¡La tercera es la buena!
Gracias a la acción que PAH Barcelona hicimos a principios de abril para denunciar la ineficacia de la Mesa de emergencia y presionar para arrancar soluciones para las 360 familias, que a estas alturas tienen un piso adjudicado pero están sufriendo un desahucio detrás de otro por culpa de la falta de vivienda pública.
La Mesa de emergencia está gestionada por la Comisión Permanente del Consorcio de Vivienda formado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, es el único mecanismo que tienen las familias que sufren un desahucio, para garantizarles un alojamiento, pero a estas alturas no funciona, tiene una lista de espera de más de un año, y mientras, las familias se ven volcadas en un círculo vicioso de desahucios, con los graves efectos que este proceso tiene sobre la salud de todos los miembros de la unidad familiar.
A raíz de esta acción hemos mantenido, con la de hoy, tres reuniones para exigir un plan de choque que garantizara el fin de la lista de espera de aquí a finales de año. Han sido tres meses de excusas y declaraciones de intenciones sin concretar nada, mientras aumentaban los desahucios y el colapso de la Mesa de emergencia.
Hoy por fin han puesto sobre la mesa medidas concretas, en las que la Generalitat se ha comprometido a:
- Ceder 4 millones de euros al Ayuntamiento en los próximos 3 años, que servirán para conseguir 100 viviendas.
- Abrir una nueva línea de crédito para financiar la compra, con tanteo y retracto, de pisos de la banca, que garantizará 400 viviendas de aquí a finales de año para cubrir la lista de espera de la Mesa de emergencia.
Estas medidas son buenas noticias que dan nuevas herramientas para garantizar el derecho a la vivienda de las familias desahuciadas, a pesar de que desde la PAH no podemos ver con buenos ojos que se vuelvan a repagar los pisos vacíos de la banca, pero reconocemos que así también se frenará la venta frenética de estas viviendas a fondos de inversión.
Celebramos más, el compromiso arrancado por parte del Consorcio para defender la recuperación de la Ley 24/2015, una ley que fuerza a los bancos y fondos buitre a realojar y dar alquileres sociales en sus viviendas, para las familias en exclusión residencial.
Una vez más, hoy ha quedado demostrado que es la sociedad civil quien lidera la defensa de nuestros derechos cuando las administraciones miran hacia otro lado, con presión social y soluciones claras y concretas. Hoy ha estado la Mesa de emergencia frente a la carencia de vivienda. Recordemos que en este sentido también estamos trabajando junto con el Sindicato de inquilinas, la ABTS, la FAVB y el Observatorio DESC, para hacer efectiva lo antes posible la primera medida de la moción que presentamos en febrero, para obligar al sector privado a ceder el 30% de todos los edificios de nueva construcción y rehabilitaciones integrales, una medida que de hacerse efectiva también ampliará el parque público de vivienda de protección oficial en Barcelona.
¡Seguimos demostrando que sí se puede y que donde falta voluntad política está la voluntad de la PAH!