PorPAH_Bcn¡Atentas!
Por motivos de calor y espacios, este mes de julio las asambleas de la PAH de Barcelona del lunes de asesoramiento colectivo y las de los martes de coordinación cambian de lugar.
Nos trasladamos a un espacio abierto, con sombra y más fresco, para llevar a cabo nuestras actividades.
Nos encontrarás en la calle Creu Coberta 26.
PorPAH_BcnDurante más de dos años hemos estado trabajando para incluir en la ley medidas como el alquiler social obligatorio para luchar contra los desahucios y otros mecanismos para corresponsabilizar a bancos y fondos buitre, que han sido responsables de más de 139.000 desahucios en Catalunya. Aun así, ha habido cambios en materia de desahucios que no se entenderían sin nuestra presión. Desde las PAH de Catalunya seguiremos al frente de la lucha por el derecho a la vivienda, presionando sin cesar para que se apliquen las pequeñas medidas útiles que recoge la ley. Asimismo, y mucho más importante, continuaremos organizando a la ciudadanía para proponer nuevos cambios para garantizar de forma efectiva el derecho a la vivienda de todas.
Los cambios en materia de desahucios que entran en vigor hoy son los siguientes:
En Catalunya tenemos la ley antidesahucios catalana, Ley 24/2015, que contempla el ofrecimiento de un alquiler social en los casos de familias vulnerables y grandes tenedores, para evitar desahucios. En este sentido, la intermediación que contempla la nueva ley estatal habilita el encaje de ambas normativas. Es decir, a partir de ahora no puede haber ninguna demanda sin que haya habido una intermediación entre las partes y esto conlleva dar mayor robustez a la Ley 24/2015, ya que los grandes tenedores deben ofrecer un alquiler social antes de poner la demanda y la Administración competente podrá hacer el seguimiento de la oferta y llevar a cabo su cumplimiento íntegro.
Ahora exigimos a la Generalitat que debe regular de forma urgente y garantista el procedimiento de conciliación o intermediación de acuerdo con el análisis de las circunstancias de ambas partes, de la Ley 24/2015 y recursos existentes en materia de vivienda. En este sentido, el pasado lunes nos reunimos con el conseller de Territorio, Juli Fernández, para hacer llegar esta demanda y explicitar que deben liderar, contando con la ciudadanía, esta nueva herramienta para conseguir firmar miles de alquileres sociales y evitar así desahucios a familias vulnerables.
PorPAH_BcnBarcelona, 28 de abril
Foto: EUROPA PRESS
Esta mañana una decena de activistas de la PAH hemos entrado en el Hotel Palace de Barcelona aprovechando la visita de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a la capital catalana un día después de haber aprobado en el Congreso la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda.
Tras unos minutos y después de aclarar que nuestra intención era totalmente pacífica, hemos procedido a leer una carta en voz alta dirigida a la ministra, al gobierno y al Partido Socialista en general:
«Carta a la Ministra Raquel Sánchez y al PSOE,
Ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados la primera ley que habla explícitamente del Derecho a la Vivienda en el Estado español. A pesar de que la Constitución y su artículo 47 -el que reconoce el derecho a la vivienda como tal- se aprobaron hace casi 45 años. En este vacío de más de cuatro décadas hemos visto las consecuencias de considerar la vivienda como un bien de mercado en lugar de como un derecho: casi un millón de desahucios producidos por sendas burbujas de hipoteca y alquiler que han empobrecido -y empobrecen- a la mayor parte de la ciudadanía. A raíz de esta insostenible situación, hace 14 años algunas de nosotras dijimos “basta” y así se fundó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca precisamente aquí, en la ciudad de Barcelona.
Los movimientos sociales hemos luchado por una Ley de Vivienda con uñas y dientes y siempre nos hemos topado con la oposición de un partido -el Socialista- que no ha querido oír ni hablar de alquileres sociales, de ponerle topes a los alquileres, de incorporar las viviendas de la Sareb para aumentar el parque público ni mucho menos limitar los beneficios de la banca. Que nadie se equivoque: esta ley no va a evitar los desahucios ni va a bajar los alquileres. Todas las que estamos aquí -muchas de ellas pendientes de un desalojo- por desgracia lo sabemos muy bien.
La nueva ley deja aún muchos temas sin resolver. Por enumerar algunos: no prohíbe los desahucios sin alternativa habitacional, ni garantiza realojos dignos; el “tope” del alquiler incluido en la ley no va a impedir que de facto se sigan incrementando las rentas; no pone coto a los alquileres turísticos y de temporada; y tampoco prevé ninguna medida de emergencia para aquellas familias que necesitan un hogar, renunciando expresamente a la posibilidad de implementar el llamado alquiler social, que evitaría que Cerberus o Blackstone pudieran desahuciar a familias vulnerables y que además les obligaría a movilizar los miles de pisos vacíos que tienen por todo el territorio. Y otra cosa más que la ley no aborda: el problema de la hipoteca. En la nueva ley no hay ni una sola medida dirigida a aquellas familias que han hipotecado varios años de su sueldo para pagar el techo bajo el que viven y que ahora ven dispararse su cuota en hasta 300 euros mensuales por culpa de la subida de los tipos de interés, todo ello a la vez que la banca anuncia beneficios millonarios.
A la ministra y al gobierno queremos decirle que ésta no es nuestra Ley. Que ustedes, al contrario de lo que llevan días afirmando, no han escuchado a la ciudadanía; en los más de dos años que ha durado la tramitación de esta ley el presidente Sánchez no se ha reunido con las entidades que tratamos el problema de la vivienda cada día -sin embargo, eso sí, sí que ha tenido tiempo para numerosos encuentros con los jefes de BlackRock y Blackstone, los fondos buitre más grandes del mundo. Otro ejemplo: precisamente usted, ministra, hace un par de días dijo en televisión “Que nadie se preocupe por las rentabilidades del sector inmobiliario, que las tendrá”. ¿Cómo es posible que usted o el PSOE puedan pensar que es compatible tratar la vivienda como un derecho básico y a la vez sacarle rentabilidad? ¿Cómo es posible que los socialistas hablen de garantizar el derecho a la vivienda mientras tienen a Joan Clos presidiendo ASVAL? La vivienda no puede ser un bien de mercado: los alquileres disparados y las más de 700.000 familias desahuciadas desde 2008 lo demuestran. Ustedes lo saben, lo que pasa es que han preferido defender los intereses de los de siempre.
Por último: a pesar de los avances que el movimiento ha conseguido con esta ley, el problema de la vivienda ni de lejos se ha solucionado. Necesitamos vivienda ahora, no tenerla nos enferma, y no podemos esperar 20 años hasta alcanzar un parque público medianamente decente. Por todo ello seguiremos luchando: paralizaremos desahucios; aprovecharemos cualquier ventaja en la nueva ley, por pequeña que sea, para proponer nuevas medidas y, por supuesto, seguiremos reclamando aquellos pisos que permanecen vacíos esperando una nueva burbuja. Mientras se siga desahuciando, nosotras no descansaremos ni ustedes tampoco. Porque incluso un niño entiende que las casas son para vivir, no para especular«.
Posteriormente las activistas hemos salido del hotel recordando que «la vivienda es un derecho, y no un privilegio«. Asimismo hemos entregado la carta a pesar de que la ministra no ha querido atendernos.
PorPAH_BcnEl próximo viernes 21 de abril está previsto el 4º intento de desahucio de Nancy en manos de Promontoria Coliseum, una inmobiliaria controlada al 100% por el fondo buitre Cerberus. El pasado lunes la PAH de Barcelona logró parar el desahucio in extremis, a pesar de la insistencia de la comitiva y los Mossos d’Esquadra que «no quieren discutir leyes». Nancy tiene derecho a un alquiler social gracias a la normativa antidesahucios catalana (Leyes 24/2015 y 1/2022), que obliga a los grandes tenedores de vivienda −como bancos y fondos buitre− a ofrecer un alquiler social a las familias que demuestran situación de vulnerabilidad antes de desahuciarlas, tanto en casos de impago de alquiler como de hipoteca o finalización de contrato de arrendamiento.
Nancy lleva más de 15 años viviendo en este piso, situado en la calle Bac de Roda, 79, en el barrio de Sant Martí en Barcelona. De hecho, era de su propiedad: como tantas otras familias en este país, se hipotecó para tener un techo, con la CAM en el 2007, que posteriormente cedió el crédito al Banco Sabadell. En 2013, por culpa de la crisis económica, dejó de pagar, y el banco subastó la vivienda y a ella le quedó una deuda de 139.000€. Durante todo este tiempo Nancy, acompañada por la PAH de Barcelona, intentó negociar una dación en pago, pero la única respuesta del banco fue proponerle un realojo, aunque la entidad nunca llegó a enseñarle ninguno ni a hacerle una propuesta formal.
Con el tiempo, Banco Sabadell creó con Cerberus la sociedad Promontoria Coliseum, a la que le transmitió la propiedad de miles de pisos, entre ellos el de Nancy. Desde entonces, el fondo se ha negado a ofrecerle ninguna alternativa alguna más allá del desahucio. Asimismo, la afectada ha denunciado la situación ante el Ayuntamiento de Barcelona para que éste sancione a Promontoria de acuerdo con la Ley 24/2015; por su parte, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia Nº 9, Antonio Lechón Hernández, se niega a suspender el lanzamiento porque entiende que “[…]el derecho a la vivienda no tiene protección constitucional directa e inmediata del artículo 53.2 CE, es decir, no es directa o inmediatamente ejercitable como verdadero derecho subjetivo o no ofrece a los ciudadanos la posibilidad de reclamar a los Tribunales su efectiva satisfacción […]», obviando la normativa catalana y tildándola de «administrativa».
Según las investigaciones realizadas por la PAH de Barcelona, la denunciante, Promontoria Coliseum Residential, es una Sociedad Limitada ubicada en Madrid −en una oficina fantasma−, creada en 2019 con la participación inicial del fondo de inversión Cerberus en un 80% y por el Banco Sabadell en un 20%. A finales del año pasado Banco Sabadell anunció que vendía su participación y ahora Cerberus posee el 100% de la empresa. Forma parte de un conglomerado de empresas creadas ad hoc para conducir las inversiones de Cerberus en toda España, todas ellas con el prefijo “Promontoria”- (Coliseum, Challenger, Marina, Manzana, Yosemite, Jaguar, Bahia, Poseidon, Macc, etc.) y regularmente auditadas por la firma PricewaterhouseCoopers (PwC).
Si bien en los consejos administrativos de éstas constan varios nombres de directivos de Cerberus, hay dos que destacan por ser los más concurrentes: Gerardus Johannes Schipper y Francisco Juan Sancha Bermejo. Este último fue directivo del desaparecido Banco Popular, como director general del banco y responsable del Área de Negocio Inmobiliario y Transformación de Activos (NITA). De hecho, fue de los directivos que, pese a tener la quiebra a la vuelta de la esquina, todavía estuvieron cobrando beneficios de la entidad mientras las más de 300.000 familias afectadas por el Popular se asomaban a la ruina económica.
Este caso demuestra que la actual crisis habitacional protagonizada ahora por la burbuja de alquiler, ha sido provocada por los mismos que provocaron la anterior crisis hipotecaria, que siguen sin haber pagado por su nefasta gestión y que ahora pretenden seguir enriqueciéndose a costa de familias como la de Nancy. Por ello, ¡convocamos a todas las activistas de Barcelona y a los medios para denunciar estas prácticas especulativas, detener el desahucio y exigir que Cerberus cumpla con la ley!
Hasta ahora Promontoria no ha accedido a dar ninguna solución a las familias de la PAH, ni a Nancy. En la convocatoria habrá más familias afectadas por este fondo buitre.
PorPAH_BcnHoy hemos conocido un nuevo acuerdo entre Esquerra Republicana, EH Bildu y el Gobierno de España sobre la futura Ley para el Derecho a la Vivienda. En una rueda de prensa convocada de urgencia esta mañana, ambas formaciones han desgranado las modificaciones que han impulsado en el nuevo texto de acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y, según han aclarado los portavoces de ambos partidos, con la aprobación tanto del PSOE como de Unidas Podemos.
Nuestra valoración inicial −a falta de conocer con detalle el texto pactado− desde la PAH es la siguiente: el acuerdo anunciado hoy no cambia el hecho de que la futura ley sigue sin acabar con los desahucios de personas vulnerables que no tienen una alternativa habitacional. A pesar de las reclamaciones de los movimientos sociales para implementar medidas −como la obligatoriedad, para grandes propietarios, de ofrecer alquiler social a las familias que acrediten vulnerabilidad−, el proyecto de ley, a pesar del acuerdo, únicamente alarga los procesos de desalojo hasta los 2 años −lo cual se traduce en alargar la agonía para las familias afectadas− y solo obliga a los propietarios a someterse a una mediación, cuya resolución no tienen por qué respetar. Es decir: que grandes tenedores como bancos y fondos buitre podrán seguir desahuciando sin ningún tipo de obligación o penalización. Asimismo, nos preocupa que el nuevo acuerdo contemple el uso de los fondos del Plan Estatal de Vivienda para pagar los realojos de las familias desahuciadas o incluso alquileres sociales “bonificados”, lo que a la práctica consistirá en otro nuevo traspaso de dinero público a manos de grandes tenedores como bancos y fondos buitre, en vez de obligarlos a corresponsabilizarse de la actual emergencia habitacional y a movilizar sus viviendas vacías. El gobierno y los partidos tienen que aceptar el hecho de que en este país no hay vivienda pública y, por tanto, la Administración no tiene alternativas para aquellas familias que, por una razón u otra, no puedan procurarse una vivienda.
Además, lamentamos que las familias hipotecadas se hayan quedado fuera de este acuerdo y de la futura ley en general. El Euríbor ha cerrado el mes de marzo en un 3,67%, lo que implica subidas de hasta 300€ mensuales, y a nuestras asambleas ya han llegado algunas familias que han dejado de pagar o prevén que lo harán próximamente. Hasta ahora el gobierno solo ha tomado medidas cosméticas, como el mal llamado escudo social, o bien la reedición del acuerdo de buenas prácticas bancarias, cuya adhesión por parte de los bancos ni siquiera es obligatoria y cuyos supuestos de aplicación son irreales.
Otro hecho que nos preocupa es la falta de mecanismos para movilizar todas aquellas viviendas vacías y que siga sin abordarse el hecho de que tenemos una inmobiliaria pública, la Sareb, que el Gobierno ha dejado en manos de los fondos buitre y cuyo patrimonio está siendo vendido, en vez de poner todas esas viviendas a disposición de las comunidades autónomas y aumentar así el parque público de vivienda.
Por otra parte, desde la PAH reivindicamos aquellos pequeños avances que se han hecho en el proyecto de ley gracias a la presión de los movimientos sociales agrupados en la Iniciativa Ley Vivienda, como la prohibición de los desahucios con fecha abierta −una vulneración flagrante de derechos que suponía una auténtica tortura para las afectadas−, la rebaja de la definición “grandes propietarios” a quienes tienen 5 viviendas en vez de 10 y el blindaje de las competencias de las comunidades autónomas, que podrán seguir desarrollando leyes que ya han demostrado su eficacia a la hora de detener desahucios, y corresponsabilizar a bancos y fondos buitre gracias al alquiler social. Es el caso de la Ley Antidesahucios en Catalunya, que ha evitado entre 5.000 y 11.000 desahucios en el tiempo que ha estado en vigor y que actualmente ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el propio Gobierno; a falta de conocer los detalles, este anuncio abre la puerta a que medidas como la catalana tengan encaje en la legislación estatal y que por fin puedan demostrar su efectividad a medio y largo plazo.
En definitiva, si bien valoramos el hecho de que por fin se estén dando pasos para aprobar una ley que ya acumula unos retrasos insoportables debido a la cerrazón de partidos como el PSOE, entendemos que las medidas recogidas en el acuerdo anunciado por ERC y EH Bildu son manifiestamente insuficientes. Creemos que todavía queda mucho margen de mejora para que la futura Ley de Vivienda sea real y efectiva, y por ello exigimos a todos los partidos que en su día se comprometieron con los movimientos sociales, a que negocien más mejoras antes de otorgar su voto favorable a la Ley. Por nuestra parte, en los próximos días examinaremos detenidamente las medidas del nuevo acuerdo y daremos la información necesaria para evitar que se engañe a la población con discursos triunfalistas que no tienen efecto real en la vida de la ciudadanía.
