Los colectivos de vivienda salimos a la calle a señalar y denunciar que tres administraciones públicas mantienen edificios vacíos para su especulación ante una situación de falta de vivienda social
Hoy 31 de octubre de 2019 los colectivos que defendemos el derecho a la vivienda denunciamos a tres administraciones públicas con edificios en propiedad vacíos que podrían ser rehabilitados y destinados a vivienda social para dar respuesta a la emergencia habitacional crónica que padecemos. Exigimos la movilización de estos edificios y locales para rehabilitarlos y destinarlos al actual insuficiente parque de vivienda social que necesitan las familias.
Sólo en Cataluña hemos sufrido 3.557 desahucios durante el primer trimestre de 2019. Actualmente, solo en Barcelona, hay 600 familias que se encuentran realojadas indignamente en albergues o pensiones y 1.500 familias de Cataluña en lista de espera de la Mesa de emergencia, con una media de espera de casi dos años, cifras totalmente inadmisibles. Mientras tanto, las familias que han sufrido un desahucio son realojadas, muchas de ellas fuera de sus barrios, sin cocinas y con baños compartidos, sin tener en cuenta las necesidades familiares, espacios para el estudio de los niños o incluso muchas de ellas sin cumplir con unos mínimos de higiene.
Las soluciones aportadas para poner fin a esta situación por parte del Gabinete de Crisis, formado gracias a la presión de los colectivos de vivienda, han sido del todo insuficientes hasta el momento. El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la Delegación del Gobierno del Estado han dado la espalda a las familias en las tres reuniones mantenidas hasta el momento, con unas propuestas totalmente insuficientes y sin concreción de presupuestos ni calendario de actuación, demostrando así un nulo compromiso con la sociedad.
Recordemos que la Ley 24/2015, fruto de una iniciativa legislativa popular y aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos en el Parlamento de Cataluña obliga a las administraciones a ofrecer un realojo digno a las familias. Así pues, exigimos unas administraciones valientes, que cumplan la Ley, que estén al lado de la ciudadanía y aporten soluciones reales y efectivas pensando en la grave situación de las familias. Es cuestión de voluntad política el poner freno a la emergencia habitacional.
La realidad que vivimos los colectivos de vivienda en nuestras asambleas es insostenible. Las familias no pueden esperar más. Nosotras seguiremos al lado de la ciudadanía, defendiendo nuestros derechos y vigilando para que se garanticen, a menudo materializándolos nosotras mismas ante la inacción de las administraciones, facilitando alternativas mucho más dignas que las suyas. No cederemos hasta hacer realidad estos derechos. Porque hay vidas en juego.
En la última reunión con el citado Gabinete de Crisis, nos fuimos anunciando que nos veríamos en las calles, motivo por el que estamos hoy aquí y continuaremos mientras no se dé un realojo digno a las familias que lo necesitan.
En la acción de denuncia de hoy hemos participado diferentes colectivos que trabajamos por el derecho a la vivienda: Resistim al Gòtic, 500×20, Grup d’Habitatge de Sants, Oficina d’Habitatge de Gràcia, PAH Barcelona, Xarxa de Suport Mutu Trinitat Vella y Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família.