La presión de la PAH consigue arrancar acuerdos a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona para reducir la lista de espera de la Mesa de emergencia

Ayer nos reunimos con la Comisión Permanente del Consorcio de Vivienda, organismo que gestiona la Mesa de emergencia, formada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona

Gracias a la presión de la PAH, hemos conseguido que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona pongan medidas conjuntas para combatir la carencia de pisos para garantizar el derecho a la vivienda a las familias desahuciadas.

Ayer tuvimos una reunión conjunta, con representantes de las dos administraciones, fruto de la acción que hicimos el pasado miércoles 4 de abril a la Oficina de Vivienda de la calle Bolivia 105,  para exigir soluciones y explicaciones a la carencia de efectividad de la Mesa de emergencia, a la hora de garantizar el realojo de las familias desahuciadas sin ninguna alternativa habitacional.

Las familias que se ven obligadas a vivir un desahucio tras otro, mientras esperan que se los adjudique un piso de emergencia, no pueden esperar más. Por eso, avanzándonos una vez más a la Administración, teniendo claro que el problema base viene producido por la carencia de un parque público de vivienda a la altura de la emergencia, planteamos medidas para dar respuesta a los más de 300 casos que están a la espera de que se les asigne una vivienda, y exigir un plan concreto que ofrezca soluciones de aquí a la finalización del año.

La reunión acabó con los siguientes compromisos por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona:

  • La Generalitat aplicará en Barcelona el 60/40, una cofinanciación de ayuda al pago del alquiler. La Generalitat asume el 60% y el Ayuntamiento el 40%. Esta es una medida que solo se estaba aplicando en municipios que no dispusieran de Mesa de emergencia, y que desde ahora se vinculará también a la bolsa de alquiler, tanto por los pisos de particulares, como a los cedidos por Habitat 3. Esta medida es para garantizar el pago del alquiler y se prevé poder aumentar así la bolsa en 200/300 pisos más.
  • Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento pondrán más énfasis a la expropiación de usufructo, fruto de la modificación del Tribunal Constitucional, que ha levantado la suspensión de la Ley 4/2016, que les permitirá iniciar este proceso y aumentar el presupuesto para los realojos. Los costes de estas expropiaciones se financiarán conjuntamente entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat.
  • Aplicación en Barcelona del tanteo y retracto, con cofinanciación por parte de las dos administraciones.
  • Sobre los convenios de cesión de pisos en manos del BBVA con la Generalitat, de los 1.800 pactados, solo se han cedido 1.100, y de estos, 110 en Barcelona. La Generalitat se compromete a acelerar la entrega inmediata.
  • Sobre el convenio de cesión de pisos vacíos del Ayuntamiento con La Sareb (200 pisos) y con Caixabank (50 pisos), en 2 años solo se han cedido 151.

Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento dejaron claro las dificultades y trabas de los bancos a la hora de cumplir estos convenios. Nosotras les exigimos que aumenten la presión para hacer realidad estas cesiones, recordamos las sanciones marcadas por la ley catalana por el Derecho a la vivienda por la tenencia de pisos vacíos, y que hagan denuncia pública de esta actitud de las entidades bancarias.

Todos estos planes y compromisos han sido verbales, pero se ha levantado un acta donde queda todo recogido. Desde la PAH estaremos atentas y haremos seguimiento, para garantizar que de aquí a finales de año, se haya acabado la larga lista de espera de la Mesa de emergencia. De momento, a principios de mayo tendremos una nueva reunión para ver los avances realizados.

No daremos ningún paso atrás hasta garantizar que todas las familias vulnerables tengan garantizado el acceso a un hogar digno y asequible. Seguiremos poniendo encima de la mesa todas las medidas posibles para que los pisos de la banca pasen a incrementar el parque público de vivienda, y no sigan siendo vendidos a SOCIMIS y fondos buitre para hinchar la burbuja del alquiler, tratando el derecho a la vivienda como una mercancía.

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