La bajada de los desahucios en las estadísticas del CGPJ no es una buena noticia: es la prueba de un sistema judicial colapsado y de un Estado que abandona a las familias vulnerables
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha presentado hoy los datos del primer trimestre de 2026, que muestran una bajada de los desahucios del 45,4% respecto al mismo periodo de 2025 (de 7.334 a 4.005 lanzamientos). El Gobierno y parte de la prensa presentarán esta cifra como un éxito de la política de vivienda. Desde la PAH advertimos: es exactamente lo contrario, y los propios datos del CGPJ lo demuestran.
Se desahucia menos, pero se ejecuta hipotecariamente más
Mientras los lanzamientos caen un 45,4%, las ejecuciones hipotecarias iniciadas suben un 17,5% en el mismo trimestre, hasta las 7.194. No hay menos familias en riesgo de perder su casa: hay más procedimientos abiertos que todavía no han llegado a su fase final. La caída de los desahucios practicados no refleja una mejora de la situación material de los hogares, sino un atasco en la maquinaria judicial que tarde o temprano se traducirá en lanzamientos.
Esto es coherente con lo que muestran los lanzamientos solicitados a los servicios comunes, que no han dejado de crecer: pasaron de 13.563 (1T 2025) a 16.167 (1T 2026), un +19,2%. Y los lanzamientos efectivamente practicados por esos mismos servicios comunes —es decir, en las grandes ciudades— también suben un 16,6% (de 6.598 a 7.696). En Cataluña, el aumento es del 72,1% (de 1.521 a 2.617 lanzamientos). En Canarias sube un 189%, en Murcia un 142%, en Baleares un 20,4%.
¿Cómo es posible que la cifra “oficial” de lanzamientos caiga un 45% mientras la cifra de lanzamientos practicados en las grandes ciudades sube un 16,6%? Exigimos al CGPJ que aclare esta contradicción estadística antes de que el Gobierno la utilice como argumento político.
Una pista estructural: el sistema judicial está, literalmente, reorganizándose
A la contradicción estadística hay que sumar un dato que no es político sino organizativo, y que apunta en la misma dirección: el 31 de diciembre de 2025 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2025, que ha sustituido los juzgados tradicionales por los nuevos Tribunales de Instancia, fusionando en un único órgano colegiado a todos los jueces de cada partido judicial y centralizando en servicios comunes las notificaciones y ejecuciones que antes gestionaba cada juzgado por separado.
En Tarragona, el propio presidente de la Audiencia Provincial ha reconocido públicamente una caída del 30% en la productividad de los tribunales a raíz de esta reorganización, agravada por fallos informáticos, de bases de datos y de telefonía que han llegado a obligar a suspender juicios. El propio decano de la abogacía de la ciudad señala explícitamente los procedimientos de desahucio entre las materias afectadas por esta distorsión.
Si esto ocurre en un solo partido judicial documentado, no hay motivo para descartar que esté ocurriendo, en distinta medida, en el resto del Estado. Esto añade una tercera explicación, no excluyente con las anteriores, a la caída del 45,4%: puede que no estemos midiendo menos necesidad de desahuciar, sino menos capacidad del sistema judicial para tramitar y ejecutar los desahucios mientras se reorganiza por dentro. Exigimos al CGPJ que aporte datos desagregados por partido judicial que permitan descartar o confirmar esta hipótesis.
El contexto: la moratoria fue derogada
Este trimestre no es un trimestre cualquiera. El 27 de enero de 2026 el Congreso tumbó el decreto que prorrogaba el escudo social. El Gobierno reaccionó con un nuevo decreto (RD-ley 2/2026) que excluía ya a los pequeños propietarios de la protección, y que el 26 de febrero de 2026 fue derogado también por el Congreso, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. Desde entonces, la suspensión de desahucios para hogares vulnerables no tiene cobertura legal estable.
En este contexto de desprotección creciente, una caída del 45% en los lanzamientos no es coherente. O bien los juzgados no están dando salida a los expedientes acumulados y se prepara una ola de lanzamientos en los próximos trimestres, o bien el dato esconde una realidad que no se está midiendo bien. Ambas hipótesis son alarmantes.
Los datos de suspensión por vulnerabilidad muestran el verdadero fracaso: el desahucio sin alternativa
El propio anexo del informe del CGPJ sobre suspensiones por vulnerabilidad en el primer trimestre de 2026 lo confirma:
- Se presentaron 1.388 peticiones de suspensión por vulnerabilidad. Se resolvieron 1.172, y solo se concedió la suspensión en el 55% de los casos (654).
- De todos los casos en que se suspendió el desahucio, solo en el 1,8% se levantó la suspensión porque la familia consiguió una vivienda de alquiler o una solución habitacional temporal digna.
- En el 25,5% de los casos, la suspensión se levantó porque hubo “ayudas económicas u otras intervenciones” de la Administración. Es decir, dinero para sostener el pago, no una vivienda alternativa.
Esto significa que las propias administraciones públicas son conscientes de que están desalojando, de forma sistemática, a familias vulnerables sin ofrecerles una alternativa residencial digna. No se resuelve el problema de fondo: se aplaza, se parchea con ayudas puntuales, o simplemente se ejecuta el desahucio.
¿Cómo es posible que caigan los desahucios por alquiler?
Los lanzamientos derivados de impago de alquiler han caído de 37.252 (2018) a 18.317 (2025), un -53,8%. Esta caída contrasta brutalmente con el encarecimiento sostenido del alquiler en estos mismos años. Desde la PAH preguntamos: ¿a dónde han ido esas familias?
Planteamos una hipótesis que merece ser investigada con rigor: que se esté produciendo una sustitución silenciosa de los hogares inquilinos más vulnerables, expulsados del mercado de alquiler formal hacia la informalidad —realquileres sin contrato, habitaciones, infravivienda, hacinamiento en casa de familiares, sinhogarismo— y sustituidos por inquilinos de mayor poder adquisitivo que, al tener alternativas, prefieren negociar una salida o no llegar nunca al procedimiento judicial. Si esta hipótesis es cierta, estaríamos ante el crecimiento del desahucio invisible: gente que pierde su vivienda sin que el sistema judicial lo registre jamás como un desahucio.
Desde La PAH exigimos
- Que el CGPJ aclare públicamente la contradicción entre la caída de lanzamientos totales y la subida de lanzamientos practicados en los servicios comunes de las grandes ciudades.
- Una moratoria de desahucios estable, sin parches trimestrales sujetos al cálculo político de cada legislatura, y sin excluir a colectivos vulnerables en función del número de viviendas del arrendador.
- Que la suspensión de un desahucio por vulnerabilidad venga siempre acompañada de una alternativa habitacional real y digna, y no de una ayuda económica puntual que solo retrasa el desalojo.
- Una investigación seria —académica, institucional y periodística— sobre el fenómeno del desahucio invisible y la sustitución de inquilinos vulnerables por inquilinos solventes en el mercado de alquiler.
Los números que hoy se presentan como una buena noticia son, leídos con rigor, la prueba de que el derecho a la vivienda sigue sin garantizarse en este país. Desde la PAH seguiremos trabajando para que ninguna familia se quede sin casa.