La PAH lleva años planteando soluciones para realojar a las familias desahuciadas, el PP ha encontrado la más eficaz: una celda caliente durante 3 años y no nos quejemos que encima nos dan de comer y suministros garantizados.
El partido de la corrupción y los desahucios, el PP, vuelve a la carga contra la gente, proponiendo una reforma de la ley de desahucio exprés del PDeCAT, para que también los estafadores de la banca, los especuladores de los fondos buitre y las Socimis puedan utilizar este mecanismo, pero además, incluyendo penas de hasta 3 años de cárcel. Elimina la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio, para que la policía pueda de inmediato desalojar, sin necesidad de orden judicial, a pesar de que ya la ley del PDeCAT está recurrida ante el TC, entre otros, por este motivo. El PP no solo rescató a la banca con 77.000 M € de nuestros impuestos sin exigirles ni una sola contrapartida, sino que 10 años después de estallar la crisis económica, continúa legislando contra las familias vulnerables, cebándose en el más débil. En el resto de países como Holanda y Estados Unidos la banca ha devuelto, con beneficios, todo lo que se les prestó. El PP en cambio quiere que España continúe premiándolos por sus abusos e ilegalidades.
Como siempre, utilizan como excusa las supuestas mafias de la ocupación para justificar una propuesta, que únicamente va en beneficio de los fondos buitre, las Socimis y la banca, que como sabemos, son socios preferentes del PP. El PP, que liberó a las Socimis de pagar el impuesto de sociedades, que puso las bases de la actual burbuja del alquiler con su reforma de 2013, que ha vendido vivienda pública a fondos buitre, que vetó la Ley de Vivienda de la PAH cuando era gobierno, que la ha estado bloqueando desde septiembre, que le ha presentado ahora una enmienda a la totalidad para mantener la actual situación de los alquileres.
¿Dónde piensa el PP de Casado que irán las familias desahuciadas? ¿Desaparecerán? En cualquier país de nuestro entorno las familias vulnerables estarían en una vivienda pública. En España, con un vergonzoso 1,5% de vivienda pública, versus el 15% de media Europea, se ven obligadas a ocupar. ¿Es la cárcel lo que entiende el partido más corrupto de Europa como realojo garantizado para las familias más vulnerables?
En un país en el que solo durante los 3 primeros trimestres de 2018 se han ejecutado más de 184 desahucios de media al día, según los datos del CGPJ, donde el parque público de vivienda apenas supera el 1% imposibilitando el realojo de familias desahuciadas, con unos precios de alquiler y de compra de vivienda desbocados y unos salarios devaluados, donde se permiten los desalojos forzosos a familias vulnerables sin alternativa habitacional, las 184 familias desahuciadas cada día solo pueden quedarse en la calle, u ocupar alguna de las más de 3,4 millones de casas vacías que según el INE hay en España.
El PP considera que tiene que prevalecer el derecho a la propiedad sobre el derecho a la vivienda, es decir, se olvida del artículo 33.2 de la CE, donde establece que el derecho a la propiedad debe delimitarse a la función social de la misma. Y, con toda la cara, propone encarcelar a la gente que, sin ninguna otra alternativa habitacional ocupe o recupere las casas cerradas de sus socios.
Este ataque al derecho a la vivienda consigue remacharlo con la actual Ley de crédito Inmobiliario, cuyo texto original de De Guindos blanquea cláusulas abusivas y que ha sido asumido vergonzosamente con retoques por el PSOE ‒votado por PSOE, PP, C’s, PdCat y PNV‒, ahora pendiente de debate en el Senado.
Pero la Ley de Vivienda la PAH propone alargar la duración de los contratos de alquiler hasta 10 años, cuando el propietario sea una empresa. Obligar a los grandes tenedores de vivienda (banca, Socimis, fondos buitre…) que hayan recibido dinero público por vía de subvenciones, desgravaciones fiscales o rescates, a ceder a las Administraciones Públicas el uso de sus casas, injustificadamente desocupadas, para que sean utilizadas como Parque Público de Vivienda, para abaratar los alquileres y disponer de vivienda social que hemos financiado.
Pedimos apoyo a las movilizaciones para exigir la tramitación y aprobación inmediata de la Ley de Vivienda de la PAH, para que la vivienda deje de ser un simple bien de consumo más, y se garantice el acceso a toda la ciudadanía.
¡Sí se puede! Porque ellos defienden los intereses del 1% pero nosotras somos el 99% restante que puede revertir la situación.