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1ᵃ Fiesta por el Derecho a la Vivienda

Por la situación de emergencia habitacional, para poner la problemática en el centro y conseguir recursos para continuar la lucha, organizamos junto con el Sindicato de Inquilinas la 1 fiesta por el Derecho a la Vivienda con The SEY Sisters, Maria Arnal y Marcel Bagés, Za! y Lágrimas De Sangre 
  • Martes 23 de abril (Sant Jordi)
  • 20 h
  • Sala Apolo (Barcelona)
El encarecimiento de los precios, tanto de alquiler como de compra, en la ciudad de Barcelona se encuentra en una situación que excluye a la mayoría de la población. Vivimos una emergencia habitacional que se ejemplifica día tras día en los barrios y pueblos. Tan solo tenemos que mirar datos: 644.718 desahucios en todo el Estado desde 2008.
La vivienda no es un artículo de lujo, es una necesidad y un derecho, y como tal necesita una regulación para garantizar el acceso. No nos detendremos hasta conseguir nuestro objetivo.
La ocupación de viviendas vacías es un recurso legítimo en tiempos de especulación y una herramienta útil para visibilizar que la propiedad de las viviendas recae en pocas manos, curiosamente bancos y fondos buitre, los mismos que nos estafaron hace diez años y que no solo no han asumido ninguna responsabilidad sino que han recibido 70.000 M € públicos.
El Sindicato de Inquilinas y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, junto con muchos otros grupos de vivienda que hay en toda la ciudad, son los únicos espacios de esperanza y solidaridad. Solo organizándonos podemos ser más fuertes. Solo organizándonos dejamos de estar solas.
Por un modelo de ciudad y pueblos para las personas y no por los beneficios del mercado, ¡ven el próximo 23 de abril a la fiesta por el derecho a la vivienda! ¡Queremos ciudades habitables! 
Los beneficios del concierto irán destinados a continuar la lucha por una vivienda digna y a las afectadas por la violencia inmobiliaria. Podéis hacer donaciones con el concepto «fiesta por la vivienda» en el núm. de cuenta: ES59 1491 0001 2820 2195 9529

[Comunicado] Valoración inicial de urgencia del Decreto Ley 5/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda

Los grupos impulsores de la medida del 30% de vivienda protegida y de la ILP Vivienda  ̶ Ley 24/2015 ̶ denuncian que este decreto ha sido aprobado con total secretismo, al tiempo que desregula y permite subidas de precio de VPO mientras deja problemáticas graves en temas de vivienda sin resolver.

Barcelona, 26 de marzo de 2019

El Decreto 5/2019, aprobado el pasado 5 de marzo en el Consejo Ejecutivo del Gobierno de la Generalitat, supone la modificación de más de medio centenar de artículos de las leyes de vivienda y de la ley de urbanismo. La próxima semana el Parlamento vota si lo acepta o lo rechaza. Y en caso de que lo acepte, posteriormente se votaría si se tramita como proyecto de ley o se queda como está. Desde las entidades sociales consideramos que hay que volver a la casilla de salida, hacerlo de nuevo y hacerlo bien, poniendo sobre la mesa un nuevo decreto participado por la ciudadanía que garantice de forma efectiva el derecho a la vivienda en Cataluña. Es por este motivo que los próximos días, nos reuniremos con los diferentes grupos parlamentarios para conocer su valoración y compartirles nuestra oposición, por las líneas rojas que pisa.

Cataluña tiene un tejido social importantísimo de organizaciones y movimientos que luchan por el derecho a la vivienda, que ha sido pionero en la denuncia de la emergencia habitacional (desahucios y cortes de suministro), la burbuja de los alquileres o los efectos nefastos de la turistización sobre la vivienda. Además, la sociedad civil organizada ha sido capaz de cambiar leyes (ILP Vivienda), aprobar medidas como el 30% de vivienda protegida o provocar debates sobre el alquiler que han llevado a aprobar 2 decretos estatales, con la regulación de precios como gran tema pendiente. No tener en cuenta a las entidades y a los movimientos sociales demuestra una miopía y un desprecio indignante.

Este Decreto es una reforma importante de las leyes actuales, normas que para aprobarse han sido debatidas largamente y que han recibido aportaciones de la sociedad civil, y modifica más de medio centenar de artículos de las leyes de vivienda y de la ley de urbanismo, por lo tanto, se trata de un trabajo de meses del Gobierno, que debería haberse compartido. Lo anterior agrava aún más la falta de participación en su diseño y redacción.

A través de esta valoración de urgencia, queremos destacar varios aspectos que nos alarman y que deben hacerse públicos:

En primer lugar, no aborda la emergencia habitacional con valentía y recorta la protección respecto a la Ley 24/2015. Mientras que esta norma, nacida de una ILP impulsada desde la calle, aseguraba el realojo adecuado por parte de las administraciones de las personas en exclusión residencial que no fueran realojadas por los propietarios de la vivienda  ̶ obligación que se preveía para grandes tenedores ̶ , el decreto apuesta por alojamientos temporales, que a día de hoy no existen, abriendo la puerta a que las soluciones temporales se cronifiquen. Además, incomprensiblemente, también pone condiciones y filtros inaceptables para conseguir alquileres sociales para las familias que no han tenido más alternativa que ocupar para vivir en una vivienda en desuso de la banca o de los fondos buitre.

En segundo lugar, abre la puerta a una liberalización del precio de la vivienda protegida, haciendo que una VPO pueda ser más cara según el barrio, precio que se marcará en base a los costes de edificación y urbanización, valor del suelo, beneficio empresarial y factor de localización, eliminando las tres tipologías de precios existentes hoy en día, que se definen en base a los ingresos de los solicitantes. Esto cuestiona gravemente la función de cohesión social de la VPO, agravará la segregación por barrios y reforzará la burbuja en los barrios gentrificados. También representará un encarecimiento de la vivienda protegida. El decreto desvirtúa claramente la medida del 30%, aprobada por la presión social que había detrás y el consenso político municipal que se consiguió en el Pleno Municipal de Barcelona, que precisamente posibilitaba distribuir la vivienda protegida dentro de los municipios, huyendo de la concentración histórica de la vivienda asequible en determinadas zonas.

Además, el Decreto reduce la validez de inscripción en el registro, de tres años a un año, y establece que las inscripciones actuales caducan en un año. Consideramos que estamos ante un intento de vaciar artificialmente la lista de demandantes de vivienda protegida, en uno de los momentos donde hay más demanda (125.426 personas) y cuando sabemos que muchas personas, directamente ni se inscriben, porque saben que hay poquísimas y es una «lotería», es decir, que en vez de dar respuesta de forma decidida, se quiere reducir la lista y flexibilizar los precios.

En tercer lugar, aunque la Generalitat se había mostrado públicamente favorable al carácter permanente de la vivienda protegida, este decreto desaprovecha una oportunidad histórica para hacer que toda la vivienda protegida sea de alquiler e indefinido. Esto solo se hace con la vivienda en suelo público pero no en las viviendas del 30%, por ejemplo. Legislaciones como la de Baleares o el País Vasco ya han legislado para garantizar el carácter indefinido de la VPO. Se puede hacer y se debe hacer, ya que la pérdida del parque de VPO es una de las causas principales que explican que hoy en día prácticamente no tengamos (se calcula por ejemplo que, si no se hubiera podido vender la vivienda protegida, Barcelona tendría hoy en día un 40%).

Por otra parte, se insiste en un índice de precios de los alquileres que no es más que un reflejo de los precios de mercado y de la burbuja, ya que no recoge las condiciones socioeconómicas reales de la población, no tiene en cuenta elementos claves como los ingresos familiares o la tasa de paro, de manera que el índice pudiera garantizar que los precios del alquiler se adapten a la economía real de las familias. Se ponen algunas medidas de transparencia, pero seguimos teniendo un índice de precios no vinculante y la propiedad no está obligada a aplicarlo, por lo que queda en papel mojado, que ni siquiera puede servir para evitar que los precios sigan subiendo.

Desde las entidades sociales tenemos claro que para garantizar el derecho a la vivienda es imprescindible cambiar de forma ambiciosa las leyes que defienden a la ciudadanía, hacer políticas valientes y dedicar presupuesto para llevarlas a cabo. Este Decreto Ley, queda muy lejos de alcanzar estos tres objetivos. Es cierto que incluye algunas mejoras, pero las medidas que nos alarman predominan y se ha quedado muy corto en todo lo que se podría y se debe hacer.

Desde la ciudadanía creemos que tenemos una oportunidad para hacer las cosas bien, trabajando en un nuevo texto que contemple medidas con un amplio apoyo social como son: que la vivienda protegida (tanto pública como privada) sea permanente, incidir en los precios de los alquileres regulándolos para evitar precios abusivos, erradicar la emergencia habitacional obligando al sector privado a hacer alquileres sociales y realojando para que nadie se quede en la calle o tenga que acceder a una vivienda de forma precaria (ocupando), movilizando y actuando sobre la vivienda vacía de forma urgente, extendiendo el 30% a toda Cataluña o aumentando las cesiones de suelo de los privados en nuevos sectores residenciales para aumentar el parque de vivienda protegida, etc. Todo ello, entre muchas otras medidas urgentes y estructurales que necesitamos para llevar a cabo cambios significativos en la conquista del derecho a la vivienda.

Hay que hacer un nuevo Decreto Ley que esté a la altura de la situación que vivimos y que proyecte un futuro con derecho a la vivienda. Queremos barrios vivos y con vivienda asequible. Hemos demostrado que hemos podido hacer posible lo imposible y creemos firmemente que así será.

Recuperamos la parte de vivienda de la Ley 24/2015 de las manos del PP y de la banca y fuimos capaces de sacar adelante la medida del 30% con el sí del Pleno de Barcelona y de la Generalitat.

Exigimos que, de una vez por todas, se pongan las leyes y las políticas al servicio de la gente y del derecho a la vivienda.

[Comunicado] La semana del Día Mundial del Agua, casi 200 organizaciones adheridas al Compromiso por el Agua Pública y Democrática

¡Os invitamos el jueves 21 de marzo a las 11:30h a los Jardins de la Torre de les Aigües a celebrar el éxito de la campaña!

  • Llamada Abierta a las organizaciones sociales a adherirse

El agua en Barcelona y su Área Metropolitana (AMB) ha sido gestionada por Agbar durante muchos años de forma ilegal, tal y como sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en 2016.

Sin embargo, Agbar -propiedad de la multinacional francesa Suez- ha recurrido al Tribunal Supremo de Justicia (TS) y la sentencia está al caer. Muy probablemente, el TS ratificará la sentencia porque la sentencia del TSJC fue muy contundente. Será un momento trascendental para poder remunicipalizar el agua en Barcelona y en la AMB.

Desde Aigua és Vida y el Movimiento por el Agua Pública y Democrática (MAPID) hace mucho tiempo que luchamos por una gestión del Agua Pública y Democrática. Entre muchas otras acciones, conseguimos más de 26.000 firmas para que en Barcelona se pudiera hacer una Consulta Ciudadana sobre el modelo de gestión del agua. Finamente, a pesar de los constantes obstáculos de Agbar, en la próxima legislatura la consulta se podrá realizar.

Como tenemos muy cerca las elecciones municipales catalanas y la sentencia del TS, hemos decidido seguir luchando. Así, el pasado 15 de enero lanzamos el Compromiso por el Agua Pública y Democrática con cuatro grandes objetivos:

  • Considerar el Agua y el Saneamiento como un Derecho Humano
  • Gestionar el servicio de agua y saneamiento de forma pública y con participación ciudadana
  • Crear un Observatorio Ciudadano del Agua Metropolitano
  • Velar por el cuidado de los ecosistemas fluviales que abastecen las ciudades de la AMB

A estas alturas, ya han firmado el Compromiso 180 organizaciones de perfiles muy transversales. Por todo ello, y en el marco de la semana del #DiaMundialAigua, os invitamos el jueves 21 de marzo a la presentación pública del Compromiso. Será a las 11:30h en los Jardins de la Torre de les Aigües (C/Roger de Llúria, 56, metro Girona). ¡Ven a celebrar que somos muchos y muchas las que creemos en modelos de gestión diferentes, que pongan la vida en el centro

¡¡Pinchemos la burbuja del alquiler!!

Por unos alquileres asequibles

Por un parque público de vivienda de alquiler

El 6 de abril nos manifestamos para denunciar el abuso de los precios del alquiler. Los especuladores nos estrangulan subiendo y subiendo los precios y cada vez tenemos más problemas para llegar a fin de mes, mientras que los sueldos no suben. Un drama social ante la mirada pasiva de los gobiernos y los poderes públicos. La vivienda no es una mercancía, es un derecho con el que no se tendría que especular. Hay miles y miles de pisos vacíos en nuestras ciudades, en cambio hay miles y miles de personas y familias sin un lugar donde vivir.

Salimos a la calle para denunciar el negocio que las industrias inmobiliaria y turística hacen con nuestros hogares. Mientras el gobierno español regaló a la banca  más  de  60.000 millones de euros de nuestros  bolsillos,  éstas no han hecho  otra  cosa  que  echar  de  su casa a personas sin dar ninguna alternativa habitacional. Los propietarios físicos  y  jurídicos de viviendas de alquiler,  con los  fondos  buitres  y  SOCIMI  a la cabeza,  disfrutan de  medidas de elusión fiscal en su favor desde hace décadas para no pagar impuestos, mientras los inquilinos e inquilinas soportan presión fiscal de hasta más del 30%. Hay que sustituir la LAU por una nueva ley que legisle los alquileres sociales en el mercado libre con ventajas fiscales vigiladas por el Estado y ciudades. Como solicitan Madrid y Barcelona, hace falta que los  impuestos directos  del  Estado sean gestionados  proporcionalmente por  las ciudades con una descentralización solidaria, como pasa en muchos países avanzados.

Los desahucios se han disparado y actualmente están al nivel de los peores años de la crisis financiera: 165 desahucios por vía judicial  cada día,  uno cada 5  minutos.  Mientras  los fondos buitre  acumulan viviendas  a una  velocidad vertiginosa, sin precedentes en la historia, el alquiler se come más ingresos que en cualquier otro país de la OCDE. Y hay que añadir todos aquellos desahucios invisibles, que no están contabilizados, pero que suponen la expulsión de muchas vecinas de sus barrios y pueblos por no querer renovarles el contrato o por pretender imponerles subidas imposibles de asumir por los inquilinos e inquilinas. Hemos llegado a un punto asfixiante de la burbuja del alquiler y  queremos  pincharla,  por todos lados y desde todos los frentes.

Queremos pincharla y estamos determinadas a hacerlo. A pesar de que el nuevo decreto introduce medidas en cuestiones de alquiler, éstas son todavía insuficientes. Es por eso que el movimiento por la vivienda y las organizaciones, barrios y entidades que convocamos esta manifestación queremos dejar muy claro a toda la población los motivos por los cuales no dejaremos de luchar hasta desmercantilizar una de las necesidades y derecho básicas de todo ser humano: tener un techo digno donde vivir. Y así reivindicamos:

  • Pinchemos la burbuja: exigimos medidas políticas y fiscales para adecuar los alquileres a la renta disponible del hogar.
  • Alquileres asequibles: es urgente regular los precios del alquiler teniendo en cuenta el poder adquisitivo real de la gente, es decir, la renta.
  • Alquileres estables: los contratos de alquiler no pueden acabarse de forma injustificada y unilateralmente. Tienen que renovarse automáticamente, a no ser que el propietario demuestre que necesita la vivienda para su uso personal o de un familiar.
  • Ningún desahucio sin alternativa habitacional: mayor autonomía financiera de los ayuntamientos (participar de los impuestos directos del Estado) para gestionar el parque de viviendas de las ciudades.
  • Contrato de alquiler único gestionado por oficinas de Vivienda y ayuntamientos: el fin de los abusos de los intermediarios; el negocio de las inmobiliarias es un escándalo.
  • Justicia fiscal: eliminación de todas las figuras a medida de la elusión fiscal en el Impuesto de Sociedades (Socimis, patrimoniales, etc.)  y en el IRPF (persones  físicas y comunidades de bienes).
  • Expulsión de los fondos buitre: exigimos eliminar las Socimis, que disfrutan de grandes privilegios fiscales,y que el gobierno deja que especulen masivamente con nuestros hogares y que sean la punta de lanza de la burbuja.
  • Parque público de vivienda: se tiene que convertir en parque público de vivienda las viviendas acumuladas por la Banca y por los fondos buitre para garantizar su función social, evitar la escasez artificial de vivienda y frenar la especulación. Gravar fiscalmente las viviendas urbanas vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas “especulativas” que no sean para primera residencia.
  • Aumentar la construcción de vivienda social: por parte del Estado, la Generalitat y el ayuntamiento.
  • Basta de pisos turísticos: la mala gestión del turismo tiene un gran impacto en la vida de la población y disminuye enormemente la oferta de vivienda de alquiler.
  • Ley 24/2015: la aplicación integral de la Ley 24/2015 en Cataluña y su extensión a todo el Estado.

Se les ha acabado hacer negocio con nuestros hogares, con nuestros barrios, con nuestras vidas. Pinchemos la burbuja y pinchémosla bien, que no vuelva a hincharse nunca más.

Hoy el capitalismo sigue amenazando el derecho a la vivienda que nunca garantizó

El derecho a la vivienda es sistemáticamente vulnerado en nuestro país y en todo el mundo. A pesar de que el artículo 47 de la Constitución garantiza de manera declarativa ese derecho, en realidad la clase política en sus leyes, la judicatura en la Justicia y los cuerpos policiales actúan solo garantizando el derecho a la propiedad y a ejecutar las hipotecas de la Banca. La Banca privada, los Señores del dinero, esa oligarquía financiera es la responsable última de este retroceso.

La crisis de 2007 ha demostrado que nada está garantizado más que los derechos de los poderosos con hechos incontestables. Algunos de ellos han sido las compras de deuda y las inyecciones masivas de dinero de los Bancos centrales que han convertido la vivienda en un activo central de inversión para el capitalismo financiero. Ni el BCE y el Banco de España, ni Zapatero, ni Rajoy, ni Sánchez han salvado a la ciudadanía ni a la clase trabajadora más precaria. Al convertir la vivienda en un lujo inalcanzable para las clases populares han acabado transformando las ciudades por un proceso de gentrificación y urbanizanización que siempre expulsa al vecindario más pobre.

Los mercados de capitales y de renta fija hipotecaria son así el núcleo de esta contrarrevolución contra el derecho a la vivienda. La Banca española se permite, con el apoyo vergonzoso de todos los estamentos políticos y judiciales, interpretar o retorcer a su favor incluso la jurisprudencia europea y de derechos humanos, sin que ninguno de esos responsables la contradiga. Mientras nuestra clase política asistía con una pasmosa pasividad a más de 875.000 ejecuciones hipotecarias de viviendas que han acabado en manos de la Banca o de fondos especulativos extranjeros desde 2008.

Lejos de ayudar al ciudadano han puesto miles de millones para sanear los balances de un sistema de cajas que ha desaparecido, permitiendo una concentración sin precedentes de los grandes bancos, a los que se les han regalado todos los activos inmobiliarios a precio de saldo.

Hoy las burbujas del alquiler están asolando ya las ciudades medias en nuestro país. Vivimos en España una segunda burbuja del alquiler, la primera fue en 2002, con miles de desahucios. Las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos poco van a resolver en un mercado donde casi todos los contratos se firman en el mercado libre que supone el 98% de las viviendas de alquiler. El problema es que los alquileres se comen la mayor parte de los presupuestos familiares.

Miles de familias sufren desahucios invisibles porque el fin del contrato supone subidas de la renta de alquiler inasumibles. Son empujadas a la ocupación o a un submundo de economía sumergida en el sector residencial de emprendedores que realquilan pisos por habitaciones, o locales sin licencia que se transforman en viviendas, al margen o no de las plataformas online o disfrazados de alquiler vacacional. Más de un millón de hogares en el área metropolitana de Barcelona en 27 municipios, 1 de cada 4 ciudadanos, están obligados a vivir en condiciones muy precarias, explica Cáritas en un estudio reciente. Eso muestra que las estadísticas oficiales del Estado español no entran en las zonas oscuras del derecho a la vivienda para evitarse el sonrojo de los organismos internacionales de derechos humanos.

Todas estas penurias contrastan con el apoyo total al sector inmobiliario del Estado español. Es uno de los pilares de la economía española que viene de la mano del sector financiero en uno de los países donde su peso en el Ibex-35 es aplastante.

Es una unión sagrada bendecida desde 1959, cuando el ministro franquista de vivienda don José Luís de Arrese propuso la sociedad de los propietarios con la célebre frase: ”queremos una España de propietarios, no de proletarios”. La izquierda española nunca ha renunciado al uso de esta máquina de crecimiento en los ciclos económicos del país. Adoptó el modelo franquista sin rechistar. Las políticas públicas de vivienda de medio siglo han sido continuadas mejoras legislativas, presupuestarias y fiscales para que el sector inmobiliario-financiero español parasitara mejor al Estado.

España es uno de los países europeos que proporcionalmente ha gastado más dinero en vivienda, principalmente en políticas fiscales. Hablamos de 77.560 millones en tres décadas de desgravaciones fiscales a la compra de primera vivienda, que a través del incremento de precios acababan en manos de promotores y el inestimable sector bancario que hacía su agosto con millones de hipotecas constituidas. La máxima expresión del Plan franquista Arrese fue la renuncia del Estado español a esos 77.560 millones, la mayor parte en gobiernos del PSOE, que hubiera permitido construir un parque de vivienda pública asequible que hoy hubiera sido la salvación de esos millones de desahuciados.

Desde el punto de vista de los impuestos, España es un paraíso fiscal para los propietarios de viviendas alquiladas. Anualmente desde hace décadas el Estado renuncia a construir un parque público de alquiler porque regala los miles de millones de euros al sector privado con el tramposo argumento de la promoción del alquiler, con los desastrosos resultados que conocemos. Entre el Impuesto de Sociedades y el IRPF suponían en 2014 más de 10.000 millones de euros de elusión fiscal que crece en la medida que crece el parque de viviendas en alquiler. Esa partida presupuestaria que se regala a los ricos se volverá insostenible en poco tiempo. Para que nos hagamos una idea, en 2016 el Banco de España aseguraba que una vivienda se amortizaba en 10 años entre alquileres, beneficios fiscales a la propiedad y el incremento del valor del activo en la reventa. Ningún negocio ni industria tienen hoy tal rendimiento.

Las casualidades de la historia económica reciente han llevado a que el capitalismo ha casado, como anillo al dedo, los intereses de la burguesía española con los intereses de las políticas neoliberales que dominan la escena de la Unión europea y del Euro. El sector inmobiliario y financiero, buques insignia del capitalismo español, en una economía desregulada y abierta se han convertido en un lugar privilegiado de inversión para los capitales especulativos internacionales. Un matrimonio de conveniencia donde la desregulación legislativa y las exenciones y desgravaciones fiscales a las rentas del alquiler son el mejor regalo de bodas al capitalismo parasitario internacional que dona nuestro país.

Mientras que la conducción de vehículos está regulada al milímetro en la normativa de Tráfico, el derecho a la vivienda, que es un derecho humano, está totalmente desregulado. La gente no somos conscientes de cómo nos engañan. Los partidos constitucionales han hecho de la Ley de Arrendamientos Urbanos –la LAU– el arma perfecta para que fondos especulativos operando desde paraísos fiscales desahucien a placer. Por ello, miles de hogares se ven empujados a la ocupación como única posibilidad de tener un techo, mientras los medios de comunicación los criminalizan para justificar medidas legislativas cada vez más duras contra los precarios.

Y los municipios sin apenas capacidad fiscal ni legislativa, e intervenidos por el artículo 135, afrontan miles de desahucios con tímidas medidas que acaban financiando con sus presupuestos menguantes alquileres desbordados exigidos por la Propiedad que chantajea al derecho a la vivienda.

Nuestras organizaciones que estamos hoy aquí presentes en este acto de denuncia pública de la corrupción en los servicios a nuestra gente mayor, queremos agradecer en primer lugar la invitación para explicar los problemas en la vivienda y poder unir voces, porque solo la unidad de la clase trabajadora y la lucha nos puede permitir dar un vuelco a una situación que se ha vuelto insostenible, hasta que todo el mundo junto se levante y diga ¡BASTA!

Manifiesto leído por PAC Badalona,  500×20 y PAH Barcelona en la presentación del documental Pactos de Silencio.