La ocupación no es el problema, sino la consecuencia de no hacer políticas públicas para garantizar el derecho a la vivienda
Este martes el PDECat presenta una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados que nos alarma y que queremos denunciar, exigiendo una rectificación para que no tire adelante. La proposición de ley incluye medidas para replicar el desahucio exprés de los alquileres de la ministra Carme Chacón y de Rajoy, pero en este caso sobre las viviendas de administraciones, entidades sociales o de personas físicas, ocupadas. De aprobarse permitiría desahuciar automáticamente sin alternativa habitacional a una familia que esté ocupando el piso desde el mismo momento de la notificación de la demanda, sin mostrar la más mínima preocupación por las causas o por el hecho de arrojar a la pura calle a familias sin alternativa habitacional
Esta proposición de ley se votará pocos días después de publicarse los datos del Consejo General del Poder Judicial, unos datos que cerraban el año 2016 con más de 60.000 desahucios, una media de 166 desahucios diarios en España. Según estas cifras, el 22% de los desahucios se producen en Cataluña, ámbito de actuación principal del PDECat. Pero estos datos son incompletos, ya que no contabilizan los “desahucios silenciosos” (abandono prematuro de la vivienda por la presión del desahucio), o los miles de familias desahuciadas por ocupación en precario. Familias que se han visto obligadas a ocupar porque no existen alternativas, hecho que es responsabilidad también de la administración que las ha abandonado a la hora de proteger su derecho a la vivienda. España es el miembro de la UE con menos vivienda social (2%), con más vivienda vacía (3,44 millones) y con más desahucios. El 13,7% del parque de viviendas está vacío y tenemos el 31% del total de vivienda vacía en Europa (11 millones).
En la exposición de motivos el PDECat disfraza de lucha contra “fenómenos mafiosos” la propuesta de ley. También dice proteger a los pequeños propietarios de supuestos “profesionales de la ocupación” a los que hay que frenar, también en la vivienda pública o gestionada por entidades sociales. Estas medidas no van a solucionar el problema que dicen querer resolver: ni para los propietarios de las viviendas, ni en relación a las mafias. El proyecto de ley no incluye ni una sola medida contra las mafias: para frenarlas hay que denunciarlas y erradicarlas a través de la actuación de los cuerpos de seguridad y de la justicia. No sirve poner el foco sobre las personas que, desesperadas y desprotegidas, caen en la estafa. De hecho por muy rápido que las desahucies, si se ven de nuevo en la calle y sin alternativa, no tendrán más remedio que ocupar de nuevo.
Además la mayoría de ocupaciones actuales son en vivienda vacía proveniente de desahucios de la banca o en manos de grandes tenedores. Por otro lado: la administración ya dispone de mecanismos administrativos efectivos para recuperar la vivienda pública y adjudicarla a quién toque. Y no creemos que las entidades sociales quieran estigmatizar aún más a quien sufre.
Por último, y lo más importante: esta propuesta elude la única solución real al problema: garantizar el derecho a la vivienda. O lo que es lo mismo: acabar con las deudas de por vida, detener los desahucios, dar vivienda de alquiler social a quién lo necesita, manteniendo a las familias en ellas en vez de desahuciarlas y cediendo el parque vacío para su su uso social; obligando a la banca y a los grandes tenedores a asumir su responsabilidad, y asumiendo los Gobiernos y las Administraciones la suya de no dejar nadie en la cuneta.
Es conocida la campaña de la PAH de la Obra Social que defiende la recuperación ciudadana de aquellas viviendas vacías en manos de entidades financieras, de las que se ha desahuciado a miles de familias o permanecen vacías a la espera de hacer aún más negocio sin tan siquiera devolver nada a cambio de los rescates.
Aunque el Proyecto de Ley del PDECat no se refiere a las viviendas de la banca, todo el mundo sabe que nadie escoge acceder a una vivienda en precario si tiene una alternativa real, legal y asequible. Por lo que, tratar burda e irresponsablemente de poner el foco en el eslabón más débil y desproteger judicialmente aún más a las familias que no tienen otra alternativa que ocupar una vivienda, es un grave error.
Como aún no se atreven a criminalizar a quienes ocupan pisos de bancos porque la opinión pública lo defiende, atacan a las que, con la misma desesperación ocupan vivienda pública, de entidades sociales o de personas físicas. Primero esto y después puede venir la criminalización de las familias que recuperan pisos vacíos de la banca y de paso, se fomenta la “guerra entre pobres”. Cuando estalló la burbuja ya hubo intentos de culpabilizar a los deudores de las hipotecas para eludir las responsabilidades de las leyes criminales y de la estafa bancaria (“no pagan porque no quieren” o “nadie le puso una pistola en la cabeza para que firmara”). Parece que ahora les toca a las familias que, desesperadas, ocupan viviendas.
¿Por qué no presentan una proposición de ley este mismo martes para conseguir la soluciones reales, aprobando la dación en pago retroactiva, acabar con todos los desahucios de vivienda habitual y dar alquiler social para quién lo necesita?
Es obvio que son los bancos y los grandes tenedores los grandes responsables de la emergencia habitacional y que hay obligarlos a asumir las soluciones. Pero mientras esto no ocurra, son las administraciones las últimas garantes de los derechos fundamentales. Y más cuando durante años no se han hecho las leyes y las políticas de vivienda que ahora permitirían actuar como toca
Hay propuestas legislativas que, más que buscar solucionar a un problema real, parece que sirvan para gesticular y contentar ciertos sectores. Quizá lo que le pasa al PDEcat es que la dura realidad y la presión ciudadana no le ha dejado otra opción que apoyar medidas que siempre había rechazado; y ahora con este gesto quieren contentar a los de siempre, no sea que defendieran más de la cuenta los derechos de la mayoría. Jugar con la cohesión social y la estigmatización de los más pobres para ello es muy irresponsable. Veremos que hacen el resto de grupos del Congreso.
Mientras no se garantice el derecho a la vivienda de forma efectiva, y no se ataquen las causas reales del problema y sus responsables, existirá el caldo de cultivo para que las familias sufran, las pequeñas mafias ganen y algunos pequeños propietarios tengan problemas.
La solución real es proteger el derecho a la vivienda, en especial movilizando la vivienda vacía de la banca. Si se hace, nadie tendría que ocupar viviendas para no vivir en la calle.