Durante el segundo trimestre de este año se han producido 11.571 desahucios
Recién publicados los datos del Poder Judicial sobre los desahucios durante el segundo trimestre de 2021, se sigue constatando la ineficacia de la moratoria decretada a raíz de la COVID-19. Lejos de reducirse el problema, los desahucios siguen en aumento, como llevamos avisando que pasaría desde marzo de 2020. Si comparamos este trimestre con el primero de 2020 –pre COVID-19 y sin ningún tipo de escudo social–, el aumento en plena pandemia ha sido de un 736,7%.
Desahucios segundo trimestre 2021:
- Derivados de ejecución hipotecaria 2.849: incremento del 849,7% respecto al mismo trimestre de 2020
- Derivados de LAU (alquileres) 8.028: incremento del 692,5% respecto al mismo trimestre de 2020
- Otras causas 684: incremento del 891,4% respecto al mismo trimestre de 2020
- Total desahucios 11.571: incremento del 736,7% respecto al mismo trimestre de 2020.
A estas cifras cabe añadir los 2.732 procedimientos verbales por ocupación que están en trámite a la espera de resolución. Un dato que puede resultar alarmante y utilizable para aquellos que quieren criminalizar a las familias que se ven empujadas a esto ante la falta de solución política y administrativa, pero que sigue siendo anecdótico si comparamos con el resto de cifras y el problema real.
Las medidas de protección, según el Gobierno las ”más ambiciosas” que se han desarrollado, caducan el próximo 31 de octubre. ¿Cuánta gente debe quedarse en la calle para que reconozcan que no han protegido a las familias vulnerables en su totalidad? Si la moratoria no se prorroga y mejora para que acoja a más perfiles (el hipotecario, por ejemplo, está en total indefensión y ya está generando estragos) y no dé pie a la reinterpretación de algunos jueces, que prefieren optar por desahuciar que por defender derechos y familias vulnerables, el tsunami de desahucios que se está generando será una catástrofe.
Una vez más, los movimientos sociales somos los únicos actores que trabajamos para revertir la situación. No solo parando desahucios en puerta, asesorando o logrando soluciones a base de negociación directa, también elaborando la única Ley pensada para garantizar realmente el derecho a la vivienda y no ese parche, que lleva meses llenando titulares, sin avanzar y que de legislarse según los términos que nos llegan, no valdrá más que para proteger y enriquecer a los de siempre.
Más que nunca hay vidas en juego y falta altura política para revertir la situación. El coste humano para beneficiar a los buitres es demasiado alto y no lo podemos seguir pagando.