Al mismo tiempo que aumentan los desahucios, con una media diaria de seis en Barcelona, las políticas de Collboni a favor de la especulación y no de las familias, han disparado los casos pendientes de mesa de emergencia a niveles históricos
La PAH denuncia con absoluta contundencia el colapso de la Mesa de Emergencia de Barcelona, que ya acumula 743 casos pendientes de realojo de familias desahuciadas o en situación de vulnerabilidad, la cifra más alta registrada hasta la fecha.
Este dato brutal evidencia la cruda realidad de una ciudad que sigue sin garantizar un derecho básico: el derecho a un techo. Mientras, cientos de familias sobreviven atrapadas en pensiones saturadas, muchas en condiciones insalubres, entre plagas, humedades y hacinamiento. Lo que debería ser una solución provisional se convierte, para demasiadas personas, en un limbo indefinido, sin horizonte de salida. Esto para las que tienen la suerte de no quedarse directamente en la calle.
Pero lo más grave es que esta emergencia no es fruto únicamente de la falta de recursos, de las dificultades administrativas o de las excusas hibutuales. Lo que estamos viendo es la consecuencia directa de unas decisiones políticas que están favoreciendo el negocio de unos pocos a costa de los derechos de la mayoría.
Porque mientras la lista de espera de la Mesa de Emergencia no deja de crecer, el Ayuntamiento sigue sin aplicar con la contundencia necesaria la Ley 24/2015, que le permitiría movilizar viviendas vacías de grandes tenedores y ampliar de forma inmediata el parque de alquiler social. Una herramienta legal que tenemos desde hace años gracias a la lucha social, pero que permanece infrautilizada por falta de voluntad política y esto pasa mientras Collboni se pasea por Europa con ovaciones como el gran defensor del derecho a la vivienda, con elocuencia y palabras vacías que no se corresponden con la realidad que vivimos en Barcelona, donde desahucio tras desahucio comprobamos el endurecimiento de servicios sociales o la deriva de la SIPHO, que ha pasado de ser parte de la solución a parte del problema.
Hablamos de un gobierno municipal que no es capaz de garantizar techo a las familias, sigue facilitando la transformación del parque de vivienda en pisos turísticos, alimentando una turistificación desbocada que expulsa a las familias de sus casas, sus barrios y de la ciudad. No basta con titulares para revertir la situación a tres años vista cuando ya sea insostenible, hay que poner cartas en el asunto desde ya, o las supuestas medidas se quedan en un mero brindis al sol. Por si esto fuera poco, el gobierno de Collboni también amenaza con desmontar la medida del 30% —una de las pocas herramientas que obligan a destinar parte de las nuevas promociones privadas o rehabilitaciones integrales a vivienda asequible— cediendo de nuevo a las presiones de los lobbies inmobiliarios y especuladores.
En resumen: mientras crecen los desahucios y se cronifica la emergencia habitacional, las políticas municipales están favoreciendo que la vivienda deje de cumplir su función social para ser tratada únicamente como mercancía, como un activo financiero más. Esta es la raíz del problema: no es una crisis de vivienda, es una crisis de especulación consentida, que ya demasiadas veces se ha pagado con vidas humanas, como el pasado jueves en el Raval. Desde La PAH exigimos medidas inmediatas, valientes y estructurales. UN plan de choque y urgente sinmás excusas. Aplicación firme de la Ley 24/2015. Ampliación real del parque público de vivienda. Fin de la turistificación descontrolada. Blindaje y refuerzo del 30%. Y, sobre todo, un cambio de prioridades políticas que ponga la vida de las personas por delante de los beneficios de los fondos de inversión y el negocio inmobiliario.
No podemos dejar de poner el foco en las nefasta consecuencias para la infancia. La falta de realojos urgentes y las largas estancias en pensiones tienen un impacto devastador en niñas, niños y adolescentes que se ven arrastrados a una vida marcada por la inestabilidad, sin un espacio seguro ni condiciones adecuadas para crecer, descansar o estudiar. Vivir en habitaciones compartidas, a menudo sin luz natural, sin cocina ni privacidad, genera un estrés constante que afecta su desarrollo emocional, su salud y su rendimiento escolar. Estas situaciones vulneran derechos fundamentales y condenan a muchos menores a una infancia atravesada por la precariedad y la exclusión, cuando lo que necesitan es estabilidad, arraigo y un hogar digno donde crecer y desarrollarse como personas.
El derecho a la vivienda no se negocia. No pararemos hasta que todas las familias tengan garantizado un hogar digno. Las viviendas son para las personas, no para los fondos ni para los turistas.