera de Empresa de hacerlo realidad en este plazo.
  7. Implementación del protocolo de detección de casos de pobreza energética de los Bomberos de la Generalitat en todos los parques una vez finalizada la prueba piloto en noviembre. El Consejero de Asuntos Sociales se ha comprometido.
  8. Reunión con el Departamento de Empresa para que el protocolo de instalación de contadores sociales de luz y de gas en viviendas en situación de ocupación pueda ver la luz a lo largo del mes de septiembre. Se ha obtenido el compromiso de una reunión para hacerlo desencallar en julio.
  9. Hacer públicos los datos de los cortes de suministro parados desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015 antes del mes de agosto. A pesar de la falta de respuesta hasta el momento, hoy mismo se han aportado nuevos datos que serán complementados de forma urgente.

El Gobierno no puede renunciar a hacer uso del 100% del potencial de una ley pionera que nos permite acabar con la emergencia habitacional, además, habiéndola salvado del recurso del PP y la banca.