Ante la pasividad de la Administración, los fondos buitre campan a sus anchas y las familias son echadas a la calle
Debido a la precariedad laboral, Roxana hace siete años alquiló una habitación porque no podía permitirse nada más. Fue engañada por la persona que le hizo el alquiler sin contrato y sin ser informada de que el piso estaba en proceso de ejecución hipotecaria y no era de su propiedad. El engaño se destapó al llegar la primera orden de desahucio.
Hoy se enfrentaba al tercer intento de dejarla en la calle sin tener en cuenta su situación de salud débil y su edad. El primer desahucio se paralizó mientras le concedían la justicia gratuita. Pese a tener seguimiento de Servicios Sociales y la Oficina de Vivienda, nadie fue capaz en siete años de recomendarle que aunque el alquiler fuera de una habitación, tenía que empadronarse. Cosa que hizo a finales de 2021 cuando aterrizó en la PAH, no cumpliendo así con uno de los requisitos para poder acogerse a la moratoria de desahucios hasta el 31 de diciembre de este año o a la Ley 24/2015 para obligar al fondo buitre a hacer el alquiler social obligatorio.
Hasta la fecha, desde Servicios Sociales y Vivienda de Barcelona, sólo le han ofrecido quince días de pensión, como si en estos pocos días la salud de Roxana y su economía mejorasen milagrosamente.
Roxana está pendiente de un piso de la mesa de emergencia y necesita un realojo digno hasta que le entreguen las llaves. Desafortunadamente, la mesa de emergencia está colapsada y el piso puede tardar años en llegar. La culpable de esa saturación es la Administración, que se toma las cosas con calma porque la vida que está en juego no es la suya.
Pese a la gran problemática con la vivienda, reconocida por el propio Collboni como un ”reto de ciudad”, la realidad es que el Ayuntamiento está endureciendo la presión hacia las familias en exclusión residencial. Basta con ver el nuevo protocolo, en el que te hacen firmar un compromiso de marcharte de la pensión en dos meses. Máximo seis, dependiendo del tiempo que haga que has sido desahuciada y realojada. Si ha sido antes o después de la aplicación de este protocolo criminal.
Debido a la desesperación, la angustia y las condiciones inhumanas del piso donde vivía, Roxana ha decidido abandonar la vivienda y poner su futuro en manos de la Administración que tanto le ha fallado hasta ahora. Una vez ejecutado el desahucio, desde la PAH no la dejaremos sola y de momento hemos conseguido pensión en Santa Coloma de Gramenet, pero no cantamos victoria hasta que la veamos.
Denunciamos como máximos responsables al BBVA, que pese al rescate que hemos pagado entre todas y sus actuales beneficios millonarios, opta por vender los pisos habitados a fondo buitre como Whitehead Invest S.L., actual propietario, para que sigan campando a sus anchas ante la pasividad de una Administración que permite los desahucios, realoja en pensiones de mala muerte y tiene previsto desahuciar de éstas, antes que acelerar el proceso de entrega de pisos de emergencia que garanticen el derecho a la vivienda de las vecinas más vulnerabilizadas de su ciudad.