La ciudadanía responde ante la vulneración de Derechos Humanos
La PAH Barcelona, el Centro por la Defensa de Derechos Humanos Irídia y el Observatorio DESC interponemos una querella por violación de domicilio, coacciones y detención ilegal, ante los hechos del pasado 8 de octubre donde la actuación de los Mossos d’Esquadra terminó dejando a una familia con dos menores en la calle y a dos personas detenidas.
En primer lugar, la querella se presenta por un delito de allanamiento de morada porque los Mossos entraron por la fuerza a la vivienda a pesar de que esta, ya constituía el domicilio de la familia. Cabe destacar, además, que la causa por una eventual usurpación ya estaba en conocimiento y por tanto, bajo competencia del Juzgado de Instrucción de Hospitalet. Es evidente que la actuación fue desproporcionada y sin las debidas garantías procesales, plazo suficiente y razonable de notificación con antelación a la fecha del desahucio para las personas afectadas y garantía de asistencia jurídica.
En segundo lugar, entendemos que hay un delito de coacciones porque los agentes utilizaron el aviso primero, y la detención efectiva después, para conseguir que la familia saliera de la casa a través de la intimidación.
En tercer lugar, consideramos que se produjo un delito de detención ilegal porque la misma se produjo mediante intimidación y castigo sin que hubiera habilitación legal clara para ello.
Vivimos una situación de emergencia alarmante en Cataluña con 46 desahucios diarios según los datos del CGPJ. No obstante, lamentablemente, desde la Generalitat que debería garantizar el bienestar de las familias aplicando los protocolos legales que garantizan el derecho a la vivienda, como es la Ley 24/2015, que regula la obligación de la Administración a un realojo adecuado a las personas que estén en proceso de desahucio, no vemos la voluntad ni la contundencia para ello. Por el contrario, las personas que defendemos el derecho a la vivienda afrontando los desahucios cada dá en la calle, constatamos que hay un cambio de directrices por parte de los Mossos d’Esquadra y en sus intervenciones ante estas situaciones.
Creemos que la actuación de los cuerpos de seguridad debe respetar la legalidad vigente, los protocolos y deben enfocarse en la protección de las familias más vulnerables. La intervención de las fuerzas policiales debe ser la última opción, priorizando el trabajo de los servicios sociales o de otras unidades de la Administración. Lejos de ello, se ha contravenido la forma como se efectuaban los desahucios últimamente. Las últimas intervenciones policiales, como la del sábado 8 de octubre, en lugar de defenderlos, suponen una vulneración de derechos humanos, muy especialmente de los derechos de la infancia. Esta actuación nos hace cuestionarnos si desde los responsables del departamento de la Generalitat competente, ha habido un cambio de directrices en las actuaciones policiales, teniendo en cuenta que los desalojos forzosos son la injerencia más grave en el derecho a la vivienda adecuada y que solo puede darse en casos excepcionales y respetando los principios del derecho internacional, como ha establecido el Comité DESC de Naciones Unidas.
Si no se trata de un cambio de directrices y nos encontramos ante situaciones de mala praxis por parte de los Mossos d’Esquadra, instamos al gobierno de la Generalitat a abrir una investigación para depurar responsabilidades y evitar que estos hechos se repitan.
Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, miles de familias se encuentran en situación de emergencia habitacional, no solo por no poder pagar su cuota hipotecaria, sino también por no poder pagar un alquiler. En la ciudad de Barcelona más del 65% de los desahucios son por no poder pagar la mensualidad del alquiler. Desde la PAH defendemos el derecho a una vivienda digna y trabajamos cada día por que este derecho sea efectivo, hemos tendido la mano a administraciones, entidades y a todos los partidos políticos para trabajar conjuntamente para erradicar esta situación. Hoy no será diferente. Interpelamos a las administraciones, tanto autonómica como locales, a tener una actuación coordinada para la movilización de viviendas vacías en manos de los bancos rescatados con dinero público, como este caso en concreto propiedad de la SAREB, con el objetivo de aumentar el parque público para evitar desalojos de niños y sus familias sin alternativa habitacional.
Nuestros derechos no se negocian, seguiremos exigiendo y defendiendo el derecho a la vivienda. Los desalojos no pueden resultar en la constitución de personas sin vivienda o vulnerables a la violación de otros derechos humanos.
