Los tres expedientes sancionadores que ahora se incoan son los primeros de una primera tongada de diecisiete incumplimientos detectados
El Ayuntamiento de Barcelona ha incoado los tres primeros expedientes sancionadores por incumplimiento de la reserva del 30% de vivienda de protección oficial en nuevas promociones y grandes rehabilitaciones, una medida impulsada por el movimiento por la vivienda en la ciudad y que se aprobó apenas hace ahora 4 años. Se trata de tres grandes rehabilitaciones al distrito del Eixample que han incumplido la normativa tramitando sucesivos enterados de obras en lugar de solicitar la pertinente licencia, que solo se habría concedido si la solicitud hubiera previsto la reserva de VPO.
Los tres expedientes sancionadores que ahora se incoan son los primeros de una primera tongada de diecisiete incumplimientos detectados por los equipos de inspección municipales, y la previsión es que próximamente se incoen tres más. El resto, una vez analizados y estudiados por la Unidad de Disciplina y Anti-acoso del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación, derivarán si se tercia en nuevos expedientes sancionadores enmarcados en la Ley 18/2007 por el derecho a la vivienda. Estas sanciones llegan, también, cuando hace poco que el Ayuntamiento ha adquirido las primeras viviendas de protección oficial sobre plano, tal y como marca la medida del 30% que se prevé que estén disponibles en 2024, cuando pasarán a formar parte del parque de alquiler público.
Una medida de éxito de las entidades sociales
El febrero del 2018, la PAH, el Observatorio DESC, el Sindicato de Inquilinas, la FAVB y la ABDT anunciábamos la presentación al Plenario del Ayuntamiento de la moción municipal para la ampliación del parque público. Menos de 10 meses después, el primero de sus 5 puntos, conocido como el 30%, entró en vigor con la aprobación definitiva de la modificación del Plan General Metropolitano por parte de la Generalitat, gracias a una campaña social amplia y muy activa.
Todo ello fue un éxito surgido de los movimientos sociales que, superando la habitual dificultad con las vías formales, suponía un aprendizaje colectivo y la llegada de una medida innovadora a caballo entre el urbanismo y la vivienda, y con un carácter inequívocamente transformador. También contamos con grandes obstáculos: la presión de ciertos partidos políticos del consistorio -concretamente ERC y PSC- que condicionaron su apoyo necesario por la aprobación inicial a la no suspensión de licencias para la aprobación del 30% comportó que el sector privado tuviera meses para avanzar la petición de licencias antes de la aprobación definitiva y ahorrarse parte de la responsabilidad que hubiera tenido que asumir durante los primeros años de la vigencia de medida.
De igual manera, sabemos que a los tribunales hay en curso varios procesos abiertos contra el 30%. Es un hecho lamentablemente normal: el sector privado continúa ignorando la función social de la vivienda y se vuelve contra todo aquello que puede restarle una mínima rentabilidad a sus elevados beneficios.
Todo ello, por eso, conforma uno de los mayores éxitos del movimiento por la vivienda en Barcelona de los últimos años en cuanto a conseguir la aprobación de nuevas medidas de vivienda. La clave para que esta medida siga y dé más buenos resultados es extenderla al resto de Cataluña, especialmente al entorno metropolitano. De hecho, los municipios de Mataró, Moncada y Ripollet también han aprobado el 30% después de Barcelona y en otros municipios, como Terrassa, los movimientos sociales lo exigen hace tiempos en los respectivos gobiernos municipales.
Hay que continuar apostando para aprovechar al máximo el potencial del marco legislativo existente, abrir todas las rendijas posibles y derrocar mitos y tabúes que bloquean cambios más ambiciosos e igualmente necesarios.