Exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez la ampliación de la moratoria antidesahucios y de suministros básicos, hasta la entrada en vigor de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda
Es innegable que los niveles de protección antidesahucios a familias vulnerables que el Gobierno aprobó el pasado mes de diciembre, tras las múltiples denuncias y luchas impulsadas por la PAH, habrán cubierto temporalmente a una parte de las personas vulnerables. Tan innegable, sin embargo, como los 11.000 desahucios producidos en el primer trimestre de 2021, según datos del CGPJ. CaixaBankia, Sareb y fondos buitre siguen desahuciando.
¿Qué está fallando aquí? Solo hay dos posibles respuestas: O falla la legislación y es imprescindible mejorarla, o la judicatura se la salta y es necesario denunciarlo. Si con estas medidas se han ejecutado casi 11.000 desahucios en solo 3 meses, ambas respuestas son correctas. Por lo tanto:
- La legislación debe ampliarse más allá de los tres supuestos restrictivos
- Los jueces han de cumplir el espíritu protector de ley, unificar sus prácticas respecto a ella y, si tienen alguna duda, abstenerse de desahuciar y solicitar a las afectadas o a los servicios sociales, el documento que les pueda faltar.
¿Hasta dónde habría subido esa cifra sin esas medidas? Lo peor está aún por llegar: a pesar de los miles de desahucios ejecutados con la protección parcial de los decretos, otros miles sí se han logrado demorar gracias a la misma. Los juzgados acumulan miles de procedimientos ya concluidos, pendientes de que se levante esa protección para ejecutar sus desahucios, y los decretos caducan el próximo 9 de agosto, lo que, si no se remedia, provocará un tsunami de desahucios a partir del próximo septiembre. Igual caducidad sufre además el decreto contra los cortes de suministros.
Para evitar esas tragedias, que recientemente han provocado 2 suicidios, exigimos al Gobierno que apruebe una ampliación con carácter indefinido hasta la entrada en vigor de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, incluyendo en dicha prórroga el cumplimiento de los compromisos internacionales de España en materia de Derechos Humanos en relación con el Derecho a una Vivienda digna, prohibiendo todo desahucio de personas vulnerables que carezcan de alternativa habitacional adecuada y digna. No podemos permitir que familias vulnerables, sin recursos, sean expulsadas de sus casas por los mismos que originaron la burbuja inmobiliaria. Evitar los desahucios obligando a los grandes propietarios a hacer alquileres sociales, no es imposible, es solo voluntad política.
El que la vivienda esté considerada exclusivamente como un mero bien de consumo, es la causa de que cientos de miles de familias no tengan acceso a ella, y de que cada año varias decenas de miles sean expulsadas de sus casas o se queden sin luz, mientras no existe una ley estatal que garantice y universalice este Derecho.
Si esto no se cumple cuando la pandemia aún no ha acabado, las tragedias serán miles y el único responsable será el Gobierno, ya que es solo cuestión de voluntad política el acabar con esta lacra que se ceba en los más vulnerables de nuestra sociedad. La PAH estará siempre en lucha para denunciar esta vulneración vergonzosa de los derechos humanos en nuestro país, exigiendo soluciones de sentido común que pongan el derecho a la vivienda digna en el centro.
¡Por una moratoria real de los desahucios a familias vulnerables!
#StopTsunamiDesahucios