Los datos recientes del Consejo General del Poder Judicial muestran un incremento preocupante en el número de desahucios en Barcelona durante 2024. Un total de 1.331 desahucios marcan un aumento del 6% respecto al 2023
Barcelona es la segunda ciudad, después de Madrid, donde las vecinas sufrimos más desahucios. Aunque podríamos decir que la principal causa del aumento de los desahucios sigue siendo el impago del alquiler, representando el 82.8% en 2024, más que causa, es el efecto de una ciudad donde los precios de los alquileres han subido a niveles imposibles para la mayoría de las personas, estén en una situación de vulnerabilidad o no. En menor medida, los desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias también han crecido respecto al 2023 con un incremento del 20%. Debido a que seguimos ante una legislación hipotecaria criminal, muchas familias siguen arrastrando las consecuencias de la crisis de 2008 y otras se han sumado debido al aumento del euríbor, que ha convertido sus cuotas en inasumibles. En los desahucios clasificados como “otros”, esto puede incluir otro tipo de propiedades que no son vivienda habitual. Desalojos por ocupación ilegal, finalización de contratos de alquiler sin renovación y otros conflictos legales entre propietarios e inquilinos también han aumentado significativamente, de 109 en 2023 a 145 en 2024.
En resumen, consecuencias de una economía vampírica y una especulación protagonizada e impulsada, sobre todo, por los fondos de extracción, que en los últimos años han adquirido una gran cantidad de propiedades en Barcelona, especialmente viviendas destinadas al alquiler. Estos grandes propietarios, conocidos como “fondos buitre”, han implementado estrategias agresivas para maximizar sus beneficios, como la subida desproporcionada de los alquileres y la no renovación de contratos, además de utilizar tácticas legales para expulsar a inquilinos vulnerables y vender las propiedades con mayores beneficios. Una de las prácticas para eludir la regulación de los precios del alquiler es la creciente conversión de viviendas en alojamientos turísticos, que ha reducido la oferta de alquiler residencial, encareciendo aún más los precios. Los alquileres de temporada han contribuido a la inestabilidad habitacional, haciendo que muchas familias no puedan acceder a contratos de larga duración.
A esto hay que sumarle que la Administración, liderada por el PSC de Jaume Collboni, ha centrado sus esfuerzos en atraer eventos de alto nivel como la Fórmula 1, Louis Vuitton, la Copa América o The District, en lugar de abordar con contundencia la crisis habitacional que tanto dicen les preocupa. Estas iniciativas, que buscan posicionar a Barcelona como un referente del lujo y la inversión internacional, han generado un efecto colateral negativo: el aumento de la especulación inmobiliaria, la subida de precios en las zonas más atractivas para estos inversores y la expulsión de vecinas de renta media y baja. Mientras el Ayuntamiento impulsa estos eventos como una fuente de riqueza para la ciudad, se ignora el impacto real sobre la ciudadanía, que sufre un encarecimiento progresivo de la vivienda, sin medidas efectivas que garanticen su derecho a un hogar digno. La falta de inversión en vivienda pública y la insuficiencia de sanciones contra los grandes tenedores han permitido que la crisis habitacional siga agravándose.
Aun así, una de las pocas medidas para garantizar vivienda asequible en Barcelona es la normativa que obliga a destinar el 30% de las nuevas construcciones y reformas integrales de edificios a vivienda protegida. Sin embargo, esta política ha sido cuestionada por el propio gobierno municipal, que ha dejado claro ya desde la campaña electoral, su disposición a modificar esta regulación bajo la presión del lobby inmobiliario. Esta actitud contradice el discurso oficial de protección del derecho a la vivienda y evidencia la falta de compromiso real del consistorio en la lucha contra la especulación.
Mientras tanto, la pérdida de la vivienda empuja a muchas familias a situaciones de vulnerabilidad extrema, con el riesgo de caer en la pobreza y la exclusión social, incrementando los casos de ansiedad y depresión, el estrés de enfrentarse a un desahucio, que en ocasiones pueden llevar al suicido, como ocurrió, lamentablemente, el pasado verano.
El aumento de los desahucios en Barcelona refleja una crisis habitacional que requiere medidas urgentes y valientes, capaces de plantar cara a los especuladores y de rescatar a las personas. Sin una respuesta institucional efectiva, el problema podría agravarse en los próximos años, afectando gravemente a la estabilidad social de la ciudad. Como no podemos esperar de brazos cruzados, La PAH y el movimiento por la vivienda en general, seguiremos empujando y siendo el único espacio de esperanza de las familias que acuden a nuestras asambleas para poder salir de su desesperación gracias al apoyo mutuo, la solidaridad y el compromiso del colectivo.
