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Desde la plataforma no descartamos iniciar nuevas movilizaciones si los socialistas insisten en criminalizar la pobreza

Barcelona, 11 de noviembre de 2022

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) ha iniciado hoy negociaciones con el Partido Socialista de Catalunya para que este rectifique su postura de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para facultar a los jueces a desalojar una vivienda ocupada en 48 horas después de la denuncia de la propiedad. Esta negociación se ha producido después de que las PAHs Catalanas organizaran una acción de protesta en la sede de los socialistas el pasado lunes, que acabó con el compromiso de reunirnos este viernes con Eva Candela, secretaria de Vivienda y Raúl Moreno, secretario de Políticas Sociales del partido. Les hemos trasladado nuestro malestar y preocupación por la propuesta, ya que entendemos que esta medida facilitará que bancos y fondos buitre puedan expulsar a familias vulnerables de sus viviendas. 

Desde el PSC han defendido que esta medida responde, supuestamente, a la necesidad de combatir las «ocupaciones conflictivas». Sin embargo, los datos demuestran que el 81% de los pisos ocupados en ciudades como Barcelona son de grandes propietarios, es decir, bancos y fondo buitre, que pueden utilizar esta modificación para saltarse la obligación de hacer alquiler social a las familias, de acuerdo con la ley catalana antidesahucios (Ley 24/2015). Por tanto, entendemos que la propuesta que quieren aprobar los socialistas no se corresponde con la realidad sobre la que pretenden legislar, generando confusión a la ciudadanía.

Desde la PAH tenemos claro que la mejor manera de evitar que una familia se vea obligada a ocupar un inmueble es garantizándole una vivienda digna. El Partido Socialista tiene por delante muchas opciones para hacerlo posible: 

• Ley 24/2015 antidesahucios. Catalunya ha sido pionera a la hora de aprobar mecanismos legales para regularizar a las familias en situación de vulnerabilidad que se hayan visto obligadas a ocupar o no puedan pagar hipoteca o alquiler. Esta medida contempla la obligación, por parte de los grandes tenedores, de realizar alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad; por otra parte, también permite que la Generalitat obligue a los grandes tenedores a ceder aquellos pisos que estén vacíos desde hace más de 2 años.
• Ley de Vivienda. Actualmente, el PSOE mantiene bloqueada la Ley de Vivienda en el Congreso porque se niega a incluir medidas de mínimos como la de ofrecer alquiler social a familias en situación de vulnerabilidad, tal y como contempla la ley catalana. Si el gobierno español incluyera las medidas propuestas por los colectivos, tendría el apoyo de otros partidos como Podemos, ERC, BNG, Bildu, Más País y la CUP y podrían aprobarla de inmediato.
• Sareb. Desde principios de año que el Estado es el accionista mayoritario de la Sareb, una entidad rescatada también con más de 60.000 millones de euros de fondos públicos que nunca devolverán. Este rescate debería devolverse poniendo sus pisos a disposición de Comunidades y Ayuntamientos a fin de ampliar un parque público de vivienda que actualmente ronda un ínfimo 2%, uno de los más bajos de la Unión Europea.

Desde la PAH tenemos claro que no vamos a permitir ninguna modificación legal que implique la criminalización de la pobreza en un contexto de emergencia habitacional a la que los poderes públicos no son capaces -ni tienen la voluntad- de dar respuesta. Por eso anunciamos que si el Partido Socialista insiste en aprobar una normativa adoptando el discurso de la ultraderecha, incrementaremos la presión con nuevas movilizaciones en la calle.

Frente a la falta de respuesta del gobierno municipal ante la emergencia social, el Sindicato de Inquilinas de Hospitalet, las PAHs de Hospitalet y Barcelona y la Alianza contra la Pobreza Energética, entre otras, anuncian acciones durante las próximas semanas

Hoy, entidades de los movimientos sociales −PAH, APE y Sindicato de Inquilinas− nos hemos reunido con Jesús Husillos, teniente de alcaldía de Equidad, Derechos Sociales y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Hospitalet para reclamar un cambio de actitud urgente y necesario por parte de los servicios sociales del municipio. Denunciamos la insostenible situación actual de emergencia económica y social, de pobreza y de desprotección generalizada en la ciudad, hecho por el que cientos de familias se acercan a nuestras asambleas, afectadas por graves problemas de vivienda y pobreza energética.

Sin embargo, a pesar de estar inmersas en esta situación crítica en lo que se refiere a la garantía de los derechos básicos de la ciudadanía, las entidades mencionadas consideramos que el Ayuntamiento de Hospitalet no está a la altura de las circunstancias y por este motivo les hemos reclamado una reunión para trasladarles las necesidades urgentes detectadas en cuanto a la atención de los servicios sociales del municipio.

En la reunión que ha tenido lugar hoy, el teniente de alcaldía Jesús Husillos ha admitido que el teléfono de reserva de citas no funciona desde hace meses (solo se puede pedir cita por teléfono y por correo), que existe una grave carencia de personal de atención y que solo tienen un técnico para atender situaciones de urgencia en desahucios para cubrir una ciudad de más de 260.000 habitantes. Asimismo, aseguró que no ve posibilidad de revertir esta situación en los próximos meses.

Las políticas de protección y garantías de un mínimo bienestar son ampliamente insuficientes, cuando no irrisorias. La vivienda es inasequible para la mayor parte de la población. Los desahucios de personas vulnerables tienen lugar todos los días, ignorándose sistemáticamente tanto las moratorias que el Gobierno del Estado ha decretado, como la ley catalana de la vivienda. El aumento sin precedentes del precio de suministros básicos como la luz o el gas está agravando las muy diversas formas de pobreza energética que ya afectaban a la población antes de esta nueva crisis.

Durante los últimos meses se ha podido constatar una dificultad sistemática para obtener cita con servicios sociales. Correos que no se responden, teléfonos que no funcionan, carencia de atención presencial y trámites que se eternizan. No son pocos los casos que se conocen de personas que han tardado meses en conseguir cita, incluso en situaciones críticas. No existen protocolos de urgencia ni por cortes de suministro ni por casos de desahucio, dejando a las familias desprotegidas en momentos críticos.

Las entidades solicitamos esta reunión con la voluntad de sumar esfuerzos para mejorar el sistema de atención a la emergencia social. Lamentamos que nuestras propuestas hayan sido rechazadas sistemáticamente. La falta de respuesta no nos deja más opción que abrir un ciclo de movilizaciones hasta que el gobierno municipal reaccione. No dejaremos a las familias desprotegidas ni permitiremos que se sigan vulnerando los derechos humanos de la ciudadanía de Hospitalet.

El Partido Socialista pretende vulnerar derechos fundamentales modificando la LECrim a finales de mes para echar a familias vulnerables, en línea con los discursos de la ultraderecha

Esta mañana las PAHs Catalanas hemos organizado una acción de protesta en la sede del PSC en Barcelona en respuesta al anuncio de los últimos días, por parte de los socialistas, de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para poder desalojar a familias que ocupan una vivienda en precario en 48 horas y sin juicio. Las entidades que defendemos el derecho a la vivienda tenemos claro que esta medida, que supuestamente debe servir para combatir las ocupaciones conflictivas, en realidad lo que hace es facilitar que grandes tenedores (que son quienes tienen más viviendas vacías) puedan echar fácilmente a familias vulnerables y saltarse la obligación de hacerles alquiler social según la ley catalana antidesahucios. El objetivo de esta acción es forzar a los socialistas a retirar estas medidas e impulsar otras que den respuesta a la crisis habitacional y dejen de criminalizar la pobreza.

Además, los socialistas proponen legislar en base a un relato promovido por la ultraderecha y que los datos demuestran como falso: las ocupaciones van a la baja. Según datos publicados por el Ayuntamiento de Barcelona, las ocupaciones han disminuido un 18% en la ciudad desde 2019; por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial ha admitido, en una respuesta a declaraciones similares hechas por otros ayuntamientos del Área Metropolitana, que los delitos por usurpación de inmuebles han disminuido en Catalunya un 59% de 2015 a 2020. 

Por otra parte, la ocupación no es un fenómeno que afecte, de forma habitual, a casas habitadas o a propietarios particulares, al contrario: la gran mayoría de las veces se da en viviendas de grandes tenedores y entidades financieras, que casualmente también son los actores que mantienen un mayor volumen de pisos vacíos, más de 30.000 según datos de El Crític. En 2021 solo se detectaron ocupaciones en pisos vacíos, descartando de entrada esta pretendida alarma de ocupaciones en pisos normalmente habitados.

El 81% de los pisos ocupados en la capital catalana son de grandes propietarios como bancos y fondo buitre; estos grandes tenedores son, en buena parte, responsables de la crisis de vivienda actual, y no víctimas de las consecuencias de esta misma crisis, por tanto, no deben ser protegidos de las ocupaciones a costa de la Administración. 

Medidas contra la ocupación: Ley 24/2015, Ley de Vivienda, Sareb…

Desde la PAH tenemos claro que la mejor manera de evitar que una familia se vea obligada a ocupar un inmueble es garantizándole una vivienda digna. El Partido Socialista tiene por delante muchas opciones para hacerlo posible: 

• Ley 24/2015 antidesahucios. Catalunya ha sido pionera a la hora de aprobar mecanismos legales para regularizar a las familias en situación de vulnerabilidad que se hayan visto obligadas a ocupar o no puedan pagar hipoteca o alquiler. Esta medida contempla la obligación, por parte de los grandes tenedores, de realizar alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad; por otra parte, también permite que la Generalitat obligue a los grandes tenedores a ceder aquellos pisos que estén vacíos hace más de 2 años.
• Ley de Vivienda. Actualmente, el PSOE mantiene bloqueada la Ley de Vivienda en el Congreso porque se niega a incluir medidas de mínimos como la de ofrecer alquiler social a familias en situación de vulnerabilidad tal y como contempla la ley catalana. Si el gobierno español incluyera las medidas propuestas por los colectivos, tendría el apoyo de otros partidos como Podemos, ERC, BNG, Bildu, Más País y la CUP y podrían aprobarla de inmediato.
• Sareb. Desde principios de año que el Estado es el accionista mayoritario de la Sareb, una entidad rescatada también con más de 60.000 millones de euros de fondos públicos que nunca devolverán. Este rescate debería devolverse poniendo sus pisos a disposición de Comunidades y Ayuntamientos, a fin de ampliar un parque público de vivienda que actualmente ronda un ínfimo 2%, uno de los más bajos de la Unión Europea.

Estas son algunas de las propuestas que pondremos sobre la mesa de los socialistas con el fin de abordar la crisis habitacional que llevamos años sufriendo y las herramientas que se podrían emplear para garantizar el derecho a una vivienda digna. ¡No nos iremos hasta obtener un compromiso firme de los socialistas y una fecha para reunirnos y empezar a trabajar!

#48HOpenHousePSC