Primero fue eliminar la moratoria de desahucios, ahora el voto en contra de Junts permitirá la finalización de miles de contratos de alquiler en los próximos dos años
Las organizaciones que formamos parte del Llamamiento por el Derecho a la Vivienda nos hemos reunido en el Parlament con Junts per Catalunya para pedir que defienda el bienestar de la población de Catalunya. Los catalanes y las catalanas necesitamos que sus decisiones en el Congreso de los Diputados beneficien a la mayoría de la población y no a los intereses de entidades financieras. En estos momentos, esto se traduce en votar a favor de las medidas que pueden proteger a los catalanes y catalanas ante la imposibilidad de conservar la vivienda en la que vivimos o que nuestra población joven tenga alguna posibilidad de planificar su futuro.
Hay muchos catalanes y catalanas que llevan años pagando su alquiler y que ahora son expulsadas de su casa y de sus barrios y ciudades, para convertir sus edificios en viviendas de temporada o de lujo, que sólo puede pagar una minoría normalmente extranjera. Estos catalanes y catalanas no son okupas, como han argumentado algunos partidos políticos para justificar su voto; son vecinos y vecinas, con vidas tan normales como cualquier otra, que ven con desesperación cómo les obligan a marcharse.
Lo que está ocurriendo con la vivienda tampoco beneficia a la mayoría de empresarios catalanes. Los efectos son como los de un monopolio que acapara dos terceras partes de la renta disponible y las inversiones, haciendo peligrar a muchos otros sectores económicos. La mayoría de la población ha perdido capacidad de comprar alimentación, ropa, medicinas o vehículos, ha dejado de hacer vacaciones, reparaciones o asistir a espectáculos culturales, mientras el grueso del negocio queda en manos de empresas ligadas a operaciones financieras de ámbito internacional.
Junts per Catalunya nos ha explicado algunas de sus posiciones parlamentarias y ha lamentado que algunas propuestas de ley no están orientadas a cambios estructurales permanentes, así como la carencia de datos fiables para evaluar los verdaderos resultados, preocupaciones que compartimos. Pero las entidades sociales que formamos parte del Llamamiento por el Derecho a la Vivienda pedimos respuestas políticas a problemas urgentes, que no siempre pueden esperar a que se llegue a acuerdos de más larga duración.
Consideramos que si Junts per Catalunya mantiene algunas de sus posiciones parlamentarias ante estas medidas urgentes, deja la puerta abierta a que muchos empresarios catalanes, sobre todo pequeños, acaben cerrando los negocios porque la vivienda acapara toda la capacidad de consumo de la población y que el sector inmobiliario mantenga unos privilegios fiscales que ningún otro sector tiene. La subida de precios del alquiler para la vivienda se acaba propagando en el mercado de alquiler de inmuebles comerciales, causando el cierre de muchas actividades empresariales. Todo monopolio provoca una distorsión del mercado libre y, ahora, la vivienda está monopolizada por varios fondos de inversión internacionales.
Junts per Catalunya se ha reafirmado en que votará contra el decreto de prórroga de contratos de alquiler el próximo martes; no obstante, durante los próximos dos años finalizarán unos 300.000 contratos y, viendo lo que están haciendo varios fondos de inversión en toda Cataluña, estas personas inquilinas sufrirán la incertidumbre de no saber cuándo tendrán que irse. Necesitamos que los partidos catalanes defiendan a la población de Cataluña y a las empresas que realmente nos proporcionan servicios de manera asequible y mantienen vivos nuestros barrios y ciudades.
Comissions Obreres de Catalunya (CCOO), Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), Confederació Sindical del Treball de Barcelona (CGT BCN), Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Sindicat de Llogateres de Catalunya (SLL), Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH Barcelona), Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), Acció Jove CCOO Catalunya, Coordinadora de Moviments Socials i Sindicals de Catalunya, Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, Marea Blanca de Catalunya, Marea Pensionista de Catalunya, Entrepobles, Fundació APIP-ACAM, Observatori dels Drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals (DESCA), Xarxa d’Economia Solidària (XES), Sostre Cívic, Unió de Consumidors de Catalunya.