La PAH Barcelona, la COSHAC y el Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña, con el apoyo del Sindicato de Vivienda de Arrabal y el Grupo de Vivienda delsTres Cerros, hemos ocupado esta mañana el vestíbulo del Ayuntamiento, coincidiendo con la Comisión de Derechos Sociales.
Tras cuatro horas de acción, la jornada ha acabado con una reunión de una hora con Raquel Gil, responsable de Derechos Sociales, y el compromiso municipal de negociar sobre el decálogo que hemos presentado hoy.
Esta mañana hemos ocupado el Ayuntamiento de Barcelona, coincidiendo con la reunión de la Comisión de Derechos Sociales. Desde la PAH Barcelona, la Confederación Sindical de Vivienda de Cataluña (COSHAC) y el Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña hemos organizado esta acción para denunciar la carencia de respuesta municipal ante la emergencia habitacional y los recortes que, año tras año, reducen las alternativas reales para las personas desahuciadas.
Con la llegada del PSC al Ayuntamiento, hemos visto un cambio de modelo en los realojos de personas en emergencia habitacional que se ha traducido en la reducción de los Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU) y en un empeoramiento notable de las condiciones para las familias afectadas. Lo hemos dicho hoy y lo repetimos: menos inversión, menos parco público, más desahucios, más gente en la calle. No es un accidente, es una decisión política.
Los datos nos dan la razón. Por primera vez desde 2013, los desahucios aumentan en Barcelona dos años consecutivos, y todavía está para ver el impacto real de la caída de la moratoria de desahucios, aprobada hace pocos meses. Avisamos que lo peor está para llegar: a nuestras propias asambleas ya empezamos a detectar los primeros síntomas.
Mientras la cifra de desahucios no para de crecer, hemos visto como la inversión municipal en construcción de nuevos pisos públicos ha caído un 64,5% y como la compra de vivienda por tanteo y retracto, uno de los mecanismos clave para ampliar el parque público, se ha desplomado un 80%. En paralelo, el sinhogarismo ha crecido un 43% en dos años.
La contradicción se nos hace todavía más insoportable cuando comprobamos que, mientras se desahucia a un ritmo récord, el propio Registro de viviendas vacías de la Agencia de la Vivienda de Cataluña certifica que en Barcelona hay 1.956 pisos vacíos en manos de grandes tenedores —bancos y fundes buitre como Blackstone, Cerberus o CaixaBank—, una cifra que ni siquiera incluye los pisos vacíos de particulares ni los destinados a piso turístico.
Por todo esto, exigimos:
- Declarar la emergencia habitacional en la ciudad.
- Prohibir los desahucios. Es de sentido común: si no hay donde realojar dignamente una familia, no se puede echar de donde vive. Continuar desahuciando en estas condiciones no es violencia institucional.
- Ni una vivienda vacía ni de uso turístico mientras haya gente sin casa. Expropiación de la vivienda vacía y de uso turístico en manos de grandes tenedores y fondos, y adquisición por todos los otros medios disponibles, flexibilizando los mecanismos de expropiación y captación para garantizar el derecho de acceso a la vivienda.
- Vaciar la Mesa de Emergencia: ampliar los pisos concedidos y los expedientes tramitados. Toda persona alojada en ATU tiene que estar incorporada a la Mesa de Emergencia.
- Gestión pública de los alojamientos de emergencia, poniendo fin al negocio privado con la emergencia habitacional que representan operadores como BCD Travel, con transparencia y control por parte de los sindicatos de vivienda y de las personas afectadas.
- Ampliar el número de alojamientos ATU para acoger las personas expulsadas por la actual oleada de desahucios (agraviada por la crisis habitacional y la derogación de la moratoria), como solución temporal hasta la reubicación al más rápido posible en pisos de la Mesa de Emergencia.
- Tramitación más ágil de las ayudas económicas.
- Retirar la obligación de firma cada 15 días y renovación cada 2 meses al ATU, porque funciona como mecanismo de presión sobre las personas afectadas.
- Coste 0 en pensiones: no a los copagos.
- Garantizar criterios de proximidad en las adjudicaciones y reubicaciones (barrio, red de apoyo, trabajo, centros educativos).
Tras cuatro horas ocupando el vestíbulo y de concentración en la plaza, la acción ha finalizado con una reunión de más de una hora con Raquel Gil, responsable, entre otros de otras áreas, de Derechos Sociales, que se ha cerrado con el compromiso municipal de trabajar futuras negociaciones en la línea del decálogo que hemos presentado hoy.
