Exigimos que la moratoria propuesta deberá durar hasta la entrada en vigor de la nueva ley estatal del derecho a la vivienda, que debe regular de forma definitiva la imposibilidad de llevar a cabo desahucios de familias vulnerables que no cuenten con una vivienda alternativa
La moción será aprobada con los votos a favor de ERC, Barcelona en Comú, Junts per Catalunya y PSC. Ciudadanos, PP y Barcelona pel Canvi, una vez más vuelven a dar la espalda a la ciudadanía
Barcelona, 27 de noviembre de 2020
Hoy, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona llevamos al pleno del Ayuntamiento de Barcelona una moción para parar TODOS los desahucios de familias vulnerables que no tengan la alternativa de una vivienda digna, segura y estable, así como la ampliación de la moratoria de cortes de suministro. Cuando el gobierno de Pedro Sánchez anunció en marzo la aprobación de una moratoria de los desahucios mintió, ya que esta medida solo cubre a las familias directamente afectadas económicamente por la crisis de la COVID-19 y no al conjunto de familias vulnerables precarizadas antes de la pandemia. Creando, ante una misma situación de vulnerabilidad, ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda.
Desde entonces, la PAH, con su campaña #DecretoStopDesahucios, ha estado trabajando para conseguir la aprobación de una verdadera moratoria, y el pasado 11 de noviembre presentamos en Madrid un documento con estas demandas, con el apoyo de los grupos parlamentarios de ERC, CUP, EH-Bildu, JxCat, Unidas Podemos, Compromís, Nueva Canarias, Más País y BNG, demostrando así que, si el PSOE realmente quisiera parar los desahucios y los cortes de suministro, tendría una amplia mayoría parlamentaria para su aprobación.
La votación en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, que está prevista para este mediodía, contará con los votos afirmativos de los grupos municipales de ERC, Barcelona en Comú, Junts per Catalunya y PSC. Ciudadanos, PP y Barcelona pel Canvi vuelven a dar una vez más la espalda a la ciudadanía en una cuestión tan sensible como son los desahucios y los cortes de suministro.
Desde la PAH y los movimientos por el derecho a la vivienda no cejaremos hasta conseguir que nuestros derechos sean garantizados y consigamos un #DecretoStopDesahucios que esté a la altura de la grave situación de emergencia habitacional que estamos sufriendo.
Hay vidas en juego.
A continuación compartimos el texto de la moción presentada:
Por salud pública y responsabilidad política: ¡Acabemos con los desahucios en plena pandemia!
Los más de un millón de desahucios que ha sufrido la sociedad española, desde el inicio de la crisis anterior en 2008, han sido una vulneración injustificable de un derecho humano y constitucional tan importante como es el de la vivienda, apoyo de otros derechos fundamentales.
Como se puede comprobar por los datos del CGPJ, los desahucios siguen siendo una realidad cotidiana. Tal como indica el último informe del Ayuntamiento de Barcelona, en solo 5 semanas (14 de septiembre – 23 de octubre de 2020) hubo 443 órdenes judiciales de desahucio que afectaron a 1211 vecinos y vecinas (463 menores de edad) en situación de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, y tal como indicó Leilani Farha, exrelatora de vivienda de la ONU, la vivienda debería ser la primera línea de defensa ante la COVID‐19. Parece que no es el caso ni en Barcelona ni en España.
En tiempos de pandemia se le está pidiendo a la ciudadanía que haga todo tipo de sacrificios y, en nombre de la salud pública, se le recortan libertades y capacidad de movimiento; es insistente el requerimiento de quedarse en casa. Nuestro estado social y de derecho no puede, al mismo tiempo, mirar a otro lado ante la continuidad de los desahucios de un sector importante de la población: la de familias y personas vulnerables, poniendo en riesgo su salud y la de todas.
El tercer trimestre traerá cifras demoledoras de desahucios a la vista de las convocatorias diarias para evitarlos por parte de PAH Barcelona y de los numerosos colectivos que luchan cada día por el derecho a una vivienda digna. Desahucios, incluso de Bankia y de la SAREB, entidades de mayoría de capital público, que debieran, por tanto, actuar de manera coherente y comprometida con el artículo 47 de la Constitución.
La PAH y otras entidades sociales indicamos que las medidas iniciales que se aprobaron para paliar los efectos de la COVID-19 en temas de vivienda supusieron un alivio temporal para muchas personas, pero que eran claramente insuficientes porque dejaban sin protección a las familias que ya estaban en vulnerabilidad con anterioridad al estallido de la pandemia, a las que tenían procesos judiciales en curso y a las que se han visto obligadas a vivir en precario debido a la falta clamorosa de un parque público de vivienda, del que sí que disponen países de nuestro entorno. Además, la reciente supresión de la moratoria de las hipotecas y de los cortes de suministros ha agravado más la situación de vulnerabilidad de las familias.
Es por todo lo explicado anteriormente que el pleno del Ayuntamiento de Barcelona expresa su más absoluto apoyo a la petición de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y del resto de asociaciones en defensa del derecho a la vivienda, al Gobierno del Estado, para la aprobación inmediata de un nuevo decreto que suspenda TODOS los desahucios y cortes de suministros de familias vulnerables que no tengan la alternativa de una vivienda digna, segura y estable, adoptando las compensaciones adecuadas, en caso de que fuera necesario, en los desahucios de pequeño propietario. La moratoria deberá durar hasta la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda que debe regular de forma definitiva la imposibilidad de llevar a cabo desahucios que no cuenten con una vivienda alternativa, dando cumplimiento al art. 47 de la Constitución y a las diferentes medidas que las Naciones Unidas recomienda al Estado español para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales suscritos por España en materia de Derechos Humanos.
No solo por Justicia Social y en cumplimiento de los Derechos Humanos, ni siquiera para dar respuesta a las indicaciones del reciente informe presentado por el Sr. Philip Alston, relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza, ni siquiera solo para cumplir con los dictámenes condenatorios a España por vulneración de este derecho, y con las recomendaciones que ambos contienen, sino también y muy especialmente, por razones de salud pública.
Hoy más que nunca, hay vidas en juego.