Gracias 15M

10 años después del 15M podemos afirmar que la PAH ha seguido trabajando y afianzándose, generando escuela de todos los aprendizajes hechos a lo largo de los años

El 15M supuso a la PAH su expansión territorial de manera exponencial. Allí donde había asambleas de StopDesahucios, al cabo de los años se transformaron en PAH, contribuyendo a una maduración del colectivo a nivel estatal.

En un momento donde la PAH estaba afianzando el movimiento por el derecho a la vivienda y tenía claras sus demandas, el 15M ayudó a sistematizar las prácticas que se estaban haciendo y a catalizarlas. Con el lema «Gente sin casa y casas sin gente, no se entiende» se expresaba la incongruencia que existía y sigue existiendo frente a los desahucios, el resultado más dramático de no tener leyes ambiciosas y políticas valientes en temas de vivienda, donde no se defiende la parte más vulnerable de la demanda judicial: las familias vulnerables. La campaña de StopDesahucios pudo coger fuerza gracias a las asambleas de vivienda de los barrios y ciudades que crearon los grupos «StopDesahucios», donde se organizaban para ir a parar los desahucios de familias vulnerables, utilizando las prácticas de funcionamiento PAH donde no había PAH locales. A la larga, muchos de estos grupos StopDesahucios se convirtieron en nodos de la PAH, haciendo crecer el movimiento.

Las plazas y las diferentes comisiones, llenas de frescura y gente joven con ganas de canalizar la indignación en propuestas claras y objetivos concretos, también ayudaron a innovar en acciones directas para expresar alto y claro que «no somos mercancía en manos de políticos y banqueros».

La PAH consiguió un altavoz en el 15M con el que elevar sus demandas y visibilizar prácticas concretas. Así, las ocupaciones a entidades financieras para exigir soluciones a casos individuales tuvieron mucha aceptación, igual que la campaña de «Obra social de la PAH» donde, después de agotar todas las vías posibles en las Administraciones y exigencias de soluciones a bancos, recuperábamos vivienda vacía de las entidades financieras para realojar a familias que habían sido desahuciadas. Hoy en día seguimos con la campaña, aunque por parte de algunos sectores se haya querido demonizar a las familias que han tenido que escoger entre ocupar una vivienda vacía de un banco o dormir debajo de un puente. En este sentido, a lo largo de 2019 se ha puesto mucho interés en proteger las viviendas vacías de los fondos de inversión, como Blackstone, en vez de conseguir que pusieran dichas viviendas en alquiler social, evitando así un desahucio y también una ocupación.

Hoy podemos decir que el movimiento por el derecho a la vivienda es de los más fuertes de la última década y el que ha conectado más directamente con el sentir social mayoritario de la ciudadanía, por lo que no dar respuestas a la altura sería inaceptable. No se puede hablar de un cambio de época –ni lo habrá– si no se garantiza el derecho a la vivienda en España.

Es por ello que desde la PAH y diferentes colectivos nos hemos unido en la Iniciativa por una Ley que garantice el derecho a la vivienda, para exigirle al Gobierno que incluya las medidas que proponen las personas afectadas, aquellas que llevamos años viendo cómo se legisla a espaldas de la ciudadanía, y de una vez por todas acabar con la emergencia habitacional.

La ley debe garantizar medidas de mínimos y de sentido común como:

1. El derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo.
2. Stop desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores; y en el resto de casos, realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos.
3. Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en 20 años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria.
4. Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país.
5. Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital, como parte de una vivienda digna.
6. Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.
7. Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando como mínimo el 2% del presupuesto estatal. Asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo.
8. Participación activa de la población en toda política de vivienda y urbanismo.
9. Es imprescindible que la Ley por el Derecho a la Vivienda incorpore estas demandas de afectadas y sociedad civil, que afectan a la dignidad de las personas y a los Derechos Humanos, blinde las legislaciones autonómicas más progresistas y dé cumplimiento de una vez por todas al PIDESC y a los dictámenes de Naciones Unidas y de los Tribunales Europeos, sin retrasar su aplicación a desarrollos normativos posteriores.

Desde la PAH vemos que estas medidas concretas no pueden esperar y serán una de las pruebas del algodón del nuevo Gobierno en materia de derechos fundamentales. Prueba del algodón o prueba de fuego: escojan la que más les guste.
Llevamos muchos años exigiendo estas medidas, ahora somos más y más organizadas. ¡Estamos seguras de que vamos a conseguir legislar una Ley que garantice el derecho a la vivienda! Para ello nos seguiremos encontrando en las asambleas, en las plazas, en las calles y en Internet 😉

¡Sí se puede!