Activistas de la PAH se citan ante una de las oficinas de CaixaBank para entregar la documentación de familias en riesgo de desahucio que tienen derecho a un alquiler social
Hoy un grupo de activistas de la PAH de Barcelona ha convocado una acción sorpresa ante las oficinas de CaixaBank de la Ronda Sant Antoni con Calle Urgell, para celebrar la entrega de documentación de familias que están en riesgo de desahucio pero que cumplen los requisitos para obtener un alquiler social, según la nueva Ley 1/2022 antidesahucios. Esta acción constituye el pistoletazo de salida a una serie de acciones que tienen como objetivo reivindicar el cumplimiento de la nueva ley por parte de grandes tenedores con más de 10 pisos y que se niegan a hacerlo.
La Ley 24/2015, una herramienta que evita que las familias marchen a la calle
El pasado mes de febrero, el Parlament de Catalunya aprobó la Ley 1/2022 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, un texto que volvía a restituir las medidas del Decreto Ley 17/2019 y el decreto 37/2020, que fueron tumbadas por el Tribunal Constitucional a instancia del Partido Popular y el gobierno español.
El principal efecto de esta ley es que para los desahucios hipotecarios, de alquiler y de ocupaciones. En el caso de los grandes tenedores como bancos, fondos buitre e inmobiliarias (personas jurídicas que tienen más de 10 inmuebles), la ley obliga a la propiedad a ofrecer un alquiler social de 7 años a las familias, antes de desahuciarlas. Por otro lado, la ley antidesahucios también contempla la cesión obligatoria de vivienda por parte de bancos y fondos buitre, cosa que permite movilizar pisos vacíos para realojar a familias en riesgo de exclusión residencial. Esto, normalmente, se podría cubrir con parque de vivienda pública, pero desgraciadamente este es prácticamente inexistente, tanto en Catalunya como en España.
Está claro que la Ley 24/2015 es útil y eficaz para poner fin a la vulneración del derecho fundamental a la vivienda digna en Catalunya. Pero los bancos están reaccionando como siempre: se creen que están por encima del bien y del mal, por encima de la ley y de los derechos de la gente. Ponen muchas trabas para que la ley se cumpla, hacen chantaje a las familias e intentan engañarlas. Esta ley les molesta porque va contra sus intereses, les prohíbe hundir a las familias de por vida para sacar cuatro duros y les impide tener vivienda vacía para especular.
Hace un mes exigimos al presidente de Catalunya, Pere Aragonès, que aplique la Ley 24/2015 con urgencia y sin que le tiemble el pulso. La semana pasada también exigimos a la Agencia de Vivienda de Catalunya que sancione, tal y como marca la Ley, a quien no aplique la norma en el plazo de un mes.
Ahora es el turno de las entidades financieras. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que, a partir de hoy, se dirija a las oficinas bancarias en toda Catalunya, exigiendo el cumplimiento de la ley; y avisamos a la banca que iremos a sus oficinas hasta conseguir nuestros alquileres sociales. Señalaremos públicamente esta actitud antisocial y contraria a la Ley por parte de la banca (más propia de la mafia), a la vez que informaremos a toda la ciudadanía de sus derechos.
No dejaremos tranquilos ni a los fondos ni a las entidades financieras, hasta que cumplan la ley. ¡Esto solo acaba de empezar!