Se acaba de producir la notificación de desalojo cautelar por parte de los Mossos d’Esquadra a las habitantes del Bloc La Bordeta, el juez del juzgado número 17 de Barcelona ha dictado que tres de las familias ocupantes del edificio, una de ellas con dos niños pequeños sean desalojadas tras un período de 7 dias, es decir, el próximo jueves 23 de Julio. Esto implica que en esa fecha o partir de la misma, entraremos en un período de desalojo cautelar abierto.
El juzgado número 17 de Barcelona ha manifestado que no atenderá a los protocolos existentes para proteger a los menores que pretende desalojar, por lo que la PAH considera que la actuación del magistrado en este caso vulnera los derechos de las famílias que viven actualmente en el bloque, que de acuerdo al art. 47 de la Constitución Española tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Esta situación ya ha sido denunciada por la PAH al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también a la Sindicatura de Greuges, que está tomando cartas en el asunto.
Es inaceptable que un edificio que estaba hace ocho años vacío y abandonado por sus propietarios, la familia Riera-Marsà, sea ahora reclamado por los mismos para volver a permanecer sin uso y sin cumplir el verdadero fin social que debería tener la vivienda: que vivan las famílias que las necesitan como un derecho básico. La familia Riera-Marsa ostenta la propiedad de este edificio pero no ha podido pagar los costes que comportaba su finalización y mantenimiento, por lo que sus deudas han sido liquidadas con fondos de la SAREB, banco que se financia con dinero público pero que no ostenta la titularidad del edificio. Es decir, se ha socializado la deuda privada, pero no la propiedad: las deudas de los Riera-Marsa han pasado a ser públicas, pero sus propiedades siguen en sus manos. Por eso exigimos que la SAREB entregue estos pisos para su uso social, como ya ha pasado con otros dos edificios en Cataluña, reconociendo así el derecho legítimo de los ciudadanos a hacer uso de aquello que han financiado sin ser consultados previamente.
La PAH no desistirá en esta lucha. Hoy son siete famílias con cuatro menores a cargo por las cuales luchamos, pero éste es sólo un ejemplo de las políticas especulativas y de apoyo a los especuladores privados que se han llevado a cabo desde la administración con total impunidad. Esta situación debe cambiar y lucharemos no sólo para que este edificio sea habitado por las familias que lo necesitan, sino muchos otros que hemos pagado con dinero público y que deben pasar a formar parte del parque de viviendas sociales del estado español.
La PAH reclama y exige la cesion del bloque al parque publico de aluiler social.
