El desahucio de Francesca no es una excepción ni un error puntual: es el resultado directo de un sistema que expulsa, de unas políticas que llegan tarde o no llegan, y de haber convertido la vida en una línea de negocio a costa de la vivienda.
La convocatoria de esta mañana era el segundo intento de desahucio después de que el pasado viernes la solidaridad y la fuerza colectiva consiguieran frenarlo. Hoy, en cambio, el sistema ha hecho su trabajo: echar a una mujer de 63 años, vulnerable, con una enfermedad grave en la espalda y con una vida que se ha ido desmoronando al ritmo de un alquiler que ya no podía pagar. Francesca entró en vulnerabilidad económica tras sufrir un cáncer que hundió sus ingresos y, cuando llegó el momento de renovar el contrato, la propietaria —con cinco viviendas en propiedad— le dejó claro cuál es el valor de la vida de las personas: “No te renuevo el alquiler porque puedo ganar más si te echo”. Esta frase no es solo una muestra de cinismo. Es el resumen perfecto del modelo de vivienda que tenemos.
Durante meses, Francesca pudo resistir gracias a la moratoria antidesahucios. Durante este tiempo, la propietaria ha estado cobrando las compensaciones públicas que establecía el ya caído escudo social. Es decir, dinero de todas para sostener un contrato que había roto para ganar más. En el momento en que esta protección ha desaparecido, no han pasado ni dos meses para que la maquinaria se activara y Francesca acabara en la calle.
Mientras tanto, las administraciones y su burocracia no están a la altura de la realidad de la calle. El Ayuntamiento de Barcelona, bajo el gobierno de Collboni, ha respondido con un protocolo tan de mínimos que parece una broma: 15 días de pensión y después, búscate la vida. Una solución indigna, temporal y profundamente insuficiente que vulnera tanto la Ley 24/2015 catalana como la legislación estatal de vivienda, que obligan a garantizar un realojo digno para las personas desahuciadas en situación de vulnerabilidad. Francesca lleva más de dos años esperando una vivienda de la mesa de emergencia que no llega. Dos años de listas de espera, de silencios administrativos, de derechos reconocidos sobre el papel pero inexistentes en la práctica.
Dos años que hoy desembocan en un desahucio que no debería haberse producido nunca y del que la Administración y el ámbito político son directamente responsables por permitir que pequeños y grandes propietarios especulen con un bien esencial, y por no afrontar la emergencia con la contundencia necesaria para garantizar alternativas reales. Hoy no solo han desahuciado a Francesca, se ha vuelto a evidenciar que el derecho a la vivienda sigue siendo papel mojado.
Desde la PAH Barcelona denunciamos:
- La violencia de un mercado que expulsa a personas vulnerables para maximizar beneficios.
- El incumplimiento sistemático de las leyes por parte de las administraciones.
- La responsabilidad directa de las instituciones que, con su inacción, permiten que personas como Francesca acaben en la calle.
No es un caso aislado, es un patrón y, ante esto, solo hay dos opciones: mirar hacia otro lado u organizarse para pararlo. La PAH lo tenemos claro, ¿y tú?