[Comunicado] Queremos una Barcelona que haga efectiva la Ley 24/2015 y que la lista de la Mesa de emergencia esté a cero

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[Comunicado] Queremos una Barcelona que haga efectiva la Ley 24/2015 y que la lista de la Mesa de emergencia esté a cero

Queremos compromiso de Ada Colau para hacer efectivo el derecho a la vivienda en nuestra ciudad y una apuesta clara para hacer efectiva la Ley 24/2015.

Barcelona, 7 de marzo de 2019

El pasado viernes nos reunimos con el Presidente de la Generalitat, el Sr. Quim Torra, junto con el Grupo Promotor de la ILP Vivienda, formado por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Cataluña, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC, donde trasladamos una serie de demandas para hacer efectiva la Ley 24/2015 y hacer frente al colapso de las Mesas de emergencia. A las 13 h nos reunimos con la Alcaldesa de Barcelona Ada Colau, para exigir medidas que aporten soluciones a las más de 562 familias que ya tienen reconocido el derecho a un piso de la Mesa de emergencia, pero que en muchos casos, ya llevan más de un año y medio en la lista de espera, para que se haga efectiva la entrega. La actual Mesa de emergencia, gestionada por la Comisión Permanente del Consorcio de Vivienda formada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, no funciona.

La PAH de Barcelona comenzamos a denunciar la situación el 4 de abril de 2018 ocupando la oficina de Vivienda de la calle Bolivia. Una acción de la que salimos con un compromiso de reunión con la Comisión Permanente del Consorcio de Vivienda. El objetivo era claro, conseguir que la lista de espera de 360 familias llegara a 0 a finales de año, una lista que a estas alturas, lejos de reducirse, casi se ha duplicado.

Desde entonces han habido varias reuniones y acciones consiguiendo que el 21 de septiembre, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona llegaran a acuerdos para ampliar el parque de vivienda pública. Unos acuerdos que deberían haber sido efectivos con carácter de urgencia, pero que aún no se han llevado a cabo, como ya denunciamos en noviembre pasado.

Gracias a la presión del Grupo promotor de la ILP Vivienda, comenzada el mes de junio, hemos conseguido recuperar los artículos suspendidos de la Ley 24/2015: la obligación de los grandes tenedores de vivienda de ofrecer alquileres sociales a las familias en exclusión residencial y la obligación de ceder sus viviendas vacías a la Administración. Dos medidas fundamentales para combatir la emergencia habitacional y acabar con los desahucios sin alternativa. Toda una victoria ciudadana que vuelve a demostrar que es posible hacer lo que nos dicen que es imposible.

Recordemos que la ciudad de Barcelona sufre una media de 12 desahucios diarios, unos datos que hablan por sí solos y que demuestran la urgencia con la que hay que hacer efectivos los acuerdos para agilizar la lista de espera de la Mesa de emergencia, como la contundencia con la que se aplicará la Ley 24/2015 para poder exigir a la banca y grandes tenedores que movilicen sus viviendas para darles el uso social que la ciudad reclama.

Por ello, el pasado martes entregamos una carta a la Alcaldesa Ada Colau y al Presidente Quim Torra, para recordarles los compromisos acordados. A raíz de esta carta, hoy nos hemos reunido con la Sra. Colau y hemos exigido al Ayuntamiento de Barcelona, y a su Alcaldesa:

  • Envío urgente de una carta del Ayuntamiento a los grandes tenedores para hacer explícito formalmente que se ha recuperado la vigencia de la norma y que deben hacer ofertas de alquiler social obligatorias en casos de dación en pago y desahucios por impago de hipoteca y de alquiler. Hay que advertir que el incumplimiento lleva asociado sanciones graves de hasta 90.000 € y la obligación de realojar a las personas en Mesa de emergencia, protegidas por la norma. También comunicación oficial a las oficinas de Vivienda que deben comunicar lo mismo formalmente, para que realicen el control del cumplimiento de la norma y que el Ayuntamiento aplique las sanciones derivadas si no se hacen las ofertas o no se hacen en los términos que marca la Ley.
  • Difusión entre la ciudadanía a través de una campaña pública intensiva en todos los medios de comunicación ‒incluidos TV y presencia en espacios públicos‒ de los derechos que la Ley provee a la población en situación de exclusión residencial, de la responsabilidad de las administraciones en su protección, de los recursos y los canales existentes para tal efecto, y de las obligaciones que determina para bancos y fondos buitre.
  • Facilitación inmediata de los protocolos de aplicación de la Ley y realización de formaciones a profesionales públicos y otros implicados de forma conjunta con el Grupo Promotor, y respeto del articulado de pobreza energética y el de vivienda.
  • Poner en marcha con celeridad y urgencia actuaciones decididas de movilización de la vivienda vacía para garantizar la función social de la propiedad y aumentar el parque de viviendas de alquiler asequible, con priorización del mecanismo de cesión obligatoria de viviendas de grandes propietarios a los precios de alquiler que marca la norma y garantizando un traspaso mínimo de recursos públicos a los privados. Utilizar todos los recursos que proporciona la normativa de vivienda, como son las sanciones y otras medidas efectivas.
  • Facilitar datos de las viviendas vacías en manos de grandes tenedores y aplicar las sanciones correspondientes y la obligatoriedad de la cesión de las viviendas.

Además, hemos exigido que se lleven a cabo los acuerdos alcanzados en la reunión de mayo de 2018 junto con la Generalitat de Cataluña, con el fin de acabar con la lista de espera de la Mesa de emergencia, y que contemplan:

  1. La firma del convenio con Habitat 3 que permitirá la cesión por parte de la Generalitat al Ayuntamiento de Barcelona de 4 millones de euros en los próximos 3 años para movilizar 100 viviendas para alquiler social.
  2. El acuerdo del Ayuntamiento y la Generalitat para comprar vivienda en Barcelona vía tanteo y retracto de pisos de la banca. Esta operación sería financiada por 40 millones de euros (20 M € del presupuesto de la Generalitat y los otros 20 M € que el Ayuntamiento podría financiar a través de un crédito del ICF).
  3. El alojamiento de familias que están en la Mesa de emergencia o atendidas en las oficinas de Vivienda de Barcelona en los 300 pisos que Bankia está cediendo a la Generalitat.
  4. La expropiación de uso de 50 pisos vacíos en Barcelona con presupuesto de la Generalitat para familias de la Mesa de emergencia.
  5. Forzar a CaixaBank a cumplir el acuerdo de cesión de 50 pisos a familias de la Mesa de emergencia al que llegaron conjuntamente en febrero de 2016.

En este sentido, los compromisos establecidos han sido:

  1. La firma del convenio con Habitat 3 que permitirá la cesión por parte de la Generalitat al Ayuntamiento de Barcelona de 4 millones de euros en los próximos 3 años para movilizar 100 viviendas para alquiler social. La firma de este convenio se ha hecho hoy mismo, entre la reunión que hemos mantenido por la mañana con el Presidente de la Generalitat Quim Torra y la posterior reunión con el Ayuntamiento, claramente gracias a nuestra presión y la del grupo Promotor de la Ley 24/2015.
  2. Destinar 156 pisos más a vivienda social en Barcelona vía tanteo y retracto de pisos del BBVA, gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento y la Generalitat.
  3. Firma de un convenio con CaixaBank para concretar la cesión de 50 pisos. 30 de estos ya estaban concedidos y hoy nos han confirmado que ya disponen de 16 más, actualmente en trámites para familias de la Mesa de emergencia.
  4. Disminuir la lista de espera de la Mesa de emergencia de Barcelona en 30 familias, dado que viven en viviendas de gran propietario, y tal como marca la Ley 24/2015 estos les han de ofrecer un alquiler social.
  5. Dar a conocer en una campaña comunicativa la Ley 24/2015 para que la ciudadanía conozca sus derechos en materia de vivienda.
  6. Dar a conocer a todas aquellas personas funcionarias, que trabajan con temas de vivienda para la ciudadanía, el contenido de la Ley 24/2015, así como la realización de talleres para aprender su correcta aplicación.
  7. El envío, a todos los grandes tenedores de Barcelona, de una carta informando de la Ley 24/2015 y la obligación de ofrecer un alquiler social a todas aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y de la sanción correspondiente de 90.000 euros en caso de no cumplir la ley.

Desde la PAH de Barcelona queremos una Barcelona con una lista de emergencia a cero y donde se pongan todos los recursos y actuaciones necesarios para hacer efectiva la Ley 24/2015. La PAH ha demostrado que es capaz de hacer posible lo imposible, y queremos ver libre de desahucios a la ciudad donde nació este movimiento hace 10 años.

Solo hace falta voluntad y valentía política para que esto sea así.

¡Sí se puede!

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