El colapso de las Mesas de emergencia tiene solución recuperando urgentemente la Ley 24/2015 en su totalidad
27 de septiembre de 2018
Ante la falta de respuesta a la carta pública que dirigimos al Presidente Quim Torra el pasado 29 de junio y frente a la situación de colapso de las Mesas de emergencia en toda Cataluña, las PAHs catalanas realizamos hoy una acción en la sede central de la Agencia de la Vivienda de Cataluña para exigir una reunión urgente con el President y con el Consejero de Territorio Damià Calvet para hacerles llegar una demanda única de las PAHs catalanas: no podemos esperar más a recuperar la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
Cataluña ha sufrido desde el inicio de la burbuja inmobiliaria de 2008 más de 95.000 desahucios. Durante estos años la emergencia habitacional se ha visto agravada por la subida de los precios del alquiler y la falta de políticas de vivienda valientes que antepusieran el interés social frente al del mercado inmobiliario. Tan solo en 2017 el 65% de los desahucios ejecutados en Cataluña son debidos a la falta de pago de las cuotas del alquiler, una cifra que irá al alza debido a la actual burbuja del alquiler. Recordemos que muchas entidades financieras que se vieron obligadas a hacer un alquiler social a familias vulnerables que no podían continuar pagando su hipoteca en el periodo en que la Ley 24/2015 estaba plenamente vigente, ahora rescinden los contratos y/o bien aumentan la cuota a valores inasumibles, abocando a las familias a un nuevo desahucio o a desahucios invisibles sin alternativa habitacional y aumentando la lista de espera de las Mesas de emergencia. También engrosan la lista colapsada de estas las miles de familias que no han tenido ninguna otra alternativa que acceder precariamente a través de ocupaciones a viviendas vacías de bancos y grandes propietarios.
Antes del verano hicimos una petición de información sobre la lista de espera de las Mesas de emergencia a la Generalitat, que nos han respondido tan solo con los datos que dependen de la Agencia, es decir, las de los municipios catalanes sin mesa propia. El número de solicitudes recibidas a partir del 6 de agosto de 2015 (fecha de aprobación de la Ley 24/2015) hasta julio de 2018 es de 4.999, de las que se han aceptado y dado respuesta a 2.512, habiendo actualmente 247 familias en lista de espera.
Pero faltan los datos de los municipios más importantes y afectados por la emergencia habitacional: Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Martorell, Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Vic y Lleida. Sabemos que la lista es mucho más alta: en marzo de 2018 un reportaje de la Cadena Ser ¡¡hablaba de 2.000 familias esperando una vivienda de emergencia en toda Cataluña!! Familias como la de Jordi, el vecino de Cornellà, que en julio se quitaba la vida cuando Blackstone fue a su casa a desahuciarlo por no poder pagar su alquiler. Si la Ley 24/2015 estuviera plenamente vigente, desahucios como el del vecino de Cornellà no se producirían pues los grandes tenedores (entidades financieras y fondos buitre) estarían obligados a ofrecer un alquiler social a las familias.
La Ley catalana del derecho a la vivienda contempla que en 2027 el parque de vivienda social en Cataluña debe estar al 15%, pero hoy en día no llega al 1,5%; lo que conlleva un colapso de las Mesas de emergencia, que haya una lista de espera para viviendas protegidas en Cataluña de 115.634 ‒en Barcelona de 36.000 demandantes‒, cientos de familias obligadas a recuperar viviendas vacías para no verse en la calle ‒ahora más precarizadas por motivo de la ley del PDeCAT en el Congreso‒, y miles de personas sin hogar. Es evidente que sin la creación de un parque público de alquiler en nuestras ciudades la situación no mejorará, por eso desde la ciudadanía hace años que reclamamos que se destinen esfuerzos y políticas valientes de vivienda que garanticen la función social de los hogares.
No podemos permitir que haya ningún piso vacío que no cumpla su función social. Según el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, Cataluña cuenta con 34.061 viviendas protegidas, de las cuales 8.838 no contaban con ningún visado de contrato en el período de 2007 y 2013. Una cifra alarmante que pone luz a la ineficiencia de la Administración para gestionar su parque público cuando haya un situación alarmante de desahucios debidos a motivos económicos. El mismo Departamento actualiza estos datos en el año 2016 mediante un estudio de ocupación de las viviendas sin contrato y detecta 1.712 viviendas vacías en Cataluña. ¡No se entiende, gente sin casa y casas sin gente, no se entiende!
Hoy presentamos 78 casos de algunas compañeras de las PAHs catalanas que son un ejemplo de la realidad que vivimos cada día en nuestros pueblos y ciudades. Familias que no han podido seguir pagando su hipoteca y/o alquiler y que se han visto obligadas a ocupar una vivienda o a vivir en la calle. Familias que están inscritas en las Mesas de emergencia pero que su solución no llega y que tienen que hacer frente a otro desahucio mientras escuchan de la Administración que no hay pisos.
Esta lista de espera y de sufrimiento, de exclusión social y de falta de respuesta de las administraciones debería estar a cero. Debería estar a cero porque el artículo 5.6 de la parte vigente de la ley dice claramente que “las administraciones deben garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio”. Y esto se está incumpliendo de forma flagrante. Y lo más importante es que podría estar a cero para siempre.
Somos perfectamente conscientes de que el recurso del PP y de Rajoy es el gran culpable de esta situación. La manera de hacerlo es recuperar el alquiler social obligatorio para grandes tenedores (artículo 5.1-2-3) y la cesión obligatoria para aumentar el parque de vivienda asequible (artículo 7). Recuperar la Ley 24/2015 es urgente y necesario. No solo lo exigimos desde la PAH sino que también la reclaman profesionales del tercer sector, juristas, entidades sociales y municipios donde con los 6 meses de vida de la Ley tuvieron una herramienta para poder dar soluciones a familias en riesgo de perder su casa.
Hace más de 9 años que luchamos para garantizar el derecho a la vivienda, día a día en nuestras asambleas damos respuestas y soluciones que la Administración no es capaz de dar. Fuimos capaces de cambiar leyes injustas y buscar soluciones a la pobreza energética y a la emergencia habitacional, transformando la ILP vivienda en Ley 24/2015. La mayoría del PP y el Tribunal Constitucional pusieron freno a la ley suspendiendo los artículos que corresponsabilizaban al sector privado: otro favor a la banca y dejando sin alternativa a miles de familias.
Pero la situación ha cambiado, y con una correlación de fuerzas políticas diferentes del Congreso, y con un nuevo Gobierno en la Generalitat de Cataluña, no hay excusas para no recuperar totalmente la ley más garantista en materia de vivienda y pobreza energética: la Ley 24/2015.
Las PAHs catalanas no aceptaremos que esta ley no se recupere en su totalidad y hoy lo queremos dejar claro. No podemos permitir que se sigan vulnerando derechos humanos y que las administraciones no den respuesta. Ahora tenemos la oportunidad de erradicar la lista de espera de la Mesa de emergencia recuperando la 24/2015 y así dar respuesta a las familias.
Exigimos sentarnos a la mesa con los gobiernos catalán y estatal para recuperar mañana mismo la 24/2015. No hay excusas. Hay vidas en juego.