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Clamor de la ciudadanía para recuperar la Ley 24/2015

¡No hay excusas, Pedro Sánchez! La Ley catalana contra los desahucios y los cortes de suministros debe estar vigente este mes de octubre

Miércoles, 17 de octubre de 2018

Hoy el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 presentamos un manifiesto para exigir la recuperación de la Ley catalana contra los desahucios y los cortes de suministros. Esta Ley fue impugnada en la parte de vivienda por el PP en el Tribunal Constitucional en mayo de 2016, y está suspendida en los artículos que se refieren a garantizar el derecho a la vivienda. Con 61 desahucios diarios y Mesas de emergencia colapsadas con más de 2.000 solicitantes mientras que las entidades financieras siguen especulando con la vivienda, queda patente la urgencia de tener vigente la Ley 24/2015 en su totalidad este mismo mes de octubre.

Como se demostró durante los meses en que se estuvo aplicando, es una herramienta que da respuesta a la emergencia habitacional, ya que por un lado obliga a los grandes tenedores a ceder su vivienda vacía a los municipios para que cumpla con su función social, y por otro lado asegura un alquiler social a las familias que no han podido hacer frente a su hipoteca o alquiler, y que están en riesgo de perder su hogar o ya lo han perdido. Así, la Ley permite ampliar el parque prácticamente inexistente de alquiler social (Catalunya cuenta con un parque público del 2% contra la media europea del 10%).

El manifiesto cuenta con el apoyo de 50 firmantes iniciales: ayuntamientos como Barcelona, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Sant Vicenç dels Horts i Reus, entre otros; la Federació de Municipis de Catalunya y la Associació Catalana de Municipis; Colegios Profesionales, sindicatos y entidades del tercer sector como CCOO-Catalunya, UGT-Catalunya, la Taula Tercer Sector Social, la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia de l’ICAB y l’Associació Catalana per la Defensa dels Drets, Col·legi d’educadores socials. Y también movimientos sociales y sociedad civil organizada como el Sindicat de Llogateres, Òmnium Cultural, ANC, Habitat International Coalition, CONFAVB, Aigua és vida, FAPAC, ILP Renda garantida, Bombers indignats y UGT-Bombers.

Es un clamor de la ciudadanía de Catalunya que la Ley 24/2015 vuelva a estar vigente de forma urgente. Tenemos un amplio apoyo inicial y sabemos que este apoyo precursor se extenderá a partir de hoy a entidades sociales, administraciones y a todas las personas de cada pueblo y ciudad que sufren la pérdida de la vivienda y los cortes de suministros, y a las que trabajan para atender a las personas en exclusión residencial desde diferentes ámbitos, porque saben que así tendríamos una herramienta para terminar con los desahucios. La Ley 24/2015 es una ley de todas, es una ley que literalmente salva vidas y hace evidente que frente a leyes injustas se necesitan medidas valientes y herramientas que estén a la altura de las respuestas y soluciones que la ciudadanía necesita.

El gobierno de Pedro Sánchez debe corregir los errores del Partido Popular de manera ágil y efectiva. Existen numerosos precedentes en que un cambio de gobierno ha significado la retirada de recursos interpuestos contra leyes socialmente destacadas que garantizan los derechos humanos a todas las personas. El mismo PSOE, bajo la presidencia del Sr. Zapatero, desistió de como mínimo 21 recursos impulsados por el Partido Popular contra leyes de Andalucía, Aragón, Catalunya, Asturias, Castilla-la Mancha, País Vasco y Extremadura; la mayoría de éstas relacionadas con materias sociales, como la educación, la sanidad y su ordenación, el derecho civil y la regulación de la adopción por parte de parejas de hecho.

Es hora de poner el contador de la vergüenza a 0. Catalunya lidera el ránquing de los desahucios en todo el Estado. Pedro Sánchez tiene en sus manos la potestad de recuperar nuestra Ley y demostrar su altura política dando un paso adelante en la conquista del derecho a la vivienda. Es momento de pasar de las palabras a los hechos.

Existe una demanda clara y amplia de recuperar la Ley 24/2015. ¡Hoy es posible! Solo es cuestión de voluntad política.

#VolemLa24

Para leer el Manifiesto de apoyo a la retirada del recurso a la Ley 24/2015 y adherirse clica el enlace:

SÚMATE

Listado de adhesiones:

Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Sabadell

Ajuntament de Sant Vincenç dels Horts

Ajuntament de Reus

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Ajuntament de Girona

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Federació de Municipis de Catalunya

Associació Catalana de Municipis

Taula Tercer Sector Social

Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)

Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)

Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia de l’ICAB i l’Associació Catalana per la Defensa dels Drets

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

Col·legis Treballadores Socials

Sindicat de Llogateres

Òminum

Assemblea Nacional Catalana (ANC)

Habitat International Coalition (HiC)

Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)

Xarxa per la sobirania energetica

Aigua és vida

Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC)

ILP Renda garantida

Bombers indignats i UGT-Bombers

Enginyeria sense Fronteres (ESF)

Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC)

Associació Ecoserveis

Tanquem els CIEs

Iridia

Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS)

La Dinamo fundació d’habitage cooperatiu

Coordinadora assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya

Federació d’Associacions de Veïnes de Barcelona (FAVB)

Sostre Cívic

Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)

Grup Impulsor del Parlament Ciutadà

AVV Sagrada Família,

Som Paral·lel

Ciutat Vella No Està En Venda

AVV El Clot-Camp de l’Arpa

Associació de Veïnes i Veïns de l’Òstia

Som Paral·lel

El Grupo Promotor de la Ley 24/2015 se ha reunido con el consejero Damià Calvet para exigirle recuperar la ley este mes de octubre y consigue el compromiso público de la Generalitat para hacerlo efectivo

No hay excusas, para erradicar los 61 desahucios diarios en Catalunya y acabar con el colapso de las Mesas de emergencia.

Esta mañana, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015, nos hemos reunido con el Consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, con el objetivo de seguir avanzando hacia la recuperación urgente y necesaria de la Ley 24/2015, de la cual, recordemos, el Tribunal Constitucional (vía recurso del Partido Popular) suspendió los artículos que obligaban a hacer un alquiler social obligatorio por parte de los grandes tenedores a las familias vulnerables que no pueden pagar el alquiler o hipoteca (artículos 5.1-2-3), y a la cesión obligatoria para aumentar el parque de vivienda asequible (artículo 7).

A la reunión de hoy han asistido el Consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, el Secretario de Hábitat Urbano y Territorio, Agustí Serra, la directora de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, Judith Gifreu, y el jefe de gabinete del departamento, Xavier Reinaldos.

El Grupo Promotor de la Ley 24/2015 hemos puesto sobre la mesa que la sociedad civil hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para que una herramienta que paraba los desahucios y ampliaba el parque de vivienda asequible vuelva a estar totalmente vigente en esta ventana de oportunidad, con los dos gobiernos últimamente constituidos. Ahora es el momento de que todas las instituciones muevan ficha para recuperar esta ley.

Después de la creación de las Comisiones bilaterales en julio, nos hemos puesto en contacto con los dos gobiernos para recordar que esta ley nace de la calle y de la unanimidad parlamentaria. Si se está hablando sobre cómo recuperarla, queremos estar presentes. El resultado ha sido el silencio y/o las excusas. Por estas razones, las PAHs catalanas hicimos una acción de denuncia del colapso de las Mesas de emergencia el pasado 27 de septiembre en la sede central de la Agència de l’Habitatge de Catalunya. Fruto de esta acción ‒el presidente Quim Torra no ha respondido a nuestra solicitud de reunión‒ conseguimos la reunión de hoy.

En la reunión de hoy hemos hablado claramente y hemos confrontado al Govern a hacer lo mismo. Hay vidas en juego.

En primer lugar, hemos exigido que se pronuncien públicamente explicitando la importancia de la retirada del recurso y, efectivamente, el Consejero Damià Calvet lo ha expresado en la rueda de prensa frente a los medios de comunicación esta misma mañana al término de la reunión.

El Consejero ha desmentido que haya recibido una propuesta por parte del ejecutivo de Pedro Sanchez para la recuperación de la ley, contrariamente a lo que nos había comunicado previamente el propio gobierno español en las conversaciones que estamos teniendo como Grupo Promotor. Calvet ha explicitado que los gabinetes técnicos han estado en contacto, y que desde el gobierno catalán existe la voluntad política de recuperar el texto íntegramente. No obstante, queremos enfatizar que no toleraremos esta ambigüedad y falta de transparencia hacia la ciudadanía y el Grupo Promotor, y que no aceptamos más dilaciones en la recuperación de una ley muy reclamada.

Es inadmisible que perdamos una oportunidad para recuperar una ley que salva vidas, literalmente. También hemos recordado el caso de Jordi, el vecino de Cornellá, que se lanzó por la ventana cuando Blackstone quería desahuciarlo, y que con la ley plenamente vigente hubiera tenido solución: un alquiler social. Este asesinato se podría haber evitado. En este sentido, el Consejero, en nombre del Govern de Catalunya, se ha comprometido con el grupo promotor a recuperar la ley en su totalidad y este mes de octubre.

Dado que el próximo lunes 15 de octubre el Govern tiene prevista una reunión de la Comisión bilateral referente a infraestructuras, el Consejero también se ha comprometido a solicitar a la Secretaria General de Vivienda del Estado, quien asistirá a este encuentro, una reunión extraordinaria de esta Comisión para tratar específicamente la retirada del recurso de forma urgente este mes de octubre, y en la cual participemos también como Grupo Promotor.

Por otro lado, el Govern ha reconocido el colapso de las Mesas de emergencia y que la completa aplicación de la Ley 24/2015 es fundamental para hacer frente a la necesidad de vivienda.

Recuperar la Ley 24/2015, no es un gesto entre gobiernos, sino una acción dirigida a la población más necesitada que permitirá detener miles de desahucios y dar cobertura al derecho a la vivienda. Estamos en un momento clave para hacerlo, con el objetivo de dejar atrás demasiados años de desahucios, pobreza, sufrimiento y exclusión residencial. Nos preocupa que si no se avanza con suficiente rapidez para desatascar esta cuestión, se derive en una solución de resultado indeterminado ‒que puede ser negativo‒ en forma de sentencia del Tribunal Constitucional.

Ahora es el momento. Exigimos públicamente que los gobiernos de Pedro Sánchez y de Quim Torra hagan efectivo su compromiso público para recuperar la Ley 24/2015 este octubre.

¡No hay excusas!

Las familias de PAH Barcelona exigen a Bankia una solución definitiva

Hoy 10 de octubre, la PAH Barcelona emprendemos acción contra Bankia para exigir soluciones para las familias que llevan años negociando con la entidad sin ninguna respuesta. Después de diferentes acciones, negociaciones y de reuniones con representantes de la entidad para conseguir soluciones dignas, hoy volvemos a ocupar una de sus oficinas para que se sepa que Bankia estafa, engaña y desahucia a familias de sus casas, y exigir una solución definitiva para las 5 familias de la PAH de Barcelona. ¡No nos iremos de la sucursal hasta conseguir soluciones dignas!

Bankia es un banco español fundado el 3 de diciembre de 2010, en pleno proceso de reestructuración del sistema financiero en España, es decir, en la estafa hipotecaria. Tras recibir un rescate de 40.000 millones de euros se trata de una entidad pública y debe ser dotada de las características de una Banca Pública y librarnos de los abusos y estafas de la banca privada tradicional. Pero, contrariamente a esto y sin haber devuelto ni la mitad del total de su rescate, Bankia está en pleno proceso de privatización tras vender hipotecas cargadas de cláusulas abusivas, absorber BMN, y llevar a cabo el ERE más importante del país con 7.000 empleados eliminados, y adjudicar la gestión de todos sus activos inmobiliarios a Haya Real Estate, sociedad propiedad del fondo buitre Cerberus.

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez no pone freno al proceso de privatización de Bankia, la entidad sigue dejando en la cuneta a las familias estafadas, patrocinando desahucios y reventando hogares.

Llevamos años denunciando las políticas criminales de Bankia y no lo hemos hecho solas. El pasado 3 de octubre el Tribunal Supremo mantuvo la pena de cuatro años y medio de prisión a Rodrigo Rato, que impuso la Audiencia Nacional al expresidente de Bankia por un delito continuado de apropiación indebida por el caso de las tarjetas black. Desde la PAH de Barcelona queremos poner en valor el trabajo del colectivo de 15MPaRato, que ha demostrado el camino para dar batalla contra la impunidad de los directivos de bancos y cajas responsables de la estafa inmobiliaria. Más de 600.000 familias en todo el Estado han sido desahuciadas de sus casas sin alternativa habitacional. En Cataluña, si estuviera plenamente en vigor la Ley 24/2015, todas las familias que no han podido continuar pagando su hipoteca o su alquiler de grandes tenedores, estos estarían obligados a hacer un alquiler social. Lo que comportaría que se evitarían los 43 desahucios al día que se producen en Cataluña. Desahucios de las familias que hoy estamos aquí.

Desde la PAH de Barcelona hemos dicho BASTA. No permitiremos que Mohamed, Cristina, Vicky, Lizzeth y Luz no puedan seguir con sus vidas por culpa de encontrarse presas de Bankia. Hoy estamos en la oficina de Bankia para conseguir:

Alquiler social vitalicio para Mohamed
Renovación de alquiler de 3 años mínimo para Cristina
Paralización del desahucio del 10 de noviembre y alquiler social renovable para Vicky
Alquiler social para Lizzeth
Alquiler social y condonación de deuda para Luz

Bankia ha tratado a estas familias como números, llegando solo a compromisos verbales únicamente para evitar acciones de la PAH. Compromisos que para las familias afectadas representaban una segunda oportunidad para vivir, un motivo de esperanza, mientras que para Bankia representan únicamente una pequeña pérdida de beneficios. Para Bankia, eran solo familias que de nuevo había que estafar.

No nos iremos hasta conseguir nuestro propósito. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía: a las que estáis cerca, que vengáis a apoyarnos a la sucursal, y a las que estáis lejos, que Bankia se entere de que si nos tocan a una, nos tocan a todas.

Siguen aumentando los desahucios

Según los datos del CGPJ hechos públicos hoy, en el segundo trimestre de este año se han producido 17.152 nuevos desahucios, un total de 33.059 solo en los 6 primeros meses de 2018. Suben con respecto al trimestre anterior, tanto los derivados de impago de hipoteca: 5.672, como los de impago de alquiler: 10.491; los 989 restantes se dan por otras causas, como la ocupación (familias que carecen de cualquier otra alternativa). Tampoco nos olvidamos, sin dejar de mirar por el retrovisor, de la apertura de procesos ejecutivos de futuros lanzamientos de desahucios, con 20.526 en referencia a este mismo trimestre mencionado posteriormente, donde nos estamos acercando a inicios del crack en el año 2008, paulatinamente, trimestre a trimestre. Con todos estos datos nos podemos dar cuenta de que la burbuja inmobiliaria, ni se marchó, ni tiene pinta de marcharse.

Por desgracia, los hechos no se cansan de darnos la razón en cuanto a la situación de emergencia habitacional que sufre este país. Y los datos pueden todavía empeorar si el Gobierno no cesa en su actitud continuista con la política del PP en el trámite de la ley de crédito inmobiliario (propuesta por De Guindos) y dejan de intentar moderar la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, que reactivaría cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, actualmente suspendidos en su tramitación, en espera del pronunciamiento del TJUE al respecto.

Desde la PAH exigimos al gobierno que adopte ya medidas concretas que pinchen la burbuja del alquiler, como que las Socimis paguen impuesto de sociedades, y que los grandes tenedores de vivienda: fondos buitre, Socimis, banca y grandes inmobiliarias, sean penalizados fiscalmente por cada vivienda que mantienen injustificadamente vacía, hinchando especulativamente la burbuja del alquiler y los precios de compra.

Exigimos también la tramitación y aprobación urgente de la Ley de Vivienda de la PAH, que además, contiene instrumentos para la utilización temporal como Parque Público de Vivienda de las viviendas vacías en manos de la banca, arrebatadas a familias desahuciadas, para frenar los desahucios, para cancelar injustas deudas de por vida y para poner fin a la pobreza energética.

El próximo 17 de octubre finaliza el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de Vivienda de la PAH, y será entonces cuando los diferentes grupos políticos den a conocer sus respectivos proyectos para atajar de verdad la situación de grave emergencia habitacional que vive este país.

Desde la PAH vamos a estar muy pendientes de esas enmiendas para que la ciudanía conozca la realidad de cada uno de esos proyectos.

Nuevo Informe: La emergencia habitacional y la pobreza energética en Barcelona y sus efectos en la salud desde una perspectiva de género

El informe ofrece un diagnóstico del impacto que tienen en la población de Barcelona la crisis de vivienda y la pobreza energética. A través de datos reales, evidencia el impacto en la ciudadanía, con un efecto mayor en las mujeres

El presente informe, que pretende profundizar los efectos de la emergencia habitacional desde una perspectiva de género, se enmarca dentro de la serie de «Radiografías de la situación del derecho a la vivienda, la pobreza energética y su impacto en la salud en Barcelona», elaborados conjuntamente entre la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Ingeniería Sin Fronteras (ISF), el Observatorio de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (Observatorio DESC), la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH ) y la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB).

La falta de datos oficiales desagregados y la invisibilización de la feminización de la pobreza dificulta tratar la problemática desde una óptica feminista, que es el enfoque que queremos desarrollar en la presente radiografía. Son pocos los estudios que abordan esta perspectiva como un hecho transversal y relevante a la hora de aproximarse a problemáticas sociales. Cabe resaltar que el informe aborda la perspectiva de género desde el binarismo hombre-mujer, y somos conscientes de que esto oculta otras situaciones de opresión que responden a otras diversidades sexuales y de género y que, a pesar de ser igualmente relevantes, no hemos incluido por ahora en este estudio.

Las encuestas recogen datos de las personas que se acercan a la PAH Barcelona y a la APE, con una entrevista personal de aproximadamente cuarenta minutos. Se realizan los lunes en el local de la PAH BCN y cada 2 miércoles en las asambleas de la APE. El objetivo es obtener datos de personas en riesgo de perder su vivienda en régimen de alquiler, hipoteca u ocupación y con problemática de acceso a los suministros, que ya han asistido a una asamblea en alguna entidad; es decir, que no es la primera vez que participan en la PAH BCN y/o APE. El estudio comenzó en junio de 2017, y los datos que se analizan en el presente informe incluyen información de las 166 personas encuestadas y dos entrevistas colectivas a 8 mujeres afectadas y activistas.

A menudo cuando hablamos de expertas hacemos referencia a personas con una determinada trayectoria académica o activista, que han permitido una acumulación de conocimientos en forma de hechos o de datos sobre temáticas en concreto; en este caso, queremos añadir en el perfil de experiencia a aquellas mujeres que, como afectadas, conocen de primera mano las dimensiones de las vulneraciones del derecho a la vivienda y los suministros básicos, sus causas y consecuencias.

Del mismo modo que reconocemos la dimensión poliédrica del derecho a la vivienda, de las entrevistas se extrae de manera genérica las diferentes formas de violencia que sufren las afectadas; la violencia intrafamiliar y de género es una, pero también la institucional, la derivada del rechazo social y la incapacidad económica.

De entre las personas afectadas que han respondido la encuesta, 45 son hombres y 121 mujeres. De hecho, tal y como se recoge en el gráfico de segmentación horizontal de la ocupación y en las respuestas a las encuestas realizadas, existe una feminización notable en los movimientos sociales y, en particular, en la APE y la PAH. La mayoría de asistentes a las asambleas y asesoramientos de ambas organizaciones son mujeres, según hemos podido contrastar empíricamente. Un motivo que aportan las entrevistadas es una tendencia femenina a hacer red frente a las situaciones adversas, heredada, en parte, de la responsabilización del cuidado y sostenimiento de este aspecto reproductivo de la comunidad. Este es un elemento positivo imprescindible en la parte más propositiva de la lucha contra la emergencia habitacional y la pobreza energética: el empoderamiento y la sensación de fuerza y autoestima que conlleva para las mujeres afectadas organizarse en plataformas y movimientos sociales.

La posibilidad de participar, de tener voz en la elaboración de políticas (Ley 24/2015) y de compartirlo con otras es un elemento básico para contrarrestar las consecuencias psicológicas y para conseguir una legislación más coherente con el contexto real de la población. Podríamos decir que «la mujer se da poder, siendo capaz de sacar a la esfera pública un problema privado y vergonzante, colectivizarlo y dotarlo de un contenido social, siendo este el verdadero éxito de la Plataforma, que parte de lo individual, de lo privado, que se convierte en una experiencia colectiva con contenido político».

El mayor número de mujeres en las respuestas puede ser fruto también de la participación desigual en el mercado laboral remunerado que deja más «tiempo» a las mujeres ‒y más vulnerabilidad económica‒ y al hecho de que ellas, que dedican un mayor número de horas al hogar, se sienten más ligadas y se hacen responsables de conservarlos y dotarlos de condiciones dignas. Una distribución de roles en el hogar, en el que el hombre es todavía quien busca trabajo y aporta sueldo y la mujer quien se responsabiliza de las tareas domésticas y cuidados (muy ligado al hogar y al uso de suministros). Este hecho reafirma la visión patriarcal de los roles de género y traslada a las mujeres la responsabilidad de la situación de inseguridad residencial. Por lo tanto, son ellas quienes mayoritariamente hacen gestiones, luchan, buscan soluciones y sufren las consecuencias más directas. De hecho, si nos fijamos en las composiciones familiares, de los hombres encuestados veremos que un 40% declaran vivir solos mientras en el caso de las mujeres predomina la presencia de hijos o hijas en el hogar.

Este hecho se explica como un carácter atribuible a los roles de género, según los cuales el hombre tiene menos tendencia a acudir a Servicios Sociales por miedo a la estigmatización consecuente, mientras la mujer «es capaz» de hacer las gestiones necesarias y exponerse para garantizar las necesidades del hogar. De nuevo, aquí se refleja una visión patriarcal que da menos importancia a la estigmatización de la mujer porque supuestamente la tolera, negando las consecuencias psicológicas y de soledad y exclusión. La peligrosidad de este argumento radica en que lo que se considera una cualidad femenina (ser capaz, aguantar, hacer frente a más dificultades) es en realidad el reflejo de una desigualdad de género donde no se equiparan ni las responsabilidades ni las consecuencias.

A lo largo de todo el informe hemos podido ver la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el estudio de las causas y consecuencias de la inseguridad residencial y el acceso a los suministros, para poder generar políticas públicas que respondan a la realidad de toda la población sin discriminación por sexo, origen o situación económica.

Podemos afirmar que los resultados de las encuestas y entrevistas confirman lo que habíamos expuesto previamente, y es que existe una desigualdad de género preocupante en la protección del derecho a una vivienda digna y los suministros básicos, y que las mujeres son las más afectadas en los procesos de pérdida de la vivienda o de la incapacidad de asumir el coste de los suministros.

Podéis descargar el informe completo aquí (en catalán). Si estáis interesadas en hacer una charla sobre el tema o entrevista no dudéis en contactarnos.

Archivo del autor PAH Barcelona

Clamor de la ciudadanía para recuperar la Ley 24/2015

¡No hay excusas, Pedro Sánchez! La Ley catalana contra los desahucios y los cortes de suministros debe estar vigente este mes de octubre

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Las familias de PAH Barcelona exigen a Bankia una solución definitiva

Siguen aumentando los desahucios

Nuevo Informe: La emergencia habitacional y la pobreza energética en Barcelona y sus efectos en la salud desde una perspectiva de género

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