Según los datos del CGPJ hechos públicos hoy, en el segundo trimestre de este año se han producido 17.152 nuevos desahucios, un total de 33.059 solo en los 6 primeros meses de 2018. Suben con respecto al trimestre anterior, tanto los derivados de impago de hipoteca: 5.672, como los de impago de alquiler: 10.491; los 989 restantes se dan por otras causas, como la ocupación (familias que carecen de cualquier otra alternativa). Tampoco nos olvidamos, sin dejar de mirar por el retrovisor, de la apertura de procesos ejecutivos de futuros lanzamientos de desahucios, con 20.526 en referencia a este mismo trimestre mencionado posteriormente, donde nos estamos acercando a inicios del crack en el año 2008, paulatinamente, trimestre a trimestre. Con todos estos datos nos podemos dar cuenta de que la burbuja inmobiliaria, ni se marchó, ni tiene pinta de marcharse.
Por desgracia, los hechos no se cansan de darnos la razón en cuanto a la situación de emergencia habitacional que sufre este país. Y los datos pueden todavía empeorar si el Gobierno no cesa en su actitud continuista con la política del PP en el trámite de la ley de crédito inmobiliario (propuesta por De Guindos) y dejan de intentar moderar la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, que reactivaría cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, actualmente suspendidos en su tramitación, en espera del pronunciamiento del TJUE al respecto.
Desde la PAH exigimos al gobierno que adopte ya medidas concretas que pinchen la burbuja del alquiler, como que las Socimis paguen impuesto de sociedades, y que los grandes tenedores de vivienda: fondos buitre, Socimis, banca y grandes inmobiliarias, sean penalizados fiscalmente por cada vivienda que mantienen injustificadamente vacía, hinchando especulativamente la burbuja del alquiler y los precios de compra.
Exigimos también la tramitación y aprobación urgente de la Ley de Vivienda de la PAH, que además, contiene instrumentos para la utilización temporal como Parque Público de Vivienda de las viviendas vacías en manos de la banca, arrebatadas a familias desahuciadas, para frenar los desahucios, para cancelar injustas deudas de por vida y para poner fin a la pobreza energética.
El próximo 17 de octubre finaliza el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de Vivienda de la PAH, y será entonces cuando los diferentes grupos políticos den a conocer sus respectivos proyectos para atajar de verdad la situación de grave emergencia habitacional que vive este país.
Desde la PAH vamos a estar muy pendientes de esas enmiendas para que la ciudanía conozca la realidad de cada uno de esos proyectos.