El texto del Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos sufre grandes carencias para garantizar realmente el derecho a la vivienda

Hoy se inicia la tramitación de la Ley de Vivienda promovida por el Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos.

Desde la PAH no podemos celebrar como nos gustaría el inicio de la tramitación parlamentaria de una ley que debería ser histórica y dista mucho de serlo. La primera Ley de vivienda del Estado español, llega con un año de retraso por parte del Gobierno y con un texto poco ambicioso, como ya anunciamos con nuestras alegaciones al anteproyecto el pasado mes de noviembre.

Una ley que no da respuesta a la emergencia habitacional cronificada y no plantea ninguna solución efectiva para acabar con los desahucios y garantizar una vivienda digna a quien los sufre.

Anunciamos que vamos a seguir exigiendo que esta Ley sea una Ley que garantice el derecho a la vivienda y no quede en un proyecto de anuncio sin contenido útil y real para la vida de las personas.

Esta Ley tiene que servir para sentar las bases de un derecho establecido en nuestra Constitución. Que no se siga vulnerando el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales (DESC), que prohíbe los desahucios de personas vulnerables sin una vivienda digna garantizada, y que obligue a grandes tenedores a ofrecer alquiler social previo a un desahucio. Medidas básicas para hacer frente a la emergencia habitacional e impedir que aumente más, siendo necesaria la obligatoriedad de ofrecer alquiler social los bancos y grandes propietarios y el realojo por parte de la Administración en casos de pequeños propietarios; así como la puesta en marcha de medidas que eviten la pérdida de ninguna vivienda más.

Más allá de mecanismos para combatir la emergencia (ahora no contiene ninguno), también debe incluir medidas que ofrezcan cambios estructurales y son de clamor popular desde hace años: regular los precios de los alquileres de manera real y aumentar ineludiblemente el parque público de vivienda con las viviendas vacías de los bancos rescatados para compensar la brutal apropiación del Estado, así como incorporación al parque público también del 100% de las viviendas de la Sareb, e incorporación de viviendas vacías de Socimis y fondos buitre por el tratamiento fiscal preferente.

Es necesario el reconocimiento del Derecho subjetivo a la vivienda -para que sea una realidad debe poder exigirse ante los órganos administrativos y judiciales- y nuevas medidas que acaben con el sobreendeudamiento de las familias, empezando por el reconocimiento de la Responsabilidad Limitada al bien hipotecado; la dación en pago si se continúa con deudas de por vida; la inembargabilidad de la vivienda habitual y una regulación de una 2ª oportunidad real, con medidas como la imposibilidad de desahuciar de vivienda habitual cuando el deudor vulnerable esté incurso en procedimiento de 2ª oportunidad; cancelación de la deuda vinculada a la vivienda habitual; justicia gratuita; supresión real de gastos de notario y registrador…

Por otra parte, las administraciones públicas deben garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad, a todas las personas y a unidades familiares o de convivencia en situación de exclusión residencial mientras dure esa situación.

Desde la PAH seguimos presionando con los partidos que apoyaron hasta el final la Ley que promovimos dentro de la Iniciativa Ley vivienda y, desde las calles, exigiendo cambios valientes en la tramitación de esta Ley.

Iniciaremos una ofensiva para dar a conocer las carencias de esta ley y las propuestas de sentido común de la gente, que cada día ve cómo no puede llegar a fin de mes y es desahuciada de sus casas sin que ningún Gobierno de turno haga nada para resolver esta situación.