Hoy viernes 28 de mayo, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Barcelona aprueba una Moción en favor de la Iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda, ante la inminente Ley por el Derecho a la Vivienda que está preparando el Gobierno del Estado, considerando que la nueva ley debe proteger y garantizar de manera efectiva el derecho a la vivienda en todo el territorio.
Tras una ronda de encuentros con los grupos municipales, la moción presentada tiene el apoyo de ERC, Barcelona en Comú, PSC y Junts. Por su parte, Barcelona pel canvi, Ciutadans y PP no la apoyarán.
Desde las entidades llevamos años exigiendo cambios legislativos que garanticen el derecho a la vivienda a la ciudadanía. Durante este tiempo, las entidades sociales hemos demostrado que las demandas de la calle pueden ser llevadas a las instituciones y aprobarse cambios legales importantes, que serían impensables sin los movimientos sociales que hemos impulsado las medidas.
Es patente que nuestra ciudad tiene carencias en políticas de vivienda. Desde la ciudadanía vemos cómo tenemos una oportunidad de legislar en el ámbito estatal, poniendo por delante el cuidado de las vecinas y vecinos de las ciudades de todo el territorio español y legislar para dejar atrás la curva de los desahucios que hace tantos años que nos acompañan.
Desde las entidades tenemos claro que es necesaria la implicación de todas e ir a una para poder hacer llegar nuestra voz al Gobierno del Estado. Y que en la Ley por el Derecho a la Vivienda que se está elaborando incorpore las demandas de afectadas y sociedad civil, que afectan a la dignidad de las personas y los Derechos Humanos.
Hoy queremos hacer llegar al Gobierno del Estado que escuche a la ciudadanía e incorpore las medidas que pueden dejar atrás los desahucios.
A continuación compartimos el texto íntegro de la moción:
Propuesta de moción municipal de apoyo a la Iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno está preparando la llamada Ley por el Derecho a la Vivienda. El borrador entrará en el Consejo de Ministros de manera inminente y se remitirá inmediatamente al Congreso para su debate y aprobación. Después de 42 años de absoluta vulneración de este derecho humano, consideramos que la nueva Ley debe proteger y garantizar de manera efectiva el derecho a la vivienda en todo el territorio. Y en este sentido ha de suponer un avance histórico en la cobertura de este derecho fundamental.
La crisis habitacional es innegable: más de 32.000 personas sufriendo sin hogar; 12 millones de personas en riesgo de exclusión social; más de 1 millón de desahucios entre 2008 y el tercer trimestre de 2020, muchos de ellos agravados con cláusulas abusivas y ejecutados con una legislación contraria a los estándares europeos, sin importar que hubiera menores o personas mayores dependientes.
En el Estado español, el 36,1% de la población destina más del 40% de sus ingresos al pago de vivienda y suministros básicos; y otros miles de hogares jóvenes ni siquiera pueden constituirse. De hecho, únicamente el 18,5% de la población entre 18 y 29 años se ha emancipado por las enormes dificultades para acceder y mantener una vivienda estable.
En España las viviendas sociales representan un 2,5% del parque de viviendas principales, nada que ver con los porcentajes de algunos países europeos de nuestro entorno (Holanda 30%, Austria 24%, Reino Unido 17,6%, Francia 16,8%).
La mayoría social lleva demasiados años soportando a los que ponen sus beneficios privados por encima de la vida y la salud de millones de personas. Es el momento de que las Administraciones públicas asuman su responsabilidad y cumplan con su deber de proteger y garantizar un derecho humano que es básico para asegurar la integridad física, la dignidad, el acceso a otros derechos fundamentales y el desarrollo personal que todas nos merecemos.
Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos que se acuerde en el pleno municipal la adopción del siguiente ACUERDO:
Dar apoyo a la Iniciativa ciudadana por una ley que garantice el derecho a la vivienda, incluyendo, como mínimo, las siguientes 8 medidas de aplicación directa en todo el territorio:
- La ley debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo.
- Stop desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores; y en el resto de casos, realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos.
- Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo a un 20% del conjunto de viviendas en veinte años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria.
- Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Modificación de la Ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a las locatarias del conjunto del país.
- Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital, como parte de una vivienda digna.
- Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.
- Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar a la media europea de parque público, destinando, como mínimo, el 2% del presupuesto estatal. Asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo.
- Participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.
Es imprescindible que la Ley por el Derecho a la Vivienda incorpore estas demandas de afectadas y sociedad civil, que afectan a la dignidad de las personas y los Derechos Humanos, blinde las legislaciones autonómicas más progresistas y dé cumplimiento de una vez al PIDESC y a los dictámenes de Naciones Unidas y de los Tribunales Europeos, sin retrasar su aplicación a desarrollos normativos posteriores.
Finalmente, como el próximo día 9 de agosto finaliza el actual decreto de desahucios que protege casos de familias vulnerables, gracias al cual se han podido paralizar el 80% de los desahucios en Barcelona durante este estado de pandemia, considerando que a partir de esta fecha se iniciarán procedimientos que implicarán una explosión de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, exigimos la ampliación de la actual moratoria de los desahucios hasta la aprobación de la Ley de Vivienda que los evite definitivamente.
