Mientras los precios del alquiler son inasumibles, ahora se suma un nuevo factor: el impacto de la guerra en Irán, que está encareciendo la energía y empujando la inflación. Esto no es algo abstracto: significa que vivir cuesta más, que llenar la nevera cuesta más y, sobre todo, que pagar el alquiler se hace aún más difícil para miles de familias.
A esta situación se le añade una realidad que conocemos bien: en 2026 y los próximos años, vencen miles de contratos de alquiler firmados en plena burbuja reciente. Contratos que, si no se hace nada, se traducirán en subidas abusivas, expulsiones silenciosas o directamente desahucios invisibles. Todo esto ocurre mientras muchas comunidades autónomas se niegan a aplicar la ley de vivienda, bloqueando medidas básicas como la regulación de precios o la protección de los contratos en zonas tensionadas.
Ante este escenario, aunque sea de forma muy limitada, el Gobierno ha lanzado un Decreto que nace como un intento de poner freno a unos precios desbocados que están expulsando a las familias de sus hogares. Una medida que llega tarde y se queda corta, pero que demuestra algo clave: que cuando hay presión social y organización, incluso los gobiernos se ven obligados a intervenir.
En treinta días este Decreto será votado y veremos si es validado o la derecha defensora de la especulación y los beneficios de una minoría sigue secuestrando el derecho a la vivienda de la mayoría.
Si en este tiempo se te acaba el contrato:
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Si tienes un contrato de alquiler de vivienda habitual que ya está en marcha, y se te va a acabar antes del 31 de diciembre de 2027 (ya sea porque termina el tiempo obligatorio o la prórroga automática), puedes pedir quedarte más tiempo.
